SR. PRESIDENTE (Infante) - Tiene la palabra el diputado Piedrafita.
Sr. PIEDRAFITA (ARI) - Señor presidente, sé que estamos convocados para considerar, aprobar o rechazar un decreto del Ejecutivo que tiene el mismo vicio que han tenido todos los de estas características: pretenden que ratifiquemos en esta Cámara, lo que es un combo enlatado.
El Poder ejecutivo se sienta, negocia, quita, pone, ratifica el convenio por un decreto y después lo manda a esta Cámara, en la cual no se le puede cambiar ni una coma.
Creo que es una corruptela legislativa la que estamos admitiendo. Si es un decreto, es un decreto; y si quiere que tenga ratificación legislativa que el Ejecutivo mande un proyecto de ley, o por el contrario que gire a la Legislatura la responsabilidad de sentarse a convenir con la empresa un convenio que luego se convierta en una ley. ¡Pero el decreto está acá!
Sé que ese es el objetivo y sé que eso es lo que hay que analizar, pero como buena parte de los compañeros de la Cámara se han incorporado el mes pasado me parece oportuno recordar los antecedentes de este emprendimiento minero.
Cuando se presentó Río Tinto -que era la empresa que empezó con el emprendimiento- las primeras palabras de una cartilla muy voluminosa que recibimos decían –y quiero que se retengan algunos de los términos- “…donde quiera que opera Río Tinto la salud y la seguridad son nuestra prioridad”. “Tratamos de contribuir al desarrollo sustentable; trabajamos de la forma más estrecha posible con nuestras comunidades anfitrionas, respetando sus costumbres y sus leyes; contratamos empleos locales y aseguramos una transferencia justa y equitativa de los beneficios
Ahí arrancó el proceso; se hizo la audiencia pública el 2 de noviembre del 2007, y muchas de las respuestas dadas por el proponente del proyecto presentaron serias debilidades en su sfundamentos, y ante muchas de las consultas que se hicieron en la audiencia, se limitaron a decir que ya estaban contestadas en el expediente. La participación ciudadana no fue fácil, porque en la evaluación de impacto ambiental el expediente tenía 4 mil fojas, de difícil abordaje para un ciudadano común, y aún para alguien que estuviera técnicamente preparado.
El resumen ejecutivo del proyecto no tuvo la calidad necesaria para que fuera sintético y claro a la vez.
En ese tiempo la empresa publicó páginas en los diarios donde se presentaba un importante nivel de detalle de los aspectos favorables pero pasaba por alto elementos indispensables para su justa valoración (caso de la montaña de sal o del consumo energético del yacimiento).
Fue muy importante el dictamen de la UTN, que observó la falta de numerosos planes de contingencia indispensables.
En ese tiempo una cantidad de organizaciones se opusieron al proyecto y exhortaron a no aprobarlo. Muchos de ellos hicieron objeciones desde el punto de vista ambiental, que incluso fueron reconocidas por la empresa: qué infiltraciones podrían producirse en esa meseta gigante de sal de 200 hectáreas y 50 metros de alto que va a quedar a perpetuidad en la base del depósito, más allá de la capa de arcilla y membrana de polietileno que deben colocar; la falta de cálculo sobre la sal que podría ser erosionada y transportada, y qué impacto podía tener sobre el ecosistema, la flora, la fauna, el agua, etcétera; la falta de análisis sobre la emisión de los gases de efecto invernadero, efecto que se minimizó argumentando que la operación de la planta requería la eficiencia máxima para conservar el calor. Yo no sé si todas las estufas, hornallas y calefactores de Mendoza, prendidos en un mismo punto de la Provincia no van a emitir calor, ¡qué raro!; No se tomaron previsiones para que las organizaciones civiles pudieran visitar y recorrer las instalaciones y efectuar controles sin necesidad de aviso previo; la empresa no comunicó la contratación de fondos de garantía que permitan desarrollar controles a perpetuidad o mitigar los posibles daños al ambiente durante los 100 años de actividad. Y me viene a la mente el caso del Golfo de México. También se pusieron objeciones sobre el tema del agua, que se aprobó por esta Cámara; 1000 litros por segundo; un camión con acoplado de 60000 litros por minuto; 1500 a 2000 camiones por día… y que se la cobramos barata. ¿Qué va a pasar con esa cantidad inmensa de agua luego de ser utilizada? Dicen que se va a evaporar en el proceso de secado. Es una cosa rara. El tránsito: un camión de 24 toneladas cada 6 minutos que va a salir, ida y vuelta, noche y día, durante 50 años para hacer los 100 kilómetros que va haber desde el yacimiento hasta donde va a partir el tren.
