Agencia de Noticias Biodiversidadla
2-3-2012
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) —integrada por al menos doscientos grupos ambientalistas autoorganizados y sin una dirigencia reconocida— sesiona durante los días 2–4 de marzo en un campamento ubicado en el municipio de Maipú, en el oasis Norte de la provincia de Mendoza.
Ocho comisiones ad hoc debaten acciones de lucha contra el esquema económico agrícolo-minero.
Diálogo con Tania Cruz (31), miembro de la Asamblea Popular por el Agua (APA) de Mendoza, anfitriona del 18.º encuentro de la UAC. *
P: El 23 de febrero se desarrolló la “Jornada Nacional de Lucha contra la Megaminería y por la Derogación de la Ley Antiterrorista”. ¿Fueron recibidos por algún funcionario del Gobierno durante la movilización a Plaza de Mayo?
R: Hasta donde sabemos, no. No tenemos novedades. Todas las marchas que se están haciendo son manifestaciones simbólicas, por así decirlo: a la Casa de Catamarca, a la Casa de La Rioja, a la Casa Rosada. Pero hasta donde yo sé, no hay nadie que los esté recibiendo.
P: Uno de los reclamos de ese día apuntaba a la falta de atención con que las autoridades y los medios masivos de comunicación recibieron las protestas hasta ahora. ¿Qué valoración hacés de la cobertura de prensa provocada por las últimas demostraciones de fuerza contra la minería y de la visión de los conflictos que presentó? Durante febrero, las noticias sobre las manifestaciones en el norte del país alcanzaron un pico de interés nunca antes visto en los seis años de existencia de la UAC.
R: No es tan simple el análisis, si bien es cierto que muchísima gente se enteró gracias a los móviles de TN. En el corte de Famatina estuvieron desde que empezó; lo mismo sucedió en Andalgalá, en Belén. TN acompañó todo el tiempo, pero nosotros no buscamos aliados en ninguno de los medios, más allá de que sabemos que los necesitamos porque es estratégico. También tenemos en cuenta que hay varios grupos que son filokirchneristas y grupos que son prácticamente antikirchneristas. En el medio está nuestra lucha, que está siendo tomada por los medios como un botín para darle más duro al Gobierno. Muchísima gente que estuvo en el corte de Famatina era porteña, y ellos se habían enterado a través de TN. No por eso pensamos que sea el medio más confiable. Página/12, que todos sabemos que es un medio filokirchnerista, muchas veces toca los temas muy por encima. Creemos que es bastante fiel lo que se ha visto, porque se le ha dado la oportunidad a la gente de que hable. En otros aspectos se ha deformado un poco la información.
P: La UAC advirtió que los levantamientos que se vienen registrando en algunos municipios del norte argentino desde hace dos meses “son parte de una lucha que viene de años”. ¿Podrías evaluar una serie de pasos escalonados necesarios para abandonar este escenario de revueltas? ¿Cuál sería una señal clara de la Casa Rosada en ese mismo sentido?
R: Este es uno de los tantos temas que tenemos que tratar: qué pasos vamos a seguir dando a partir de estas escaladas de violencia, de represión. Los Gobiernos han ido ganando terreno en el tema de la minería, de la megaminería, desoyendo las voces de los pueblos que se han ido levantando. Un corte es una medida extrema para una asamblea, no es la primer medida que se toma. La primer medida es informar, es salir a la calle; en medio de todo esto están las marchas. Cuando todo lo que era diálogo se agotó, un corte es un medida totalmente extrema. En todos estos levantamientos que se han visto, la gente se cansó de pedir a los gobernantes, a los intendentes, a los diputados y a los senadores que la escucharan. No vemos que haya medidas de los Gobiernos para intentar disminuir esta tensión. Todo lo contrario: ellos mismos están radicalizando el problema. La represión, no nos quedan dudas, es el modelo.
P: La recientemente sancionada Ley Nro. 26734 o “antiterrorista” no crea nuevas figuras delictivas, sino que agrava las penas en aquellos delitos ya previstos por el Código Penal que sean cometidos para aterrorizar a la población o someter a las autoridades. E incorpora una salvedad: esas agravantes no se aplicarán en ocasión del ejercicio de cualquier derecho constitucional. ¿Por qué anticipan que su implementación la transformará en una herramienta para la criminalización la protesta?
