La Justicia Federal entendió que los vecinos tenían derecho a peticionar a través de esa metodología luego de haber fracasado otras instancias de acercamiento. La denuncia la hizo el Gobierno en 2009.
El juzgado federal -a cargo del Juez Subrogante Manuel Rodríguez- sobreseyó a siete manifestantes que fueron denunciados penalmente por protestar con cortes parciales en la ruta internacional a Chile en contra del proyecto minero San Jorge en Uspallata.
La denuncia la radicó el Gobierno provincial en la Justicia Federal cuando a mediados de setiembre de 2009 unos 300 vecinos de Uspallata que apoyaban reclamos de organizaciones ambientalistas contrarias a la minería contaminante decidieron cortaron el tránsito y reclamar la presencia del gobernador Celso Jaque en el lugar.
La protesta se ubicó en el ingreso Norte a la comuna, donde los manifestantes realizaron cortes intermitentes de tránsito con una duración de 45 minutos. Durante los otros 15 minutos iban liberando el paso de vehículos a fin de evitar caos vehicular en un tramo clave para el movimiento entre Argentina y Chile.
La subsecretaria de Justicia de la provincia, que por entonces tenía al frente a Sebastián Godoy Lemos, denunció a los pobladores por la interrupción del tránsito y además pidió que se ordenara el inmediato desalojo de la ruta.
Pero según explicó a través de un comunicado la red ambientalista Oikos, el juzgado federal entendió que primaba el derecho a peticionar a las autoridades sobre esta problemática social, teniendo en cuenta que habían fracasado otras instancias previas de acercamiento con funcionarios del Ejecutivo.
Oikos asumió la defensa penal de las únicas siete personas sobre las cuales recayó la denuncia, ya que consideró que la medida adoptada por el Gobierno “era un apriete para desalentar la resistencia social al proyecto minero”.
La denuncia la radicó el Gobierno provincial en la Justicia Federal cuando a mediados de setiembre de 2009 unos 300 vecinos de Uspallata que apoyaban reclamos de organizaciones ambientalistas contrarias a la minería contaminante decidieron cortaron el tránsito y reclamar la presencia del gobernador Celso Jaque en el lugar.
La protesta se ubicó en el ingreso Norte a la comuna, donde los manifestantes realizaron cortes intermitentes de tránsito con una duración de 45 minutos. Durante los otros 15 minutos iban liberando el paso de vehículos a fin de evitar caos vehicular en un tramo clave para el movimiento entre Argentina y Chile.
La subsecretaria de Justicia de la provincia, que por entonces tenía al frente a Sebastián Godoy Lemos, denunció a los pobladores por la interrupción del tránsito y además pidió que se ordenara el inmediato desalojo de la ruta.
Pero según explicó a través de un comunicado la red ambientalista Oikos, el juzgado federal entendió que primaba el derecho a peticionar a las autoridades sobre esta problemática social, teniendo en cuenta que habían fracasado otras instancias previas de acercamiento con funcionarios del Ejecutivo.
Oikos asumió la defensa penal de las únicas siete personas sobre las cuales recayó la denuncia, ya que consideró que la medida adoptada por el Gobierno “era un apriete para desalentar la resistencia social al proyecto minero”.
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