La combinación justa de sumisión y falta de vocación por el cumplimiento de la ley en un solo bocado

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A mediados de enero la noticia ocupó la primera plana del diario Los Andes: “YPF relanza su plan para extraer petróleo en Llancanelo”. En la década pasada ONG Oikos Red Ambiental libró una dura batalla administrativa y judicial que frenó las apetencias de la subsidiaria argentina de Repsol con un fallo de la Corte Suprema mendocina. A cinco años de aquella sentencia vuelve la tensión al humedal, declarado área protegida provincial en 1980 y amparado por la Convención Ramsar.

Para profundizar sobre los riesgos de la actividad hidrocarburífera en la laguna nos comunicamos con Eduardo Sosa, de Oikos. En una extensa entrevista con el OPS, habló de las luchas libradas para la protección de Llancanelo, los antecedentes petroleros en el humedal y la relación de los gobernadores con las empresas. También se refirió a la flexibilización de los controles ambientales y a sus temores y expectativas de cara a la Audiencia Pública que se realizará el próximo 26 de febrero.

-¿Podrías contarnos un poco sobre las características de la laguna, de ese ecosistema, y por qué lo nombran reserva?

Llancanelo es una laguna ubicada a unos 500 km al sur de Mendoza. Es un humedal de importancia internacional, así lo reconoció la Convención Ramsar en el año ’95, y previamente fue declarada reserva provincial en el año ’80. Esto es por su increíble biodiversidad. Hay una avifauna muy interesante para la zona árida en que se encuentra este humedal, más de 130 especies de aves -algunas son migratorias y vienen tanto desde Tierra del Fuego como desde Alaska. Va formando como un corredor migratorio junto con Laguna Blanca –en el Neuquén-, con otras lagunas hacia el sur, y con otras hacia el norte, como la Laguna Mar Chiquita [Córdoba].

Esta área [protegida] se superpone con un área petrolera, que corresponde a la Cuenca Neuquina. Debajo de la laguna hay formaciones con petróleo que se vienen explotando desde los años ’30, fueron pasando desde la YPF estatal hasta empresas extranjeras como la californiana Unión Oil, que abandonó el yacimiento en los ’80. En los años ’90, mediante el Plan Houston, le otorgan el área de concesión a YPF, después YPF-Repsol, y ahí arranca todo el proceso.

Repsol-YPF presenta un proyecto [para la perforación] de un pozo exploratorio en el año ’99, que es aprobado de manera irregular por el gobierno de la provincia. Al año siguiente presentan su plan para el área, que incluye una primera etapa de explotación de 8 pozos y, en una etapa siguiente y final, [la perforación] de 80 pozos. La etapa de los 8 pozos también iba a servir para ubicar el yacimiento y ver la geometría de la formación.

Allí empieza el conflicto en la Justicia, el segundo [para definir los límites de la reserva provincial y preservarla de la explotación petrolera]. Porque hubo un primer conflicto en los años ’80, que es un caso único en el país, [en el fallo] se reconoce el derecho al ambiente cuando todavía no estaba incluido en la Constitución Nacional [1]. Nosotros tomamos varios antecedentes y en el año 2003, luego de una batalla mediática, administrativa y política fuimos a la Justicia, y en el 2005 la Corte Suprema de la provincia declaró la inconstitucionalidad de la aprobación gubernamental de esos 8 pozos.

Después de todo eso se abre un proceso de negociación, del que Oikos formó parte. Ese proceso después se vició, porque la Corte había propuesto la elaboración participada de los límites de la reserva y de su manejo, y el gobierno de Julio Cobos [2] lo boicoteó. Esto viene de la gestión anterior, del gobernador [Roberto] Iglesias, del cual Cobos era ministro de Ambiente.

-¿De qué manera boicotea la negociación?

La sentencia de la Corte manda a realizar un mapa que considere los límites biológicos. Hacer esto era un poco ambiguo, porque en definitiva los límites biológicos de todas las especies reunidas llegaban hasta Norteamérica. Entonces se llegó a un consenso de científicos en definir un área que respetaba –llamémosle- los límites ecológicos mínimos de supervivencia de las especies, algo que asegurara las zonas de conservación. Pero esto prácticamente dejaba adentro de la reserva el bloque de concesión de la empresa, sin posibilidades de explotarlo.

