El financiamiento minero a las universidades y su rol ante el avance extractivista

Por el Lic. Federico Soria* - Especial para La Voz de la Tierra

La ley nacional 14771 data de 1958 y otorga
a la Universidad Nacional de Tucumán
(UNT) la propiedad de varios yacimientos
mineros de esa provincia y de Catamarca,
entre los que destaca «Aguas del Dionisio»,
donde se encuentra la Mina La Alumbrera;
por lo tanto, esta universidad pública, es
parte de la sociedad que desarrolla dicha
explotación, una corporación cuyos directivos
actualmente están procesados en la
justicia por contaminar tres provincias y por
contrabando de metales.
Como parte de esta sociedad, la UNT recibe
anualmente 100 millones de pesos de
ganancia por su parte accionaria en la sociedad
minera. De esta suma, la mitad se
queda en esta alta casa de estudios y la
otra mitad conforma un fondo que debe ser
repartido entre todas las demás universidades
públicas del país.
El debate se plantea en si las universidades
deben o no aceptar dichos fondos, provenientes
de una actividad extractiva actualmente
cuestionada por los problemas ambientales,
sociales y económicos que provoca
en las regiones donde se lleva a cabo,
y la consecuente pérdida de independencia
y desprestigio ético que tal actitud provoca.
Las universidades públicas, por su carácter
de instituciones autónomas del estado,
constituyen uno de los pocos actores de la
sociedad capaces proveer de saberes técnicos
independientes; por eso deberían ser
capaces de echar luz, no sólo a las comunidades
directamente afectadas por esta actividad,
sino a la opinión pública de todo el
país, que necesita ilustrarse respecto del
trasfondo de las decisiones que toma el
gobierno cuando administra el patrimonio
de todos los ciudadanos, como lo es el conjunto
de recursos naturales explotados y los
otros que conforman el sistema natural con
riesgo potencial de ser afectados. Lejos de
esta situación ideal lógica hasta para el más
elemental sentido común, actualmente,
muchas instituciones universitarias están
trabajando al servicio de estas corporaciones,
situación exhibida como grandes logros
en materia de entendimientos académico-
empresarios.
En el medio local no deja de sorprender
este tipo de actitudes entendidas como connivencia,
tal como ha ocurrido en diversos
casos que han sido rechazados no sólo por
las comunidades afectadas sino incluso por
los poderes del estado, como por ejemplo
los proyectos mineros Papagayos, Ninu y
Picos Bayos que se iban a llevar a cabo en
El financiamiento minero a las universidades
y su rol ante el avance extractivista
Por el Lic. Federico Soria* - Especial para La Voz de la Tierra
torno a la Laguna del Diamante, la Mina
Paramillos ubicada en la Reserva
Villavicencio, la cantera La Mine de San
Carlos, la explotación petrolífera en la Laguna
Llancanelo, la remediación a medias
de Sierra Pintada, etc; todos proyectos que
en algún momento tuvieron la rúbrica universitaria
y finalmente fueron rechazados
por algún ámbito estadual, por constituir una
amenaza ambiental de grandes proporciones,
alertados exclusivamente por la demanda
social, que pareciera no tener asidero
en las casas de altos estudios.
La visión sesgada, el discernimiento inhibido,
la ideologización conceptual de postulados
que pertenecen exclusivamente al
ámbito técnico científico (como por ejemplo
el concepto de desarrollo sustentable, tan
bastardeado por el sector minero), la imposición
coercitiva de criterios pragmáticos
carentes de visión y concebidos sólo bajo
el influjo de las desmesuradas ambiciones
particulares que movilizan este tipo de explotaciones,
todas estrategias de imposición
insufladas por capital minero que permanentemente
lesionan la buena fe y la dignidad
de las personas; sin embargo las universidades
relativizan estas acciones, con
los mismos argumentos que las propias
empresas, invirtiendo así la direccionalidad
del proceso de aprendizaje, o sea, las universidades
ya no revelan conocimiento, eso
ahora lo hacen las corporaciones a su antojo,
incluso hacia las propias instituciones
educativas y de investigación que pasan a
ser influenciadas.
Son instituciones universitarias las que
avalan a los técnicos que asesoran a las
empresas mineras para optimizar al máximo
el sistema de extirpación, saqueo y devastación
del patrimonio nacional. Las universidades
además preparan el terreno para
que dicha optimización se lleve a cabo sin
contratiempos, plasmando su firma en informes
de impacto ambiental cuya finalidad
excluyente es sortear el trámite administrativo
