CHAU SAN JORGE!!!!!!!!

sábado, 16 de febrero de 2008

Mendoza minera: atenti con esto... ¿y los funcionarios de ambiente?

Enviado por: "Federico Soria" fsorias@yahoo.com.ar fsorias

Vie, 15 de Feb, 2008 8:48 am

Y las autoridades de aplicación de estas leyes... bien gracias, seguramente les dijeron "vení después del postre" o "seguí participando" o directamente nada, porque no deben haber movido un pelo. La verdad es que con este gobierno están haciendo el triste papel de "muñeco de torta"
Acaso los mismos de siempre están buscando modificar la legislación ambiental para allanarle el camino a los mineros? Parece que están dispuestos a todo, a no distraerse...
F.S.
Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/31204
Profundizarán conocimientos para actualizar legislación ambiental
Miembros de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias se reunieron con el presidente del Ente Nacional de Energía Nuclear, Raúl Racana, para tomar conocimiento de las acciones en Mendoza en relación con la energía nuclear. Los estudios se realizan en función de encarar la actualización y produción de nueva legislación ambiental.
Miembros de la Comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias se reunieron con el presidente del Ente Nacional de Energía Nuclear, Raúl Racana, con el propósito de tomar conocimiento respecto de las acciones que se llevan a cabo en Mendoza en relación a la energía nuclear. Esta preocupación se enmarca en la necesidad de profundizar información y conocimientos para encarar la actualización o producir nueva legislación ambiental.
El Ente tiene como objetivo principal establecer, desarrollar y aplicar un régimen regulatorio para todas las actividades nucleares que se realicen en la República Argentina. La energía nuclear se utiliza, entre otras, en áreas de salud, producción, radiología y minería.
La reunión estuvo presidida por el titular de la Comisión legislativo, Roberto Pradines (PD) acompañado por el secretario y autor de la iniciativa Raúl Millán (PJ) y los justicialistas Alberto Recabarren, Nidia Martini y Luis Orbelli; el demócrata Eugenio Dalla Cía, la radical Liliana Vietti y, por la Concertación Ciudadana, Daniel Ortiz, Santiago Cazzoli, Alejando Molero y Amalia Monserrat.
También participaron funcionarios del Ministerio de Salud; de la Subsecretaría de Minería, Energía e Hidrocarburos y del ISCAMEN.
El interés central de los diputados apuntó al desarrollo de la minería, la no contaminación, el resguardo de la vida y, primordialmente, del agua como elemento vital para el hombre y su producción económica para sostenerse.
En este primer contacto con el Ente aludido se volcaron todos los interrogantes que serán respondidos por el mismo, y otros organismos que se convoquen a continuación, a medida que la elaboración de instrumentos legislativos lo requieran. Como también para el control en la aplicación posterior de las leyes.
En el encuentro se abarcaron dos aspectos fundamentales: el aspecto técnico para desarrollar energía nuclear y el humano en relación al temor que produce en la comunidad la presunción de riesgo sobre la salud por sus posibles efectos contaminantes. El organismo se puso a disposición de los legisladores para proporcionar conocimientos en ambos sentidos. Consideraron que son más difíciles de vencer los conflictos que se producen en la comunidad por temor, que las precauciones de deben asumirse para que tanto esta actividad como la minera no produzca contaminación.
El aporte técnico será acompañado por las recomendaciones indispensables para producir un cambio cultural en la población, para aceptar los avances que la ciencia determine.

jueves, 14 de febrero de 2008

Temen que el río Colorado se contamine por una gran mina


UN MEGAPROYECTO PARA EXTRAER POTASIO EN EL SUR DE MENDOZA

Un comité formado por cinco provincias cuestiona el destino de los residuos.
Por: Daniel Gutman