En ese momento reprendió una luz de alarma porque apareció en la declaración de impacto ambiental el consumo de gas natural: un millón de metros cúbicos por día, (exactamente 367,4 millones al año), es decir, una cantidad de gas igual al consumo residencial, más comercial, más entes oficiales de la provincia de Mendoza (que fue en el 2006 de 369 millones de metros cúbicos). Durante un mínimo de los 40 años previstos -podrían ser muchos más- se consumirían 14700 millones de metros cúbicos de gas, equivalentes al 26 por ciento de las reservas del yacimiento gasífero más grande de la Argentina (Loma de la Lata, que al 31/12/2007 acreditaba 55854 millones de metros cúbicos). ¿Cómo va a afectar a las reservas de gas? En 1981 el horizonte de reservas era de 48 años; actualmente se conocen reservas sólo para 8 años. La empresa se justificó diciendo que el precio más alto que pagaría por el gas traería más exploración y descubrimiento de recursos, pero no dijo, obvió, que se trata de un recurso siempre agotable y finito. ¿Y a cuánto lo va a pagar?. Nuestro gas es 3 veces más barato de que el que importamos de Bolivia; es 7 veces más barato que el que importamos de Trinidad Tobago con barcos que están anclados ante Bahía Blanca, porque hoy la Argentina no tiene autoabastecimiento de gas; también es mucho más barato que el que hemos importado en barcos desde Venezuela. Sería un disparate que el estado Nacional terminara comprando gas importado subsidiado, para terminar dándoselo a esta empresa brasilera.
Y creo que un análisis indispensable de todo este proceso, es el de haber comparado la intensidad energética de este proyecto con la de otras actividades productivas, y cuál era su relación con la creación del empleo generado y el valor agregado producido; esto no se hizo.
El consumo anual de electricidad no parece ser tan escandalosamente desproporcionado como el de gas, pero no es poca cosa. 318 Gwh -según la Secretaría de Energía-, lo que equivale al 39 por ciento del consumo residencial de Mendoza, que consumió 812 Gwh en el año 2005. ¿Para qué? Ya lo vamos a explicar.
Hoy hay quienes tratan de dar al proyecto un impulso definitivo, porque dicen: bueno, ya les dimos el agua, ya tienen la declaración de impacto ambiental… Nos equivocamos, pero ya no podemos volver atrás. Pero hoy le estamos dando un empujón definitivo, y que nadie diga que no lo sabía al momento de votar y luego se arrepienta.
Un impulso, o empujón definitivo a este proyecto, porque el 6 de marzo del 2008, el gerente de la empresa anglo-australiana Río Tinto (Kevin Fox) aseguró que antes de conseguir “financiamiento”, “debemos resolver si contamos con suficiente energía y estabilidad fiscal duradera”. Expresó: “Necesitamos grandes cantidades de gas y energía y por el momento no tenemos una solución para esta situación. Necesitamos asegurarnos una provisión energética de largo plazo y esto es muy difícil de lograr en Argentina en las actuales condiciones”. Marzo del 2008… ¿Qué cambió para que hoy se lo demos?.
