Los puesteros se resisten a dejar el lugar donde viven, trabajan y crían a sus hijos. Dicen que no pueden sobrevivir de otra forma.
"La ley persigue con constancia y ansia al que roba una gallina de una estancia, pero se vuelve suave, blanda y fina con el que roba la estancia y la gallina", decía un sacerdote Jesuita.
La metáfora tiene que ver con que unos 50 campesinos están imputados por resistirse a ser desalojados de sus tierras, afirman desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST).
Esta situación hizo que miembros de esa organización presentaran un escrito denunciando el problema ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. También manifestaron a las autoridades judiciales que los juicios que se realizan para reclamar la propiedad de la tierra iniciados por personas que llevan más de 20 años produciendo en una finca "están cajoneados".
También revelan diferentes amenazas que deben soportar los puesteros para que abandonen la tierra que trabajan.
Conflictos por la posesión
Los conflictos por la posesión de la tierra muestran las diferentes estrategias a las que se puede apelar para ocupar un predio. "En nuestra provincia el derecho a la tierra de las familias campesinas y de la agricultura familiar está violado sistemáticamente", sostiene Diego Montón, miembro de UST.
Y agrega: "La Justicia mendocina en muchos casos discrimina a los campesinos que tienen legítimos derechos de posesión. Las denuncias que estos realizan son cajoneadas mientras que las que efectúan de manera maliciosa los empresarios son rápidamente derivadas a la Justicia penal", indican en el escrito presentado a la Suprema Corte.
Montón considera que "de esta manera se intenta criminalizar a los campesinos que defienden sus tierras. Los conflictos en su mayoría son de carácter civil y es allí donde deberían dirimirse, salvo los casos en los cuales los empresarios intentan turbar la posesión campesina de manera violenta".
El escrito indica también: "La Justicia debe reconocer la posesión comunitaria que realizan históricamente las comunidades campesinas e indígenas. Los fiscales deberían ser imparciales y respetar los derechos posesorios de los campesinos. Además la ley provincial de arraigo es ignorada por jueces y fiscales, como si la misma no existiera. La mayoría de las familias campesinas están sobre títulos privados muy superpuestos entre sí y con claros derechos posesorios a favor de los campesinos".
Con la topadora
Corría junio de 2007 cuando a Blanca Montenegro le dijeron que la tierra en la que vivía con sus padres y criaba animales para vivir, ubicada al norte de Jocolí, no le pertenecía. A los quince días, mientras los padres de Blanca estaban "trabajando y amamantando animales en el corral", se les volvió a pedir que desalojaran la finca.
Al negarse nuevamente a abandonar el lugar ingresó una "máquina a trabajar en el campo, desmontando, dejando sin comida a las cabras, afectando todos los derechos de la familia", indica la denuncia presentada ante la Defensoría del Pueblo. Luego de distintas acciones realizadas por la UST, se recuperó el campo y hasta le reconocieron derecho a riego.
Matones
También José Doril Quintero ha tenido problemas con un predio ubicado en el kilómetro 3.338 de la ruta 40 en Jocolí. "Estoy aquí desde 1983. Vine a Mendoza en el 78, después del terremoto de Caucete en San Juan. Este lugar estaba abandonado, me instalé y comencé a trabajar como puestero con los animales".
José, en diálogo con Los Andes, explicó que los problemas comenzaron en 2006 en su finca de 54 hectáreas. "Han intentado desalojarme con matones y amenazas de todo tipo, pero no han podido. A otros vecinos de la zona sí los han corrido y les han sacado la tierra que tenían". José cuenta que "en tres oportunidades aparecieron matones tratando de quedarse con mi terreno. Además nunca trajeron una orden judicial que ordenara el desalojo ni nada".
El puestero se queja porque lleva más de 20 años ocupando ese lugar y la Justicia "todavía no me reconoce la propiedad del terreno. El juicio va muy lento".
Alambrado
Montón cuenta el caso que se registró entre 2005 y 2007 en San Rafael. A 40 kilómetros al sur de esa ciudad está la comunidad Los Leones "en la que viven 16 familias desde hace cuatro generaciones en un campo comunitario donde crían vacas, ovejas y cabras, con algunos caballos, usando vertientes con las que también tienen sus huertas y pequeñas parcelas de alfalfa".
Montón recuerda que tres abogados de san Rafael compraron las mejoras de un puesto y "a partir de allí intentaron alambrar 10 mil hectáreas, dejando sin posibilidades de producción a las familias. En el proceso, que ha sido muy violento, se han llevado a cabo alambrados compulsivos, rodeo judicial para desalojar animales y allanamientos. Se hizo todo eso y hoy el campo sigue en manos de los campesinos que lo recuperaron, pero hay cinco personas procesadas por oponerse a dejar su tierra", explica Montón.
Cercano Oeste
Montón también se lamenta por la situación que padece Dina y Rolando Órdenes, quienes resisten en un predio ubicado en Gualtallarí, departamento de Tupungato, "un gran campo del Ejército Nacional en el cual vivían desde hace generaciones varias familias de campesinos". Con intimidaciones y amenazas dejaron el lugar 8 familias, pero Dina y Rolando resisten.
Montón deja claro que esa actitud no es gratuita: "Eso implica soportar amenazas con armas de fuego y alambres, causas judiciales, robos de animales y destrucción de vehículos; mientras que los que quieren ocupar tienen causas penales archivadas en la Justicia". El miembro de UST indicó que "Ángel Bazán es el que se ocupa de sacar a las familias ".
Una nota del diario Crítica publicada a fines del mes de noviembre, confirma los dichos de Montón. "Lo que quieren es que nos vayamos. Pero no nos vamos a ir después de 70 años", les comentó Ruperto Giménez, esposo de Dina, al matutino porteño. Gastón Bustelo - gbustelo@losandes.com.ar
Quema de casas
En el informe "El Campo Argentino. Movimiento Nacional Campesino e Indígena", realizado por la cátedra Unesco en sostenibilidad, se indica que en Mendoza "muchas familias carecen de acceso a la tierra y al agua, además de ser sometidas a desalojos, con quemas de casas y violencia policial.
Aunque algunas familias han sido desalojadas violentamente, hay una gran cantidad de familias que han vivido por largo tiempo en tierras fiscales, dedicándose a la crianza de ganado vacuno y caprino. Sin embargo, éstas, al no tener títulos, se ven sometidas a frecuentes amenazas de desalojo".
Familias agrupadas
La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), está conformada por más de 500 familias ubicadas en los departamentos de Lavalle, San Martín, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe. De esta forma, tratan de cumplir su objetivo, que es hacer llegar aquellos reclamos que, por las vías burocráticas, no han sido solucionados.http://www.losandes.com.ar/notas/2010/1/4/sociedad-465346.asp
No hay comentarios:
Publicar un comentario