Ojo al piojo, que puede irles muy mal si hacen el mismo tipo de chastrinadas con San Jorge!! Son demasiadas las leyes que violarían si llegaran a aprobar el proyecto así como viene...
Por haber incumplido con el procedimiento fijado por la Corte y no contar con un plano de mensura de la reserva natural -que contiene la laguna y el humedal- a tiempo y bien hecho, la Fiscalía de Estado ordenó al Gobierno que paralice las tareas de Repsol. La Declaración de Impacto Ambiental que autoriza a la explotación petrolera sería nula.
Las obligaciones que el Estado debe cumplir para lograr los objetivos de un gobierno, se transforman frecuentemente en los principales obstáculos para que esas metas se concreten. Pero no porque por esas condiciones sean imposibles de realizar, sino que, quienes deben concretarlas, sólo simulan cumplir con esos requisitos ineludibles. Y lo hacen para que sólo aparezcan formalmente en los papeles oficiales. El problema -ahí donde todo se traba y se posterga- es cuando esa trampa se descubre y entonces hay que rebobinar y empezar desde cero. Ese es el caso de la explotación petrolera en la zona del Sur donde se encuentra el humedal de Llancanelo, una historia que ya lleva 7 años.
Es el viejo truco del "como si". Como si se hicieran las cosas. En este caso son esas acciones que hay que efectuar debidamente, para garantizar los derechos de todos los afectados, cuando un gobierno decide avanzar en un proyecto productivo rentable, pero riesgoso para la preservación y el desarrollo de la vida.
Eso pasó con esta nueva-vieja etapa de explotación petrolera en la zona adyacente a la laguna Llancanelo. Las obligaciones que fijó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de febrero de 2005 por un amparo presentado por la red ambientalista Oikos sobre el manejo del área, no fueron cumplidas efectivamente. Esas exigencias fueron plasmadas en la ley provincial 7824 donde se ordenaba una nueva delimitación de la zona de reserva. Entre esos deberes, uno fundamental era la confección de la mensura del área reservada y excluida de la explotación petrolera intensiva que quiere encarar la multinacional Repsol.
La importancia del plano
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El plano de mensura era esencial para la discusión en la legal audiencia pública que se realizó el 26 de febrero pasado en la ciudad de Malargüe, donde Juan Agulles (foto) el intendente peronista y amigo personal del gobernador Celso Jaque hizo una encendida defensa al proyecto petrolero
¿Pero para qué sirve el plano? Para conocer fehacientemente los territorios habilitados para la producción petrolera y los que están vedados para esta actividad industrial muy agresiva para el medio ambiente. Ni más ni menos. Las coordenadas del área estaban predefinidas pero la mensura sería la marca definitiva de la sección territorial.
Las crónicas de MDZ del 6 y el 7 de este mes revelaron la inexistencia de este documento técnico en la audiencia pública donde se dio aval a la reiniciación de las actividades de extracción de petróleo en la zona por parte de Repsol.
También se supo en esos informes que el plano de mensura finalmente se presentó el 29 de abril, el mismo día que Jaque firmó el decreto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilitaba esta etapa de explotación petrolera.
El punto es que la mensura era uno de las bases de la DIA. Por eso, una vez revelada esta deficiencia, la presión se trasladó por parte de los denunciantes, hacia los órganos de control y en particular hacia la Fiscalía de Estado.
Los Barros y Catastro
Carmen Silvia Ruiz de Barros y Juan Antonio Barros son matrimonio y dueños del campo Los Menucos, lindante a la laguna hacia el oeste. El 18 de febrero, antes de la audiencia pública, pidieron un informe del plano de mensura de acuerdo a la exigencia de la ley 7824. La respuesta de Catastro llegó recién el 13 de abril donde consta que no existe el plano requerido. La nota dirigida al abogado José Rubio representante de los Barros está firmada por el subdirector de Catastro, Walter Luconi.
La novedad es que el plano presentado tardíamente, además fue objetado técnicamente el 29 de abril y aún así fue presentado para llenar la formalidad. La consecuencia dentro de Catastro fue que el agrimensor Diego Robino encargado del plano de Llancanelo terminó inhibido por no haber corregido los errores detectados. La resolución 331 de Catastro emitida el miércoles 19 fue firmada por el titular de la repartición Juan Carlos Varela.
Final lógico y anunciado
La decantación de este capítulo de la historia fue lógica. El reclamo de los Barros como superficiarios de la región hizo que la Fiscalía de Estado a través de la Dirección de Asuntos Ambientales ordenara al secretario de Medio Ambiente la paralización de las tareas de explotación petrolera.
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La nota oficial firmada por Amilcar Moyano, director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado para Guillermo Carmona (foto) fue enviada el 19 de mayo. El escrito está identificado con el número 381 dentro del expediente 679-R-10-05179 "Carta documento 096422921 S/Audiencia Pública Proyecto de Delineación y Piloto de Producción en Frío" – Aréa Llancanelo.
En las consideraciones, Moyano explica su decisión de pedir el freno de las actividades por la aplicación del artículo 38 de la ley 5961 de Medio Ambiente de Mendoza. Ese párrafo dice: "La autoridad de aplicación podrá ordenar la paralización de las obras o actividades efectuadas sin la DIA. Asimismo, podrá dsponer la demolición o destrucción de las obras realizadas en infracción, siendo los costos y gastos a cargo del transgresor".
Es decir que el abogado de la Fiscalía de Estado, especialista en derecho ambiental, considera que las tareas de explotación en los parajes cercanos a la laguna que se reiniciarían ah0ra, no tienen la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental por haber carecido del plano de mensura necesario en el desarrollo de la evaluación del proyecto petrolero.
La encrucijada de De Rosas
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La definición se verá reflejada en esta semana corta que se avecina. Además las circunstancias convierten a la situación en muy particular, dado que el próximo miércoles 26 el Fiscal adjunto a cargo de la Fiscalía de Estado, Joaquín de Rosas se juega una partida importante en su carrera por la titularidad de órgano de control. Para ese día está programada la audiencia pública donde se expondrán las objeciones y avales a la candidatura de De Rosas.
El caso Llancanelo es una encrucijada para el funcionario. La paralización de la explotación petrolera va en contra de los intereses del gobierno que lo propuso, pero si no cumple con su rol como defensor ambiental como marca la ley, entonces puede convertirse en un boomerang para sus aspiraciones.
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Todavía está fresco el recuerdo del acto oficial del 6 de mayo en Casa de Gobierno donde Jaque junto a Carmona y el ejecutivo de Repsol, el español Tomás García Blanco (foto) donde daban por sentando que la explotación petrolera se retomaba después de la paralización ocurrida en marzo de 2003 por decisión del Decimo Quinto Juzgado Civil que hizo lugar a la demanda de Oikos que vio peligrar el humedal por el avance de actividad petrolera.
Ahora, 7 años después, otra vez se trabará, pero en esta ocasión porque el Estado no cumplió efectivamente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que definió la justicia.
Jorge Fernández Rojas
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