El gobierno intenta imponer un mapa que era, a todas luces, contrario a la sentencia de la Corte y a la opinión científica. Nosotros nos retiramos de esa mesa y ofrecemos un mapa alternativo que protege las zonas principales de la reserva, que contaba con el aval del municipio de Malargüe, de la propia empresa -que termina reconociendo y sacrificando un gran porcentaje de su área- y el sindicato petrolero. Esto deja solo al gobierno provincial y termina imponiéndose ese mapa, que en el año 2007 se transformó en el mapa oficial de la Reserva de Llancanelo.

-¿El mapa que diseñaron ustedes?

Sí, el mapa que diseñamos nosotros, con algunas pequeñas correcciones dadas por los científicos. En definitiva, de 40 mil has que tenía originalmente la reserva provincial pasa a 95 mil has.

-¿A nivel nacional hay antecedentes de fallos como este, que limita la actividad petrolera?

En principio no, creo que es el único antecedente desde esa perspectiva. Como fallo sienta una jurisprudencia importante, porque, en principio, la sentencia declara que tener la concesión de un área, tener un derecho adquirido, no implica el derecho a contaminar. Y un fallo similar no se había dado desde 1883, con los saladeros de Barracas.

Este fallo es utilizado hoy para muchos otros juicios, como por ejemplo, el que tienen los superficiarios de la Patagonia, que está en la Corte Suprema [de Justicia de la Nación] contra las empresas petroleras, entre las cuales Repsol está. Entonces, a nivel jurisprudencial, generó un antecedente bastante importante. Como el que hizo en el año ’86 (el amparo) de estos dos señores.

-¿Podrías hacer una breve reseña de ese caso judicial?

En el año ’86 dos personas, José Rinaldini y Víctor Hugo Morales, hicieron una acción de amparo contra una resolución del gobierno provincial que autorizaba la pesca en la laguna. El área tenía una veda, por la misma ley de áreas protegidas, que es levantada. Estos dos naturalistas van a la Justicia y reclaman, sobre todo, el derecho a la vida y a poder gozar de ese lugar, a poder disfrutarlo. El juez -en aquel momento, el doctor José Balducci- sin tener a la mano todo el aparato constitucional que hoy está vigente, le otorga el amparo a esas dos personas y constituye uno de los primeros casos de jurisprudencia en este sentido. Sin estar especificado el derecho al ambiente en la vieja Constitución el juez entendió que se estaban vulnerando esos derechos, y haciendo uso del derecho a la vida y la jerarquía de las leyes y demás, le da el amparo a este grupo y permite salvar al sector de la pesca indiscriminada.[3]

-Decías que la actividad petrolera en Llancanelo comenzó en los años ’30 ¿Cómo ha impactado?

Sí, la hubo, pero la producción fue pequeña. Ha habido aproximadamente 14 pozos exploratorios, algunos entraron en producción, pero por las características del petróleo de Llancanelo, sobre todo por su viscosidad… Es un crudo muy pesado, entonces hacía muy difícil, con tecnología de la época, poder recuperar una fracción rentable.

En los ’80 se hicieron inyecciones de vapor pero tampoco se logró un yacimiento rentable. Vino la nueva tecnología, los pozos horizontales, Repsol sacó sus cuentas, el precio del petróleo empezó a subir y empezó a ser negocio.

-Más allá de este ‘boicot’ que mencionas en la mesa de negociación, ¿cómo fue la relación de la provincia con Repsol YPF?

Si tuviera que resumirlo en una palabra, fue de ‘sumisión’, porque en aquellos años estaba la crisis. El 2001 agarra muy mal parado a todo el país, Mendoza había emitido los bonos Aconcagua unos años antes y en ese momento estaba pagando los intereses de esos bonos –que se pagan en dólares. Repsol le ofrece a la provincia pagar los bonos Aconcagua con tal que le entregaran el yacimiento de Llancanelo -que a la vista de los últimos resultados parece ser muy importante.

Eso fue lo que intentó hacer el gobierno de la provincia, que no pudo lograr. En aquel momento Repsol tenía un ascendente muy grande sobre el gobierno de Cobos.

