COMUNICADO DE PRENSA
Mendoza, 05 de noviembre de 2010
El 26 de octubre de 2010 casi 300 personas se expresaron en la Audiencia Pública sobre el proyecto de Minera San Jorge (185 del valle de Uspallata, más 100 del resto de la provincia).
En primer lugar, es necesario resaltar la importancia de esta instancia del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que se ha constituido en una significativa experiencia democrática; que marcó un hecho político de primera magnitud en la provincia, relevante inclusive a nivel nacional; y que dejó explícita la necesidad de la población uspallatina y mendocina de expresar su opinión sobre este proyecto en particular, y sobre la megaminería en general.
El 75% de esas voces fueron de rechazo al proyecto.
Los fundamentos a favor de dicho emprendimiento se basaron esencialmente en la posibilidad de creación de puestos de trabajo.
Los fundamentos en contra se nutrieron de múltiples y variadas fuentes: lo técnico y lo científico sobre todo, pues el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa está teñido por un alto grado de incertidumbre, falencias y contradicciones. Lo social también, marcado por la división que este proyecto ha causado en la comunidad uspallatina y el rechazo de la mayoría de sus habitantes, quienes no le otorgaron la imprescindible licencia social, principio de autodeterminación de las poblaciones afectadas por tales emprendimientos.
Algunos de los elementos que fundamentan el rechazo desde lo científico/técnico:
· Según el informe presentado por el Dr. José María Cortés, es probable que la cuenca subterránea de Yalguaraz no esté cerrada, como sostiene la empresa, sino conectada al acuífero de Uspallata. Asimismo, la mayoría de los componentes principales del proyecto se encuentran sobre la cuenca hídrica superficial del arroyo Uspallata, y a pesar de lo afirmado por la empresa, los suelos son permeables. Por todo ello, el proyecto implica riesgos para la calidad del agua de esos acuíferos y de nuestro río Mendoza.
· El Departamento General de Irrigación (DGI) sostiene lanecesidad de impermeabilizar el depósito de colas, las escombreras y la playa de maniobras (más de 1.000 hectáreas). En la Audiencia Pública, la empresa primero eludió responder si cumpliría con tal requisito, y ante una insistencia, dijo que la primera capa de colas vertida en el depósito bastaría para impermeabilizar. Esta respuesta es inaceptable y de ningún modo se ajusta a lo requerido por el DGI.
· En torno a 10% del xantato que la empresa utilizaría en el proceso de flotación se degradaría lentamente desde las colas, liberando disulfuro de carbono (S2C) en cantidades que superarían 28 veces el máximo permitido por la Ley de Residuos Peligrosos. En cuanto a lapoliacrilamida, la empresa afirma que se biodegrada, sin aclarar que la acrilamida resultante es cancerígena y que para la Agencia de Protección Ambiental de EEUU su contenido en agua debe ser cero. Por ende, el proyecto no cumple con la Ley 7722, que prohíbe el uso de compuestos muy tóxicos en minería.
· La empresa no consideró que el cóndor, el guanaco y el suri cordillerano, muy presentes en el área del proyecto, están declarados Monumento Natural Provincial junto con sus hábitats por Ley 6.599, y por ello corresponde aplicar la ley 6.045. A pesar de ese carácter, de que el cóndor es una especie casi amenazada con poblaciones decrecientes, y el suri cordillerano está en serio peligro de extinción, la empresa ni siquiera propuso planes de manejo específicos para estas tres especies.
· De concretarse el proyecto minero, atentaría contra otras actividades que permitirían a Uspallata lograr un desarrollo socioeconómico armónico con el ambiente, que preserve el agua, el aire, el paisaje, la biodiversidad y el patrimonio cultural
· Debido a las escandalosas ventajas impositivas vigentes para las empresas mineras, implicaría un saqueo económico. El dominio originario de este recurso no renovable corresponde a la provincia de Mendoza, que recibiría como máximo 3% de regalías sobre el valor del mineral a boca de mina.
La UNCuyo expresa claramente en su dictamen sectorial: “Se concluye que el Informe de Impacto Ambiental del proyecto Minero San Jorge presenta una gran cantidad de falencias e inexactitudes, las que impedirían garantizar su viabilidad ambiental, particularmente ante la comunidad. Los beneficios y perjuicios estimados a partir de las consideraciones económicas y sociales, indican que la sociedad no resultaría adecuadamente beneficiada, en términos generales, en caso de llevarse a cabo el proyecto.”
Además de estos y muchos otros motivos científico-técnicos por los cuales no cabe aprobar el proyecto, el gobierno debe comprender que la empresa NO cuenta con LICENCIA SOCIAL para el mismo.
Es plenamente pertinente al proyecto San Jorge la frase del Dr. Domingo Gómez Orea, especialista en Evaluación de Impacto Ambiental: “Tan rechazable es un proyecto porque produzca un impacto ambiental negativo demasiado alto, como porque se plantee desvinculado de las aptitudes y actitudes, sociales y naturales, de su entorno”.
ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA
contra el saqueo y la contaminación
miembro de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura - AMPAP
y Unión de Asambleas Ciudadanas - UAC
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