VISTA AEREA. LA EMPRESA DICE QUE ES "AMIGABLE CON EL MEDIOAMBIENTE".
Un gigantesco proyecto minero de una compañía anglo-australiana, que se desarrollaría en el extremo sur de Mendoza, a orillas del río Colorado, encendió la alarma en otras provincias, que temen por sus efectos ambientales.La minera Río Tinto prevé invertir unos 900 millones de dólares para extraer de la zona cloruro de potasio, un mineral que es un nutriente para las plantas y es utilizado como fertilizante en agricultura. Con las 2,4 millones de toneladas anuales que produciría Río Tinto, la Argentina se convertiría en el quinto productor mundial de potasio y el primero de Sudamérica.En momentos en que en el país hay debate por la minería metalífera a cielo abierto, con utilización de cianuro y otras sustancias tóxicas, Río Tinto presentó su proyecto como amigable con el medio ambiente, ya que se extraerá el mineral por intermedio de pozos, sin utilización de químicos.Sin embargo, por cada tonelada de potasio que se extrae de la tierra, también saldrá 1,21 toneladas de cloruro de sodio (sal), según el informe de impacto ambiental presentado por la empresa, cuyo resumen puede leerse en su página de Internet.
Esa sal no será comercializada, sino que será depositada, como residuo, cerca del río. El Colorado es un río de más de 1.000 kilómetros de largo, que nace en Los Andes y desemboca en Océano Atlántico. Mendoza lo comparte con las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, donde es utilizado como fuente de agua potable y riego.Esto generó un duro cuestionamiento el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), un organismo encargado de proteger los recursos de la cuenca, donde están preocupadas las cinco provincias y la Nación, que le advirtió a Mendoza que será responsable del eventual daño ambiental que genere la actividad minera. El organismo está poniendo al tanto del conflicto por estos días a las Secretarías de Ambiente y Minería y otras dependencias del Gobierno Nacional, según confirmó a Clarín el presidente del COIRCO, Miguel Boyero.De acuerdo a un informe técnico de ese organismo, al final de los 40 años de vida útil de la mina, la pila de sal descartada ocupará una superficie de 210 hectáreas, con una altura de 50 metros. Esto pondría en riesgo -siempre según el COIRCO- la actividad productiva de más de 150.000 hectáreas que utilizan el agua del río para riego y la provisión de agua potable de unas 300.000 personas, fundamentalmente de La Pampa. También obligaría a reconsiderar el abastecimiento de agua potable a Bahía Blanca, planteado con un acueducto desde el río Colorado.Como alternativa, a la empresa se le planteó que vuelva inyectar la sal en la tierra, por los mismos pozos que se utilizarán para extraer el potasio. Clarín intentó contactar a la minera pero, si bien primero aseguraron que responderían, finalmente optaron por el silencio."Si bien la empresa propone encapsular el depósito de sal, esto de ninguna manera ofrece garantías ante eventuales tormentas o sismos. Sería un pasivo ambiental muy grande que compromete a otras provincias", dijo Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, quien se presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente mendocina para reclamar que el proyecto no sea aprobado.

FUENTE: DIARIO CLARIN

martes, 12 de febrero de 2008

DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE MENDOZA

Dependiente A.A.G. – Personería jurídica 86/88

IMPUNIDAD, CORRUPCIÓN Y DELITOS AMBIENTALES

Organismos no gubernamentales de nuestro país como: la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Pacto Verde –por mencionar alguna de Tucumán- y tantas otras no dudan en afirmar que el derecho al ambiente sano que impone el art. 41 de la Constitución Nacional es un derecho humano esenciales. El punto es saber si este derecho está debidamente protegido en nuestra legislación nacional, provincial y municipal. Y en caso de obtener una respuesta afirmativa verificar si es aplicada por la Administración Pública y los jueces competentes para el caso.

Desde ya que si la protección es directamente proporcional a la profusión de normas ambientales cualquier extranjero no dudaría en afirmar que los ciudadanos argentinos tienen leyes y decretos de sobra. Pero a poco que investigue se dará cuenta que entre ellas se contradicen, se superponen, y en el mejor de los casos, pasan al olvido.

Los hechos nos dicen lo contrario. Vivimos en regiones con índices muy altos de contaminación y al parecer son pocos los que se dan por enterados. La falla está en el “enforcement” , en la aplicación y cumplimiento de esas normas como bien lo señala Daniel Taillant en su obra “Derechos Humanos y Ambiente en la República Argentina”.

Ante esa falta de aplicación es que el legislador nacional se ve obligado en la década pasada a sancionar con el máximo rigor a quienes contaminan. Es que incluso el propio Estado había dejado de ser garante de la dignidad humana. Así nace la ley 24.051 conocida como de Residuos Peligrosos y que contiene un capítulo penal con penas de prisión tanto para los delitos ambientales dolosos como culposos.

A quince años de aquella ley hay sólo dos sentencias de condena y no mas de doscientas causas iniciadas en todo el país por infringir los artículos 55 y 56 de la mencionada ley federal. Y aquí los términos cambian. Ya no hay una falla en el “enforcement”, hay impunidad. Porque no es que se ha dejado de contaminar, al contrario, en actividades industriales tales como la minería los índices de contaminación se han cuadriplicado. ¿Qué falla? Déjenme ensayar algunas respuestas que en mi modesta opinión afectan este marcado déficit.