-¿Y en la actualidad?

En la actualidad creo que más una sumisión, el gobierno provincial directamente tiene poca vocación por el cumplimiento de la ley, de hecho ha relajado el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para la actividad petrolera. Salvo en este caso, que ya venía de antes, las empresas hoy tienen las cosas mucho más fáciles para explorar o explotar petróleo en la provincia. Los organismos de control prácticamente están desarticulados, la situación es muy mala.

-¿Este relajamiento de los controles ambientales tiene un correlato nuevas concesiones de áreas petroleras?

Absolutamente. En el gobierno anterior se habían iniciado los procesos de licitación de las áreas secundarias. Muchas áreas revertidas de la provincia [4] quedaron abandonadas de la época en que YPF dejó de ser la empresa estatal. Las empresas concesionarias se dedicaron a explotar las [áreas] más productivas, las que tenían menor riesgo. Con las tecnologías actuales muchas de esas áreas abandonadas pueden ser recuperables y [desde la provincia] se hizo un procedimiento de concesiones: la entrega de bloques para la recuperación secundaria. Varias empresas obtuvieron esos bloques, Repsol entre ellas. Cuando entra este gobierno acelera todo el proceso y las entrega.

-¿En este desarmar mecanismos de control ambiental se modificó la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental?

Se ha reglamentado, de hecho entendemos que la reglamentación es inconstitucional porque avanza desarma prohibiciones que están establecidas en la ley 5961, como por ejemplo, la autoridad “puede” llegar a pedir informes sectoriales o dictámenes técnicos, que antes eran obligatorios; “puede” exceptuar a las empresas de la Evaluación de Impacto Ambiental, cosa que la ley no lo contempla. Estamos en proceso de ver la inconstitucionalidad de esa resolución.

La ley marco ambiental de Mendoza está siento analizada por el gobierno, ha hecho todo un proceso y, a la luz de todas estas situaciones, tenemos muchas dudas y mucha preocupación respecto de lo que puede salir como resultado.

-Volviendo a Llancanelo, ¿cómo se llega a esta segunda avanzada de Repsol sobre la laguna?

Bueno, cuando se define el área protegida, en 2007, queda liberado el tema central, que era que fuera del área protegida, con todos los cuidados y las leyes vigentes, se puede explotar hidrocarburos. Entonces la empresa presenta un nuevo proyecto, arranca en el 2008 y 2009 sigue el procedimiento. Esto se llevó a cabo bajo total silencio de las autoridades, recientemente se hizo público porque el proyecto salió de los organismos públicos para las universidades y organismos de investigación, que son los que dictaminan.

-¿El proyecto trasciende a partir de la nota publicada en enero en el diario Los Andes?

Se venía hablando desde fines de 2009. Ya con los dictámenes del Instituto Nacional del Agua y el Instituto Argentino de Zonas Áridas [Iadiza], de alguna forma, la información se filtró y nos empezamos a enterar de que se estaba haciendo un proyecto.

En enero convocaron a una Audiencia Pública, que es el próximo 26 de febrero, y ahí recién tuvimos acceso al expediente. No hemos tenido todavía acceso a la totalidad del expediente, porque curiosamente la parte más importante del procedimiento administrativo no estaba cuando se fue a consultar, pero imagino que va a estar en los próximos días.

-En la nota aparecida en Los Andes planteas una serie de dudas en torno al proyecto porque faltaban estudios de base, no había información sobre el funcionamiento de los acuíferos. ¿En el tiempo transcurrido pudiste despejar esas dudas?

No, al contrario, ya son certezas. Observando los informes del Instituto Nacional del Agua y del Iadiza, sobre todo, se nota que falta mucho trabajo para hacer, para completar. De hecho, la falta de estudios sobre la hidrogeología del lugar, que es fundamental. Sobre todo porque es un humedal, no se sabe qué hay abajo además del petróleo, y esto requiere de una cierta certidumbre para poder explotar sin riesgos. Eso es algo que se viene arrastrando de 10 años, cuando surgió el conflicto que llegó a la Corte Suprema.

El tema hidrogeológico ya era una carencia, así que la preocupación es que en 10 años no hemos avanzado en este tema. Igualmente hay herramientas para utilizar, está la Audiencia Pública.

