Por Diego Cabot | LA NACION
ANGELO CALCATERRA, PRESIDENTE DE IECSA. Todo empezó como una pugna entre tres de las más grandes constructoras de la Argentina. Pero la política provincial se filtró y las consecuencias de la disputa por nada menos que 5500 millones de pesos aún no se sabe dónde podrán terminar.
La historia empezó en 2008, cuando se inició el proceso licitatorio para la construcción de la represa hidroeléctrica Los Blancos. Cuatro año después, con las propuestas arriba de la mesa, una diferencia de casi 700 millones de pesos entre la constructora que cotizó más barato y la que le sigue se convirtió en un tema de Estado.
La historia es simple: tres oferentes, uno que cotizó 700 millones de pesos menos que el segundo, el gobierno provincial que no lo adjudicó y, consecuentemente, las sospechas de la oposición y de varios fiscales de que el retardo era para beneficiar a unos y perjudicar a otros. En el medio, las constructoras más grandes del país: Iecsa, la que cotizó menos; Cartellone, la que le sigue, y Pescarmona, la que pasó un precio más caro.
El martes, el ministro de Infraestructura y Energía de Mendoza, Rolando Baldasso, estaba citado en el Senado provincial a dar explicaciones sobre cómo seguirá el proceso licitatorio y sobre los argumentos que el Ejecutivo provincial brindó y que tienen que ver con el financiamiento privado de la obra. Pero el funcionario prefirió no concurrir y, en su lugar, mandó a un colaborador.
LA NACION intentó comunicarse con las tres empresas, pero en medio de semejante revuelo provincial todas optaron por el silencio.
El proyecto consiste en la construcción de una represa hidroeléctrica de 443 MW de potencia ubicada sobre el río Tunuyán, en Mendoza. La obra, financiada mayoritariamente con fondos nacionales pero licitada por la provincia, contempla la ejecución de dos presas, una de 125 metros de altura y otra de 47, además de dos centrales hidroeléctricas con una capacidad de generación anual conjunta de 1280 GW/h.
La cronología detalla que el 12 de diciembre de 2008 se presentaron los antecedentes de los interesados; el 14 de mayo de 2010 salió en venta el pliego de la segunda etapa del proceso, que además de ofertas técnica y económica exigía a los interesados que aporten una propuesta de financiamiento y, el 24 de agosto de 2010, se presentaron los sobres de la segunda etapa del proceso licitatorio. Fue entonces cuando quedaron tres oferentes. El 17 de mayo de 2011, se calificaron las tres ofertas técnicas recibidas y, el 27 de junio del año pasado, se abrieron los tres sobres calificados.
Iecsa -junto con la brasileña Contern- fue la que menos cotizó, con 4685 millones de pesos; la siguió Cartellone, asociada a otra brasileña, OAS, con un precio de 5431 millones de pesos, y finalmente, Impsa (del grupo Pescarmona), que estimó el costo de la obra en 5599 millones.
DILACIONES
Desde que se conocieron las ofertas, todo fueron indecisiones y excusas y la obra nunca se adjudicó. Justamente estas dilaciones llevaron a la oposición a presentar una denuncia penal contra varios funcionarios del Ejecutivo provincial. ¿Cuál es la sospecha? Que el gobierno mendocino habría visto con buenos ojos que la obra quede en manos de Cartellone, que, según cuentan cerca del Ejecutivo, tendría el apoyo de un grupo constructor muy cercano al kirchnerismo. Impsa, por el contrario, se mantuvo alejada de la disputa, ya que la empresa metalúrgica de origen mendocino tiene mayor interés por vender las turbinas y gran parte de la ingeniería que por realizar la obra civil. Sin embargo, el precio mucho más bajo de Iecsa cambió el panorama y sorprendió a varios de los interesados.
Las sospechas sobre un supuesto favoritismo terminaron en una denuncia penal iniciada por los senadores provinciales Gustavo Valls, Ernesto Corvalán y Gustavo Cairo, que ya está en el despacho del fiscal de Estado provincial, Joaquín de Rosas. "Frente a estos categóricos hechos [tres ofertas calificadas técnicamente y una de ellas, clara vencedora por una diferencia mayor a $ 700 millones], funcionarios habrían comenzado a realizar maniobras tendientes a perjudicar a la oferta más económica en detrimento del interés público", dice el escrito, que agrega: "La maniobra contra la oferta de menor precio habría consistido en atacar el financiamiento ofrecido, con un dictamen caprichoso y emitido por funcionarios incompetentes en lo particular". De Rosas, finalmente, y según consta en una cédula de notificación, inició las actuaciones.
Según la denuncia, el Ministerio de Infraestructura provincial (autoridad competente sobre el proceso licitatorio) "sorpresivamente solicitó al Ministerio de Hacienda que dictamine sobre el financiamiento ofrecido por el oferente más económico, pero no así con respecto a las ofertas financieras de las más caras (?) en los últimos días se ha hecho público que la administración decidió solicitar, sólo al oferente Cartellone-OAS que efectúe una mejora de su oferta económica".
Finalmente, y lejos de zanjarse el asunto, el senador Valls, del Frente Peronista, solicitó un pedido de informes al ministro, que se aprobó por unanimidad el martes pasado. En el mismo momento, en el Senado provincial se aprobó un llamado a dar explicaciones a Baldasso. Pero el funcionario no fue. Al igual que las empresas involucradas, prefirió el silencio
http://www.lanacion.com.ar/1463355-conflicto-en-mendoza-por-la-construccion-de-una-represa
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