1) El acceso a la justicia tiene obstáculos insalvables para la mayoría de la población. Por lo general no se sabe que existen los delitos de contaminación ambiental y es habitual encontrar en las periódicas conferencias que hacemos caras de asombro ante la novedad. Hay que crear una verdadera idea de justiciabilidad posible ante estos hechos.

2) El Gobierno de turno gravemente perjudicado por las inversiones que debe hacer en materia de salud pública para contrarrestar los efectos de la contaminación asume tres conductas:

A) Hay veces que ignora el proceso penal cuando bien podría presentarse como querellante con el objeto de resarcirse por la pérdida patrimonial que implica acrecentar el presupuesto de los hospitales.

B) Sus funcionarios evitan denunciar los delitos ambientales a pesar de que el artículo 277 del Código Penal reprime este tipo de conductas con penas de hasta tres años de prisión.

C) Asume un rol cómplice autorizando expresamente la contaminación, en el orden provincial y municipal, con índices superiores a los permitidos en el orden federal aduciendo que estos delincuentes de “guante verde” ofrecen fuentes de trabajo que no pueden despreciarse. Es así que proliferan resoluciones y planes de “producción limpia”, y si no fuera suficiente, visitan despachos judiciales abogando por los imputados y procesados.

3) Desde el Poder Judicial se suma que no son muchos los jueces federales que advierten la importancia que tienen este tipo de delitos. Por caso se privilegia la lucha contra el narcotráfico sin advertir que el universo de ciudadanos afectados por los delitos ambientales es mucho mayor que una tenencia de estupefacientes prevista por la ley 23.737.

Ello sin considerar las presiones a la que se somete un magistrado cuando atiende una causa donde está en juego miles de millones de pesos de inversión económica o la misma paz social como ocurre en el caso de las pasteras de Fray Bentos.

4) El deslinde de las competencias de cada juez sea federal o provincial -que se trata en este mismo ejemplar en cuadro aparte- paraliza el trámite y las pocas causas que se inician terminan declarándose la prescripción de la acción penal.

En definitiva y parafraseando los dicho por la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION para combatir la contaminación ambiental es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad. Para ello tenemos que estar “decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.” (Ley 24.759).

Dr. Antonio Gustavo Gómez

Fiscal General de la Cámara Federal de Tucumán

San Miguel de Tucumán 1/12/2007

Me permito agregar al importante artículo que ha tenido la gentileza de enviarme el Sr. Fiscal General, el texto del Art. 277 del Código Penal, para que lo tengan muy presente al momento de denunciar. Espero que les sea muy útil. ¡Unidos somos más!

Eduardo Vaqués Correa

Art. 277: 1) Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado:

a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta.

b) Ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer.

c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito.

d) No denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole.

e) Asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.

2) La escala penal será aumentada al doble de su mínimo y máximo, cuando:

a) El hecho precedente fuera un delito especialmente grave, siendo tal aquél cuya pena mínima fuera superior a tres (3) años de prisión.

b) El autor actuare con ánimo de lucro.

c) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de hechos de encubrimiento.

La agravación de la escala penal prevista en este inciso sólo operará una vez, aun cuando concurrieren más de una de sus circunstancias calificantes. En este caso, el tribunal podrá tomar en cuenta la pluralidad de causales al individualizar la pena.

3) Están exentos de responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud. La exención no rige respecto de los casos del inciso 1, e, y del inciso 2,b. (Nota: texto conforme ley Nº 25.246)

Les agradezco mucho redifundir esta nota, comentarla, profundizarla, y aplicarla!!

Un abrazo fraterno

Eduardo Vaqués Correa

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Sede:Valdivieso nº10.620 Puente de Hierro-Corralitos Guaymallén Mendoza Argentina

Domicilio Legal: Victoria 838 -5521- Villa Nueva Guaymallén Mendoza Argentina

Telefax: 0261 4213778 – Celular 0261 156 678 030.