Para crear 300, 400, 500 empleos vamos a gastar la misma cantidad de energía que la que utiliza la industria mendocina para dar trabajo a 16 mil personas. ¡500 a 16 mil!, con más valor agregado, con más diversificación de productos. Antes de aprobar este convenio es de suma importancia que la empresa confirme qué reservas de gas u otra fuente de energía calórica va a utilizar como consumo durante cuarenta, sesenta u ochenta años que va a durar la explotación.
¡Yo no entiendo más nada!: por ahí discutimos durante años en la provincia de Mendoza una ley, como fue la de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y luego aprobamos un proyecto que condiciona fuertemente la diversidad productiva, la matriz productiva de la provincia de Mendoza, y viola en forma flagrante esa Ley 8051. ¿Para qué discutimos esa ley durante años si después vamos a disponer que una empresa que crea 500 empleos pueda utilizar el mismo gas y la mitad, o cerca de la mitad de energía de Mendoza? ¡Bueno, muchachos, estamos sancionando y discutiendo leyes al cuete!
El convenio es difuso; todo es difuso; la empresa se compromete a ejecutar un “plan de obra” cuyo listado no se conoce; se habla de “distribución equilibrada de recursos”, se habla “según las necesidades de la comunidad”; en la mano de obra, “un régimen que tienda a priorizar” y que tendría como objetivo se llegar al 75 por ciento de mano de obra local; la facturación por la operación se va a cobrar según declaración jurada de lo que facture, pero no se dice si acá, en Bahía Blanca, en Brasil; ¿quién lo va a controlar?, ¿qué seguridad vamos a tener nosotros si estamos cobrando?. El “compre mendocino” tampoco tiene condiciones para su cumplimiento, porque para esto debería establecerse la igualdad, pero Potasio Río Colorado está a 700 kilómetros de Mendoza; está a 270 kilómetros de Malargüe por huella en mal estado. Si no establecemos condiciones de igualdad, obviamente van a comprar todos en otras localidades de provincias cercanas, pero no van a hacer 700 kilómetros, porque tampoco es la norma obligatoria, taxativa, ni tiene ningún tipo de sanción.
Entonces, ¡es una declaración de buena voluntad! Pero estamos avanzando en darles grandes ventajas y renunciando la Provincia a potestades que le son propias. Por ejemplo, con la energía eléctrica. En la audiencia pública del ENRE, donde se solicitaba una línea de alta tensión que una la línea Comahue-Cuyo con el yacimiento, Patricia Martínez, Subsecretaria de Servicios Públicos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la provincia de Mendoza, dijo: “la Provincia de Mendoza solicita al ENRE que otorgue certificado de conveniencia y necesidad”. El que solicita, reconoce autoridad en otro; le reconoce la posibilidad de otorgar o no otorgar. Y también solicitó que se respetara el principio de libre acceso, una vez construida la obra mencionada, porque necesitamos energía para continuar con Pehuenche y Portezuelo del Viento. Pero el convenio dice que la energía la va a utilizar VALE en este emprendimiento u otros emprendimientos mineros o industriales de la empresa, y la excedencia podrá ser solicitada por Mendoza. Estamos dando una ventaja extrema a la Nación y a la empresa.
Y no quiero entrar en el punto que me parece un desatino, que es que Mendoza o la Argentina no hayan reservado una parte de potasio a precio preferencial o a precio mínimo para atender las necesidades de la agricultura en la Argentina, porque Brasil lo necesita para enriquecer suelos, que la soja agota… Y entonces, ¿Saben qué?, en diez, quince, veinte años nos va a ser indispensable, y les vamos a suministrar un elemento que no hemos reservado para nosotros, dándole mucho mejores condiciones de competitividad a nuestros vecinos brasileros.