R: Es bastante difusa la ley; no estipula bien lo que vendría a ser delito. Esto de atacar a la autoridad o de sembrar el terror en la población son cosas que tampoco quedan demasiado claras. Según lo plantea esa ley, no se podría cuestionar lo que está haciendo una autoridad, cuando una autoridad en este sistema es alguien que está elegido por el pueblo. El pueblo no podría reclamarle nada. Nosotros no podríamos reclamarle a nuestro gobernador en el caso de que decidiera ingresar la megaminería en Mendoza. Cada juez le va a dar una lectura distinta; no está bien definido lo que se está pidiendo, lo que se está marcando como delito.
P: El texto de la norma fue publicado en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2011. ¿Cuál es el número de activistas de la UAC procesados hasta esa fecha?
R: No te sabría decir el número. Hay compañeros en Catamarca a los que se les ha dicho que se les estaba aplicando la ley antiterrorista: se los ha detenido sin ningún tipo de explicación. Tenemos compañeros en Tinogasta que nos han enviado mensajes diciendo que hay gente que los está persiguiendo con autos que no tienen patentes, que hay autos de Gendarmería en lugares en los que no deberían estar. Ellos están viendo gente que no es de las asambleas. Con esta ley están legitimando la represión; no vemos que haya voluntad de los Gobiernos de defender la protesta social.
P: La UAC celebró desde 2006 dieciocho encuentros. ¿Qué acuerdos puntuales esperan alcanzar en Mendoza?
R: Es muy difícil llegar a acuerdos cuando hay problemas tan diversos. El tema de la megaminería ha pasado a ser el más relevante; también hay asambleas que están luchando contra el desmonte, contra el monocultivo de soja, contra el glifosato; hay compañeros que están en contra de las represas. Es muy difícil llegar a tomar decisiones que dejen completamente satisfechos a todos. Lo que queremos es nacionalizar todos estos problemas. En Buenos Aires mucha gente que no sabía lo que era la megaminería pudo ver lo que está pasando en las provincias cordilleranas. Lo estamos viviendo en carne propia: nos están criminalizando. Queremos ver qué medidas preventivas y a posteriori tomamos cuando se criminaliza a un compañero y se lo lleva preso.
* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.
Diálogo con Tania Cruz (31), miembro de la Asamblea Popular por el Agua (APA) de Mendoza, anfitriona del 18.º encuentro de la UAC. *
P: El 23 de febrero se desarrolló la “Jornada Nacional de Lucha contra la Megaminería y por la Derogación de la Ley Antiterrorista”. ¿Fueron recibidos por algún funcionario del Gobierno durante la movilización a Plaza de Mayo?
R: Hasta donde sabemos, no. No tenemos novedades. Todas las marchas que se están haciendo son manifestaciones simbólicas, por así decirlo: a la Casa de Catamarca, a la Casa de La Rioja, a la Casa Rosada. Pero hasta donde yo sé, no hay nadie que los esté recibiendo.
P: Uno de los reclamos de ese día apuntaba a la falta de atención con que las autoridades y los medios masivos de comunicación recibieron las protestas hasta ahora. ¿Qué valoración hacés de la cobertura de prensa provocada por las últimas demostraciones de fuerza contra la minería y de la visión de los conflictos que presentó? Durante febrero, las noticias sobre las manifestaciones en el norte del país alcanzaron un pico de interés nunca antes visto en los seis años de existencia de la UAC.
R: No es tan simple el análisis, si bien es cierto que muchísima gente se enteró gracias a los móviles de TN. En el corte de Famatina estuvieron desde que empezó; lo mismo sucedió en Andalgalá, en Belén. TN acompañó todo el tiempo, pero nosotros no buscamos aliados en ninguno de los medios, más allá de que sabemos que los necesitamos porque es estratégico. También tenemos en cuenta que hay varios grupos que son filokirchneristas y grupos que son prácticamente antikirchneristas. En el medio está nuestra lucha, que está siendo tomada por los medios como un botín para darle más duro al Gobierno. Muchísima gente que estuvo en el corte de Famatina era porteña, y ellos se habían enterado a través de TN. No por eso pensamos que sea el medio más confiable. Página/12, que todos sabemos que es un medio filokirchnerista, muchas veces toca los temas muy por encima. Creemos que es bastante fiel lo que se ha visto, porque se le ha dado la oportunidad a la gente de que hable. En otros aspectos se ha deformado un poco la información.