-¿Qué expectativas tienen respecto en la Audiencia Publica?

Las expectativas son diversas. Considero que la Audiencia Pública, a pesar de su falta de credibilidad, es una herramienta muy poderosa, porque tiene efecto jurídico importante. Si uno sabe manejarse dentro de ese ámbito de participación puede obtener muchas cosas importantes, puede presionar a las autoridades y obligarlas a que tomen ciertas y determinadas medidas para asegurar la preservación del ambiente y la regularidad del trámite administrativo. Pero cuando uno va a la Audiencia Pública, y está pasando mucho últimamente, hay una cantidad de personas que van -que no son ni afectados directos ni interesados, en el sentido de lo público- y arman lío, dejan hablar poco y la autoridad hace poco para llamar al orden.

En este sentido del relajo, del incumplimiento de la ley, también la instrucción de las audiencias públicas ha ido perdiendo más credibilidad. Porque las audiencias públicas son una instancia de participación muy importante y en Mendoza se han logrado cosas importantísimas, pero en sí mismo el proceso se ha viciado.

-A nivel de la población, ¿este tema se está discutiendo?, ¿cómo fue tomada la noticia?

Creo que respecto a este tema hay una mayor conciencia ambiental en Mendoza que hace 10 años. En aquel momento pocos conocían el tema y después, con todo lo que pasó, se hizo como un caso emblemático.

No han sido muy positivas la reacciones, en términos generales. De todas maneras la actividad petrolera tiene una historia muy larga en la provincia y tiene una mayor licencia social que otras actividades como la minera, que prácticamente no la tiene.

-Cuando decís que no fueron muy positivas, ¿a qué te referís específicamente?

Hay una idea general de que este gobierno está haciendo las cosas mal, que con sus decisiones está privilegiando a pequeños sectores en desmedro de amplias mayorías. Hay toda una idea, que está dando vueltas en la población, que lleva a desconfiar de todo este proceso.

El gobierno tiene un descrédito enorme, la ciudadanía ha perdido la confianza en el sistema político. Debo recalcar que Mendoza siempre tuvo una institucionalidad pública, que no puedo decir que ha sido modelo, pero siempre ha tenido una mayor calidad que en el resto del país. Mendoza nació, creció y se desarrolló gracias a una institucionalidad pública que respetó el imperio de la ley, la independencia de los poderes, y hoy eso no está a la vista. Fundamentalmente con las dos últimas administraciones, la radical y la peronista.

Llancanelo tiene dos leading case, dos casos paradigmáticos, dentro del derecho ambiental nacional. Pareciera ser que no se ha aprendido mucho de todo este proceso. En algunos sectores pareciera que esto no ha calado y espero que este procedimiento se encarrile, que comience a ser regulado con mayor control. Creo que estos pasos finales que quedan hacia la aprobación o hacia la probable aprobación del proyecto son decisivos para saber si hemos aprendido de estos 10 años de lucha. De la parte nuestra vamos a seguir manteniéndonos en la misma postura, vamos a controlar que el procedimiento sea regular, que no se vulnere ningún derecho y, si llegara a ser el caso, apelaremos a todas la herramientas que hemos venido utilizando y que nos han ido dando éxito: las administrativas y las judiciales. Pero nos gustaría creer que no va a ser necesario y que se puede llegar a un procedimiento que respete la ley y que preserve el ambiente.

Notas relacionadas:
*Mendoza: YPF relanza su plan para extraer petróleo en Llancanelo

*Áreas (des)protegidas: el avance de la frontera extractivista

Referencias:
[1] El artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un medioambiente sano fue incorporado en la reforma de 1994.
[2] Julio Cobos es actualmente vicepresidente de la Nación.
[3] Morales, Víctor H y otro c/ Provincia de Mendoza, s/ nulidad del decreto 986/85 de la Provincia de Mendoza. http://www.dsostenible.com.ar/leyes/jurisp-sobre-impacto.html
[4] Se refiere a los bloques que estaban en poder de la Nación y pasaron a las administraciones provinciales a partir de la “federalización” de los hidrocarburos.

http://opsur.wordpress.com/2010/02/17/llancanelo-un-exquisito-bocado-en-la-mesa-de-repsol/#more-7599