Y vuelvo al gas porque es lo más escandaloso. Fíjese: un millón de metros cúbicos/día de gas o 367 millones de metros cúbicos/año, equivale a lo que la Presidenta Cristina de Kirchner quiso infructuosamente negociar con Brasil a comienzo del 2008. Le pidió a Brasil que cediera un millón de metros cúbicos de su importación de Bolivia y que en vez de 4 millones de metros cúbicos, comprara 3 y nos cediera ese millón de metros cúbicos. Lo mismo que le vamos a dar a Potasio; se negociaba entre la Presidenta y Lula, y Brasil, obviamente, nos dijo que no nos iba a ceder ese millón de metros cúbicos de producción de Bolivia… Y nosotros se lo damos ahora a VALE, empresa brasilera.
Ahora… Se ha dicho mucho acá de que el interés lo tenemos nosotros –Mendoza y, en particular, Malargüe- y no la empresa. No, esto es mentira. ¿Para qué quiere este convenio VALE? Para nada de lo que se ha dicho acá, a mi juicio.
Si nosotros leemos el Decreto 2115 vemos que las obligaciones de la Provincia son 3: lograr la declaración del proyecto como de “interés provincial” (ojo), obtener la línea de alta tensión entre el yacimiento y la línea Comahue-Cuyo, y algo muy sugestivo: asegurar el pacífico y pleno aprovechamiento del cloruro de potasio existente.
Y esto porque no les alcanza el “paquete” de leyes sancionadas a partir de 1993, (la más importante de todas es la 24196 –Ley de Inversiones Mineras-) que otorga extraordinarios beneficios e incentivos fiscales a las empresas transnacionales y estabilidad fiscal por 30 años.
No les alcanza con la estabilidad fiscal desde que el inversor presenta el estudio de factibilidad, comprendiendo impuestos directos, tasas, contribuciones, derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación.
No les alcanza con la deducción del 100 por ciento del pago del impuesto a las ganancias por inversiones en prospección, exploración, estudios de suelo, ensayos, etcétera.
No les alcanza con la amortización para inversiones de capital.
No les alcanza con la exención del impuesto a las ganancias respecto a los derechos mineros y aportes de minas como capital social.
No les alcanza con el financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital, inversión y obras de infraestructura física.
No les alcanza con la exención al pago de la ley de sellos, cuando el concesionario emite acciones para ampliación de capital.
No les alcanza con la exención del pago de derecho por importación u otros tributos por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios.
No les alcanza con la exención al pago de impuesto sobre los activos.
No les alcanza con la exención al pago del impuesto al cheque.
No les alcanza con la exención al pago del impuesto a los combustibles líquidos.
No les alcanza con la limitación de las regalías a la Provincia en un tres por ciento.
No les alcanza con obtener una facturación de mil millones de dólares anuales, y quiere decir que si se cumpliera la predicción del diputado Montenegro de que el yacimiento va a durar 100 años, ¡¡¡la facturación va a ser igual a la deuda externa Argentina!!!.
¡¡¡¿¿¿Y nosotros le pedimos 50 millones de pesos???!!!. Si se obtuvo el agua y se obtuvo la declaración de impacto ambiental, ¡que la Argentina haga valer lo que vale la energía, que haga valer lo que significa llevarse la cuarta parte del mayor yacimiento yasífero del país, que haga valer lo que vale la energía eléctrica, porque no nos sobra y en algunas épocas nos falta, porque hay empresas que hoy tienen los servicios de gas cortados y no pueden producir, como la metalmecánica! ¡Y ni hablar de los niños y viejos que vemos llevar la garrafa al hombro después de pelear en una comisaría por conseguirla!
¡¡¡¿¿¿Qué país somos, por qué no defendemos lo que nos corresponde???!!!
Y el convenio nos dice que podremos hacer uso de la sal… ¡eso es una burla!
¿Saben por qué quieren la declaración de interés provincial?
Primero porque quieren que le demos una certificación de inmunidad a esa empresa que va a estar cien años. La declaración de Interés Provincial está prevista en la Ley 5961, que dice: “Decláranse de interés provincial las acciones y actividades destinadas a la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente urbano agropecuario y natural, siendo sus normas de orden público, obligatorias sí o sí”.
