Con el aval de Pérez, el presidente de Diputados quiere una ley complementaria a la de Suelo que zonifique todas las actividades.
Edición Impresa: martes, 10 de abril de 2012Daniel Peralta -dperalta@losandes.com.ar
El PJ busca un camino político para debatir la minería, pero sacándosela de encima al gobernador Francisco Pérez. Así es que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, salió ayer a plantear la necesidad de sancionar una ley complementaria a la de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial que determine una zonificación para el desarrollo de distintas actividades económicas, entre ellas la minería. Esa norma, de acuerdo al esquema pensado por Tanús, debería ser escrita por técnicos de las universidades asentadas en Mendoza, para sacar a la política de la discusión.
Hasta acá parece una idea de un diputado solitario. Pero el propio protagonista cuenta que lo ha hablado con el Primer Mandatario y con el vicegobernador Carlos Ciurca. La pregunta es por qué una propuesta como ésta y por qué no fue anunciada por el propio Gobernador.
Tanús habla de una “Ley de Uso de Suelos fase dos”, en la que quede claramente determinado dónde se puede hacer cada tipo de explotación sosteniendo, además, los marcos legales vigentes: las leyes 5.961 y 7.722. “Tiene que ser una ley complementaria a la 8.051” dice el diputado del PJ.
Lo curioso es que el artículo 15 de la propia ley 8.051 (la de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial) habla de una zonificación de actividades y esta zonificación debería salir del Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza, que ya debería estar listo y en plena aplicación (ver aparte). El problema es que este plan estratégico, de acuerdo al artículo 20 de la ley, debe realizarlo el Poder Ejecutivo y eso es lo que quiere evitar la propuesta Tanús.
A nadie escapa el karma de Pérez y su empeño por negar un supuesto vínculo como abogado con empresas mineras. Sacar la discusión del Ejecutivo es imperioso para no quedar pegados. Es aquí donde adquiere sentido la propuesta de Tanús, hecha por él mismo.
Los corrillos legislativos hablan de que la idea es colocar el debate por la minería en el territorio de organizaciones sin mancha social, que no despierten sospechas ni sean acusadas de defender los intereses de las empresas mineras.
Y por otro lado, sacar la discusión minera de la interna justicialista, con intendentes que avalan la actividad minera y otros que no, de acuerdo a la realidad de sus departamentos.
“Tenemos que hacer lo mismo que con la Ley de Uso de Suelos. Dejarla en manos de organizaciones de perfil académico y técnico que nos digan claramente dónde hacer cada cosa. Sólo así fue posible aprobar esa ley después de 20 años”, reflexiona Tanús.
Sin embargo, a nadie se le escapa que es posible mandar a hacer el plan estratégico de desarrollo de Mendoza a las universidades, plan que debe pasar luego por ratificación legislativa tal como lo establece el artículo 20 de la ley 8.051, por lo que tendría fuerza de ley como Tanús pretende. Pero queda pendiente el problema de la celeridad. Para desarrollar un plan estratégico, las universidades no pedirían menos de un año de trabajo. Tal vez, en la imaginación de Tanús, la otra zonificación demoraría menos tiempo.
Desde la oposición, el diputado Roberto Infante (UCR) dice que la zonificación “debería discutirse dentro del plan estratégico” y que el Gobierno debería sincerar su política de estado respecto de la minería. “Le vamos a dar la importancia que merece. Debemos debatir una cuestión central como es el rol del Estado y la falta de controles”, comentó.
El 27 de marzo pasado, Francisco Pérez firmó el acuerdo federal minero y se sentó en la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), en Buenos Aires, bajo la atenta mirada del poderoso ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
Hasta acá parece una idea de un diputado solitario. Pero el propio protagonista cuenta que lo ha hablado con el Primer Mandatario y con el vicegobernador Carlos Ciurca. La pregunta es por qué una propuesta como ésta y por qué no fue anunciada por el propio Gobernador.
Tanús habla de una “Ley de Uso de Suelos fase dos”, en la que quede claramente determinado dónde se puede hacer cada tipo de explotación sosteniendo, además, los marcos legales vigentes: las leyes 5.961 y 7.722. “Tiene que ser una ley complementaria a la 8.051” dice el diputado del PJ.
Lo curioso es que el artículo 15 de la propia ley 8.051 (la de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial) habla de una zonificación de actividades y esta zonificación debería salir del Plan Estratégico de Desarrollo de Mendoza, que ya debería estar listo y en plena aplicación (ver aparte). El problema es que este plan estratégico, de acuerdo al artículo 20 de la ley, debe realizarlo el Poder Ejecutivo y eso es lo que quiere evitar la propuesta Tanús.
A nadie escapa el karma de Pérez y su empeño por negar un supuesto vínculo como abogado con empresas mineras. Sacar la discusión del Ejecutivo es imperioso para no quedar pegados. Es aquí donde adquiere sentido la propuesta de Tanús, hecha por él mismo.
Los corrillos legislativos hablan de que la idea es colocar el debate por la minería en el territorio de organizaciones sin mancha social, que no despierten sospechas ni sean acusadas de defender los intereses de las empresas mineras.
Y por otro lado, sacar la discusión minera de la interna justicialista, con intendentes que avalan la actividad minera y otros que no, de acuerdo a la realidad de sus departamentos.
“Tenemos que hacer lo mismo que con la Ley de Uso de Suelos. Dejarla en manos de organizaciones de perfil académico y técnico que nos digan claramente dónde hacer cada cosa. Sólo así fue posible aprobar esa ley después de 20 años”, reflexiona Tanús.
Sin embargo, a nadie se le escapa que es posible mandar a hacer el plan estratégico de desarrollo de Mendoza a las universidades, plan que debe pasar luego por ratificación legislativa tal como lo establece el artículo 20 de la ley 8.051, por lo que tendría fuerza de ley como Tanús pretende. Pero queda pendiente el problema de la celeridad. Para desarrollar un plan estratégico, las universidades no pedirían menos de un año de trabajo. Tal vez, en la imaginación de Tanús, la otra zonificación demoraría menos tiempo.
Desde la oposición, el diputado Roberto Infante (UCR) dice que la zonificación “debería discutirse dentro del plan estratégico” y que el Gobierno debería sincerar su política de estado respecto de la minería. “Le vamos a dar la importancia que merece. Debemos debatir una cuestión central como es el rol del Estado y la falta de controles”, comentó.
El 27 de marzo pasado, Francisco Pérez firmó el acuerdo federal minero y se sentó en la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), en Buenos Aires, bajo la atenta mirada del poderoso ministro de Planificación Federal Julio De Vido.
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