jueves, 7 de febrero de 2008

AFICHE POTASIO RIO COLORADO


FOLLETO POTASIO RIO COLORADO


CONTRA LA CONTAMINACIÓN Y EL SAQUEO

- En Argentina hay RESERVAS de GAS probadas para sólo 8 AÑOS, pero si autorizaran la mina Potasio Río Colorado en el sur de Malargüe, de la empresa Rio Tinto, consumiría tanto GAS COMO TODAS las viviendas, negocios, oficinas, escuelas y hospitales DE TODA LA PROVINCIA
- Para crear 386 EMPLEOS en Mendoza, la mina gastaría la misma cantidad de ENERGÍA que la industria mendocina utiliza para dar trabajo a 16.100 OBREROS
- Los INGRESOS para el estado provincial y los trabajadores serían ÍNFIMOS comparados con siderales GANANCIAS que partirían a Inglaterra y Australia
- Dejaría PARA SIEMPRE un residuo de SAL de 210 hectáreas por 40 a 50 m de altura (como el área desde Av. Colón y Arístides Villanueva hasta Las Heras y J.B.Justo, y desde San Juan hasta Boulogne Sur Mer, cubierta de sal hasta la altura de un edificio de 14 pisos)
- Aunque la empresa lo niegue, la sal de ese depósito podría CONTAMINAR el río Colorado, que se utiliza aguas abajo para riego y consumo humano en La Pampa, Río Negro y Buenos Aires.
- A pesar de que 4 organismos estatales dictaminaron contra ese depósito, el gobierno podría autorizar de un momento a otro que empiece esa explotación
Por estos motivos principales, LE DECIMOS
NO a POTASIO RÍO COLORADO
¿ Y VOS, TE PRENDÉS ?
Asamblea Popular del Gran Mendoza por el Agua
Asamblea Mendocina Por el Agua Pura (AMPAP)
Unión de Asambleas Ciudadanasasambleaporelagua@gmail.com
www.poraguapura.com.ar
www.noalamina.org

martes, 5 de febrero de 2008

Los malayos ahora copan San Carlos


El grupo Anglo-malayo "Nieves de Mendoza" expande su imperio. Ya tienen 600.000 hectareas en Malargüe, (las areas protegidas de la provincia en ese departamento suman menos de 250.000), ahora desembarcan en San Carlos, donde también han empezado con el sucio trabajo de echar a los pobladores...

http://www.diariosanrafael.com.ar/17405

Puesteros denunciaron cierre de caminos de servidumbre

El responsable del Plan Arraigo confirmó que varios puesteros corren riesgo de perder los animales porque les han cerrado el camino a las aguadas. Sus hijos tendrán dificultades para ir a la escuela albergue de La Jaula, ya que han bloqueado los pasos con tranqueras remachadas

Las tierras ubicadas en la zona precordillerana son otra vez noticia tras la denuncia efectuada por puesteros de la región que acusan al grupo inversor malayo que compró cientos de miles de hectáreas en Malargüe de avanzar sobre sus pasturas.

Según los crianceros de esa zona, tras comprar miles de hectáreas más los malayos alambraron la zona, dejando sus animales adentro de los campos, y cerrando con esta maniobra los caminos de servidumbre, como se conoce a las huellas que transitan desde tiempos inmemoriales los habitantes del lugar.

La información fue confirmada a nuestro diario por Angel Martínez, responsable del Plan Arraigo de la Municipalidad local, quien informo que el problema "no viene de ahora, aunque esas huellas, que así figuran en los planos de Vialidad Provincial, no se pueden usar porque han colocado tranqueras a las que han remachado para que nadie pueda abrirlas, cuando en estos casos está prohibida la instalación de tranqueras y solo pueden instalar guarda ganados para que los animales no salgan de los campos, pero eso no se cumple".

Agregó Martínez que "más allá de que hayan comprado esas tierras, deben dejar libres los caminos ganaderos, como en este caso los de servidumbre. A esto tenemos que agregar que han alambrado una gran cantidad de terrenos y han perjudicado a muchas personas, como a la señora de Vargas cuyo marido falleció hace un tiempo, a la que le han quedado animales dentro de las parcelas de los malayos. Esta mujer ha hecho varias denuncias pero hasta ahora nadie le ha dado una respuesta".

Más adelante, Martínez señalo que "al cortar estos caminos, los pobladores deben dar un gran rodeo para salir de sus propiedades, esto perjudicara mucho a los niños que concurren a la escuelita albergue del paraje Las Jaulas, dentro del departamento de San Carlos, pero donde van los hijos de muchos puesteros sanrafaelinos. Nosotros también denunciamos estas anomalías, esperando que el nuevo gobierno provincial tome cartas en el problema que afecta a mucha gente que vive hace decenas de años en la zona".

Martínez puntualizó que, incluso, "han alambrado las tierras linderas con el cerro El Diamante, que son fiscales y pertenecen a la provincia, y no hay un interlocutor al que podamos dirigirnos. Solo conocemos a un abogado y un agrimensor que son, al parecer, representantes de la empresa extranjera. Muchos puesteros tenían sus aguadas dentro de las tierras que hoy han alambrado, en zonas ubicadas al oeste, el norte y sudeste del río Diamante", dijo el funcionario.

http://www.diariosanrafael.com.ar/index.php?portada=442

MAPA AMBIENTAL MINERO

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