P: La UAC advirtió que los levantamientos que se vienen registrando en algunos municipios del norte argentino desde hace dos meses “son parte de una lucha que viene de años”. ¿Podrías evaluar una serie de pasos escalonados necesarios para abandonar este escenario de revueltas? ¿Cuál sería una señal clara de la Casa Rosada en ese mismo sentido?
R: Este es uno de los tantos temas que tenemos que tratar: qué pasos vamos a seguir dando a partir de estas escaladas de violencia, de represión. Los Gobiernos han ido ganando terreno en el tema de la minería, de la megaminería, desoyendo las voces de los pueblos que se han ido levantando. Un corte es una medida extrema para una asamblea, no es la primer medida que se toma. La primer medida es informar, es salir a la calle; en medio de todo esto están las marchas. Cuando todo lo que era diálogo se agotó, un corte es un medida totalmente extrema. En todos estos levantamientos que se han visto, la gente se cansó de pedir a los gobernantes, a los intendentes, a los diputados y a los senadores que la escucharan. No vemos que haya medidas de los Gobiernos para intentar disminuir esta tensión. Todo lo contrario: ellos mismos están radicalizando el problema. La represión, no nos quedan dudas, es el modelo.
P: La recientemente sancionada Ley Nro. 26734 o “antiterrorista” no crea nuevas figuras delictivas, sino que agrava las penas en aquellos delitos ya previstos por el Código Penal que sean cometidos para aterrorizar a la población o someter a las autoridades. E incorpora una salvedad: esas agravantes no se aplicarán en ocasión del ejercicio de cualquier derecho constitucional. ¿Por qué anticipan que su implementación la transformará en una herramienta para la criminalización la protesta?
R: Es bastante difusa la ley; no estipula bien lo que vendría a ser delito. Esto de atacar a la autoridad o de sembrar el terror en la población son cosas que tampoco quedan demasiado claras. Según lo plantea esa ley, no se podría cuestionar lo que está haciendo una autoridad, cuando una autoridad en este sistema es alguien que está elegido por el pueblo. El pueblo no podría reclamarle nada. Nosotros no podríamos reclamarle a nuestro gobernador en el caso de que decidiera ingresar la megaminería en Mendoza. Cada juez le va a dar una lectura distinta; no está bien definido lo que se está pidiendo, lo que se está marcando como delito.
P: El texto de la norma fue publicado en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2011. ¿Cuál es el número de activistas de la UAC procesados hasta esa fecha?
R: No te sabría decir el número. Hay compañeros en Catamarca a los que se les ha dicho que se les estaba aplicando la ley antiterrorista: se los ha detenido sin ningún tipo de explicación. Tenemos compañeros en Tinogasta que nos han enviado mensajes diciendo que hay gente que los está persiguiendo con autos que no tienen patentes, que hay autos de Gendarmería en lugares en los que no deberían estar. Ellos están viendo gente que no es de las asambleas. Con esta ley están legitimando la represión; no vemos que haya voluntad de los Gobiernos de defender la protesta social.
P: La UAC celebró desde 2006 dieciocho encuentros. ¿Qué acuerdos puntuales esperan alcanzar en Mendoza?
R: Es muy difícil llegar a acuerdos cuando hay problemas tan diversos. El tema de la megaminería ha pasado a ser el más relevante; también hay asambleas que están luchando contra el desmonte, contra el monocultivo de soja, contra el glifosato; hay compañeros que están en contra de las represas. Es muy difícil llegar a tomar decisiones que dejen completamente satisfechos a todos. Lo que queremos es nacionalizar todos estos problemas. En Buenos Aires mucha gente que no sabía lo que era la megaminería pudo ver lo que está pasando en las provincias cordilleranas. Lo estamos viviendo en carne propia: nos están criminalizando. Queremos ver qué medidas preventivas y a posteriori tomamos cuando se criminaliza a un compañero y se lo lleva preso.
* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.
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