Y en su artículo 3º-Inciso 1 aclara que comprende el ordenamiento territorial, la planificación de los procesos de urbanización, poblamiento, industrialización, exploración minera, etc.
Para que se le otorgue, tiene que reunir ciertos requisitos. El primero es que sea un desarrollo sustentable, tal cual está expresado en el principio tres de la Declaración de Río de 1992, que dice que es desarrollo sustentable “aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Para mí este no es un desarrollo sustentable y no quiero que se declare de interés provincial.
Segundo es que sea un aporte al equilibrio ecológico. Si después de lo que dije sobre el consumo de gas, la energía, las pilas de sal, etcétera, ustedes creen que es un aporte al equilibrio ecológico, yo me estoy volviendo loco.
Tampoco el beneficio económico es significativo para la Provincia, como bien se ha señalado ya, cuando comparamos cuánto empleo se puede generar en la Provincia con los mismos recursos.
Si avanzáramos hoy y le diéramos la declaración de interés provincial, le daríamos una suerte de coraza legal para evitar cualquier reclamo que se quiera hacer en diez, veinte o treinta años, y por eso dicen que les tenemos que asegurar el uso pacífico y sostenido del potasio.
Por último, si les damos esta declaración de Interés Provincial van a conseguir algo más interesante, mucho más interesante, que es que van a poder ser incluidos en lo que internacionalmente se denominan los “Principios de Ecuador” (ojo), que tienen su origen en una iniciativa de la Corporación Financiera Internacional (CFI), que es una de las agencias del Banco Mundial, por los cuales se deben tomar en consideración los riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que financie en los países en desarrollo el Banco Mundial, y por lo tanto conceder créditos sólo a aquellos proyectos que acrediten la adecuada gestión de los impactos sociales medioambientales.
¡¡¡¿¿¿Hoy estamos acreditando la adecuada gestión de VALE???!!!... ¿Antes de que empiece a operar? Esperen cinco o diez años para declararlo de interés provincial, no va a pasar nada, no le va a pasar nada a Malargüe. Que en vez de darle Jaque 28 millones a los productores morosos, sobre muchos de los cuales tenemos dudas, que lo ayude al Intendente de Malargüe si está al borde la ruina.
Al declarar de interés provincial al proyecto le estamos dando a VALE la llave de los 3 mil millones de dólares de financiamiento con los cuales va a iniciar el proyecto.
¡¡¡No quiero declararlo de interés provincial... ni quiero dejar en una ley que apoyamos al gobierno para que le dé la declaración de Interés Provincial!!!
Dicen estas normas del Principio de Ecuador, que los proyectos tienen que reunir varias condiciones: desarrollo sustentable (satisfacer las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades), inversión socialmente responsable (que tiene como objetivo dirigir el capital a compañías cuyas actividades generen actividad y beneficio económico, pero que a su vez aseguren y estimulen la protección del medio ambiente y promuevan el bienestar social). Esto es lo que busca la declaración de interés provincial que nosotros vamos a dar o impulsar desde la Cámara.
Dice –fíjense que interesante- uno de los responsable del City Group, grupo de bancos que junto al Royal Bank of Canada, el Crédit Lyonnaise, etcétera, respaldan ésta Corporación Financiera Internacional: “si uno financia algo que es sucio o daña a la gente, es probable que el Gobierno anfitrión o la gente local interferirá o incluso se lo quitará”; y sigue diciendo: “el riesgo ambiental y social es un componente importante del riesgo financiero(…)muchas operaciones cotidianas de los bancos se pueden ver afectadas por tal tipo de riesgo, al no evaluar estas cuestiones los bancos asumen riesgos que no conocen…” Pero nosotros estamos haciendo esas evaluaciones, y le damos esas garantías a los organismos de crédito con esta Ley que vamos a aprobar hoy; porque le estamos diciendo que lo vamos a declarar de interés provincial, impulsando que tengan energía, que van a contar con la luz y el gas, que le vamos a asegurar el uso y goce pacífico durante los 40 o 100 años que dure la extracción.
