Por Ulises Bosia. Sorprendió Carlos Ciurca, vicegobernador electo en Mendoza, un día después de finalizadas las elecciones provinciales. “Acá hay provincias que hicieron mucho humo. Tuvieron marketing, que es lo que nos faltó a nosotros", señaló sobre la gestión del también justicialista José Luis Gioja, reelecto en San Juan.
“Nuestra provincia es más linda pero ha salido un poco despeinada, San Juan no es tan bonita pero usa minifalda y se arregla bien”. Cuando estas insólitas declaraciones recibieron el respaldo del gobernador electo Paco Pérez se inició una escalada discursiva bautizada por el ingenio popular en las redes sociales como “#GuerraConSanJuan, en la que el sanjuanino rápidamente respondió que esas declaraciones son "cosas de chicos de jardín de infantes".
Más allá de las idas y vueltas de las declaraciones existe una puja por el liderazgo regional de Cuyo, reclamado por Gioja a partir de los supuestos éxitos del modelo económico centrado en la minería transnacional a cielo abierto. En el trasfondo se encuentra el hecho de que el INDEC recientemente ha informado que los índices de pobreza, indigencia y desempleo en los núcleos urbanos de San Juan se redujeron pero aún son los más altos de Cuyo, mientras que el empleo y la actividad económica también son los más bajos de la región. La minería transnacional suma así a las críticas derivadas de las consecuencias ambientales de su actividad también cuestionamientos por el rédito económico que genera. Hay que recordar que las regalías que las empresas pagan por exportar su producción son de un máximo del tres por ciento del valor del material en boca de mina, un techo muy bajo establecido con el objetivo explícito de atraer capitales que rápidamente retiran sus ganancias del país sin reinvertirlas. Y que por otro lado las mineras gozan también de cuantiosos beneficios impositivos, dando como resultado un verdadero negocio para estas empresas que extraen las riquezas minerales del subsuelo patrio. El decreto que el gobierno nacional acaba de publicar obligando a estas empresas a liquidar sus divisas en el mercado interno es un ataque a sus privilegios, necesario pero insuficiente (ver nota aparte en Marcha: "Mineras y petroleras deberán liquidar divisas en el país").
¿Quién es quién en Mendoza?
La polémica pública por la prohibición de la minería a cielo abierto tiene en Mendoza uno de sus mojones fundamentales desde que la gestión de Cobos promulgó una ley que prohibió esta actividad. Más cerca en el tiempo, el 24 de agosto pasado, fue rechazado por unanimidad en la legislatura provincial el proyecto megaminero San Jorge que pretendía extraer oro y cobre en la localidad de Uspallata. La presión derivada de una gran movilización popular logró que el bloque de legisladores peronistas cambiara su punto de vista y pasara a rechazar el emprendimiento que había respaldado previamente, atento al escenario electoral que se acercaba y que mostraba como favorito para la gobernación provincial al candidato radical Roberto Iglesias. La reubicación de Pérez, que ratificó tras la elección que el proyecto San Jorge “está archivado”, esconde una trayectoria esclarecedora. El gobernador electo fue nombrado ministro de Infraestructura provincial en el año 2007 proveniente de la actividad privada. Era uno de los socios de una compañía de abogados llamada BRGPG que se destaca en la provincia por su relación con la actividad minera. Se trata del estudio que patrocinó las demandas de las empresas mineras contra la prohibición de la minería en la provincia e incluso Marcelo Gregorio, uno de sus socios, fue nombrado presidente de minera San Jorge en mayo de 2009.
Se entiende entonces por qué la Asamblea Popular por el Agua de la provincia de Mendoza expresó tras las elecciones que “ante la victoria en estos comicios del Frente para la Victoria, con Francisco Pérez como gobernador electo, le decimos que en Mendoza no habrá megaminería. El pueblo de esta provincia lo ha elegido gobernador para respetar la voz que se elevó en las calles; para reconocer la conciencia mendocina del valor del agua; para no dejar entrar a los proyectos de la gran minería, con su carga de corrupción y contaminación”. La advertencia de los asambleístas recuerda la amarga experiencia de La Rioja, en la que el gobernador Beder Herrera alcanzó la gobernación planteando un discurso contra la minería contaminante traicionado más temprano que tarde. Están alertas para que no se repita la historia.
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