correspondiente y no minimizar las afectaciones
y los riesgos. Son también instituciones
universitarias las que rubrican dictámenes
sectoriales pagados por las propias
empresas mineras, sin siquiera utilizar el
marco cognoscitivo básico sustentado en
la veracidad empírica (no hablemos entonces
del más elemental razonamiento lógico
que permanentemente es burlado, como si
la gente fuera idiota y no se diera cuenta),
basándose sólo en la información recortada
brindada por las empresas que pagan al
extenso séquito de profesionales de esas
universidades que intervienen en la elaboración
de esos informes sectoriales (obvio,
sin dejar de cobrar su sueldo del estado).
Son también instituciones universitarias las
que se prestan para avalar acciones de ficticia
gestualidad hacia la comunidad que
con anuncios rimbombantes muchos iluminados
pretenden denominar licencia social
empresaria, aval que buscan para pagar
menos impuestos, porque todos sabemos
que las erogaciones llevadas a cabo por
las empresas mineras para suplir las deficiencias
en las prestaciones del estado tienen
un doble costo para éste, por ejemplo,
si una minera "dona" una escuela, un hospital,
la planta de agua potable, etc. estas
supuestas donaciones le cuestan al estado
el doble de lo que erogaría si las hiciera por
motus propio, ya que las mineras efectúan,
haciendo uso y abuso de sus innumerables
beneficios legales, la doble deducción del
costo de estas obras al impuesto a las ganancias
que deberían pagar si estas obras
las efectuara el Estado. Ninguna institución
universitaria nos ha develado estas y demás
acciones encaradas por el poder político-
empresario encaminadas a garantizar
la vulnerabilidad fiscal aceitada para delinquir
con fino guante blanco.
El caso más reciente que no deja de sorprender
es el gran apoyo de las universidades
al Proyecto Minero San Jorge, cuyo informe
de impacto ambiental ha sido cuestionado
por importantes sectores de la comunidad,
acusando incluso a la minera y
su consultora socia de manipulación de datos
y falsedad ideológica, sin embargo ninguna
de las universidades financiadas por
el capital minero ha observado estas irregularidades
ni ha planteado modelos de
desarrollo alternativos al exacerbado
extractivismo minero, petrolero, nuclear,
sojero, forestal, pesquero, ganadero, de
construcción de represas insustentables,
como las que tenemos en Mendoza, de
obras de infraestructura innecesariamente
onerosas, como por ejemplo los innecesarios
desmontes y movimientos de suelo que
se efectúan cada vez que se construye una
ruta nueva, pensadas sólo para que las
empresas constructoras embolsen más y
más dinero y las obras nunca se terminen,
la ingeniería inculcada en las universidades
pareciera no haber reflexionado o tomado
conciencia de ello.
Las universidades públicas, como instituciones
del estado, o sea de todos, nos deben
un debate ético y científico, no sólo sobre
la decisión de recibir estos fondos cuestionados,
si no sobre el papel que deben
tener ante la irrupción de estos modelos de
dudoso desarrollo y caducidad asegurada
que sólo benefician a un selecto grupo de
personas, en detrimento del colectivo social.
La inclaudicable aceptación de estas
dádivas, ligada a la obsecuencia de sus
acciones, no deja de dar lugar a suspicacias.
Y a los hechos me remito: ninguna institución
universitaria ha puesto en debate el
rédito que tiene la conservación de la naturaleza
y los servicios ambientales por sobre
los proyectos megamineros, no sólo
para proteger la biodiversidad, si no también
para plasmar una experiencia de vida
armónica con la naturaleza que garantice
el crecimiento económico del pueblo mendocino
y de todos los pueblos cordilleranos.
Es lo que ocurre con el Proyecto minero San
Jorge, allí donde quieren llevar a cabo una
explotación megaminera debería haber una
reserva natural o un parque nacional, es lo
que más le conviene al colectivo social,
porque hay singularidades ambientales y
valores universales de conservación que
van a ser destruidos para siempre, ninguna
universidad lo ha manifestado a pesar de
que la totalidad de los argumentos legales,
técnico-científicos, sociales y económicos
inculcados y aprendidos en los propios
claustros académicos así lo determinan.
Lic. Federico Soria

* Federico Soria es Lic. en Turismo, Especialista
en Administración de Áreas Naturales Protegidas.
Técnico en Conservación de la Naturaleza.
Se desempeña como Técnico Profesional de la
Administración de Parques Nacionales. Ex director
Pcial. de Áreas Protegidas. Asesor de diferentes
ONG y asambleas ambientalistas del país.