No es poca cosa, y esto es lo que a mí me llama a tomar la decisión de votar en contra de esto. Que se siente de nuevo el Gobernador con la empresa, que se siente una Comisión Legislativa, esperemos un tiempo, si hay 40, 100 años para esperar, ¿Por qué lo tenemos que declarar de interés provincial hoy? ¿Por qué tenemos que garantizar que es un desarrollo sustentable? ¿Por qué tenemos que declarar hoy -por 50 millones de pesos mugrientos- que es una empresa comprometida socialmente? ¿Por qué?
No creo que sea la oportunidad y comparto con Montenegro que si vamos a hacer minería que tiene riesgo, no digo cambiar ambiente por dinero, pero sí defender muy bien los intereses de la Argentina y de Mendoza.
Creo que en este caso no se están defendiendo, ni por el Gobierno nacional ni el provincial. Este es uno de los puntos que más me separa del Gobierno nacional.
Cuando vi la foto de la presidenta con los directivos de la Barrick Gold -que fueron los que impulsaron el veto a la ley de glaciares-, asegurándoles la estabilidad fiscal, garantías, inequidades e injusticias que tiene el régimen minero, me sentí muy mal.
Se puede hacer minería, pero enriqueciendo y no empobreciendo a los pueblos. Vayan al Norte, vayan a San Juan y vean si crecieron esas comunidades y mejoraron tanto como dicen. Gioja tuvo una frase despectiva con los mendocinos cuando dijo que: “no se desarrollaba la minería porque no teníamos pelotas.”; la verdad que a mí cómo tenemos las pelotas me importa un rábano, lo que me importa es como tenemos el cerebro y el corazón, y lo tenemos bien; porque cuando dictamos la ley 7722 y prohibimos el cianuro nos adelantamos 2 o 3 años a la decisión de la comunidad europea, de la eurozona, que después dictó una resolución bastante parecida a la 7722, porque aún con todos los controles que ustedes me quieran decir del primer mundo, prohibieron la minería metalífera a cielo abierto con el uso del cianuro.
No tenemos mal el cerebro ni el corazón, yo sé que algún día van a venir los sanjuaninos, como pronto van a venir los de Jachal que cosechan las cebollas negras, que no pueden tomar agua. Van a venir a Mendoza porque nosotros al igual que ellos tampoco tenemos condiciones geológicas y geográficas para explotar la minería, y cierto tipo de minería, porque dependemos de hilos de agua como el río Mendoza, para tan solo poder vivir, para el consumo humano. Pero vamos a cuidar el agua mucho mejor que ellos.
Creo que nos adelantamos a los tiempos, no hemos seguido el ejemplo de otras provincias que se han subido al tanque de agua y han echado un frasco de gamexane… y lo van a sufrir las próximas generaciones.
Para terminar, le voy hacer un obsequio al presidente de la Bancada Justicialista, él sabe que lo aprecio mucho, y le va a gustar guardarlo: la tabla periódica de los elementos que fue desarrollada por Dimitry Mandeleyev en 1869 y en ella -como una ironía del destino- figura el potasio como un elemento químico de la tabla periódica cuyo símbolo es la “K”... (risas y aplausos)... del latín kalium, que significa “ceniza de planta”, y cuyo número atómico es el 19 (juéguelo a la quiniela tranquilo).
Y agrega la enciclopedia al final la definición: “precauciones: el potasio sólido reacciona violentamente con el agua, más incluso que el sodio, por lo que ha de ser conservado inmerso en el líquido apropiado, como aceite o kerosene”.
Le dejo a mi amigo Carmona que dilucide como va a hacer para mantener en aceite o kerosene un camión cada 6 minutos y le entrego la tabla periódica de los elementos.
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Asamblea Popular por el Agua
CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN
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ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA - AMPAP -
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