En la capital de la provincia cuyana, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), marchó para denunciar y escrachar la persecución y criminalización de campesinos y campesinas de toda la provincia, las trabas para acceder al agua y los constantes intentos de desalojos que sufren por parte del estado y los privados. Por Colectivo La Minga.
Miércoles 10 de la mañana y el sol anuncia el calor de la primavera mendocina. Hace tres días nomás que la nieve marcaba su presencia en todo el territorio provincial y los sectores urbanos del gran Mendoza veían, en esta oportunidad, la simpatía de la nieve y las esculturas obligadas cuando los copos se presentan en la ciudad. Paralelamente, en la tierra profunda de los cuatro puntos cardinales, campesinos y campesinas ven que sus vidas están sumidas en la precariedad de un sistema que oprime e intenta desalojarlos de sus tierras. Son campesinos e indígenas. Son personas que producen y viven donde los mapas marcan que sólo hay desierto. Son cuerpos y sentimientos que aran la tierra sin paquete tecnológico. Producen vinos sin pensar en concursos extranjeros o si Mendoza es capital internacional del vino.
La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). A nivel mundial construyen dentro de Vía Campesina. Desde inicios de 2001, distintas organizaciones populares de Lavalle -norte de Mendoza- comienzan a reunirse para buscar una alternativa a la crisis y en el año 2002 pisan el asfalto que conduce al municipio para denunciar la situación del campesinado y la necesidad de reconocimiento de tierras para producir. Estamos en 2009 y varios compañeros y compañeras se encuentran procesadas por la justicia, a partir de tomas de tierras fiscales y otras abandonadas. La situación del campesinado sigue en situaciones similares o peores de las que denunciaban en los inicios de esta década.
La UST, con una convocatoria basada en la reafirmación de la “soberanía alimentaria” como modo de construcción y relaciones entre las más de 500 familias que hoy viven organizadas marcharon por el microcentro de la capital mendocina para denunciar nuevamente la situación en la que viven. Mientras la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, otorgan el 95% de los recursos al fomento y desarrollo de los agronegocios (soja, colza, entre otros); las familias campesinas intentan ser desplazadas de sus tierras, para servir a los intereses de los sectores de poder de esta parte del mapa. El caso más emblemático es el de Teófilo Aruani (profesor de Derecho Romano de la Facultad de Derecho de Universidad Nacional de Cuyo) quien el año pasado intentó desalojar a fuerza de topadora a la familia que vivía en su puesto desde hace décadas y cuya consecuencia fue la destrucción de la casa. Su argumento era que tenía un título de propiedad siendo que la familia hacía más de ochenta años que vivía y cultivaba esas tierras.
Curte el sol el cuerpo de inicio de siembra sobre la Pacha Mama. “No somos Campo somos Tierra” decía el Movimiento Nacional Campesino en plena disputa por la 125, que imponía una suba en las retenciones a la soja, principalmente. “No somos la Mesa de Enlace ni el Gobierno, somos campesinos y campesinas y pedimos tierra, agua y justicia”, decía Renato de Jocolí Norte. La marcha, que recorrió gran parte del microcentro, inició la concentración, a las 10 horas, en Mitre y Barcala, para comenzar el periplo que los llevaría cerca de las 13 horas a la Legislatura provincial, con una feria de productos de la Lucha Campesina. A lo largo del recorrido se hicieron paradas en distintas instituciones estatales y privadas. La Dirección General de Irrigación, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Casa de Gobierno, Palacio Judicial, Bodegas Argentinas y Legislaturas; fueron las paradas en las cuales repudiaron las políticas de exclusión, en las cuales se continúa favoreciendo a los grandes productores, capitales extranjeros y transnacionales.
La primera parada fue el Departamento General de Irrigación, el cual está a cargo de Eduardo Frigerio, quien en la audiencia pública no vinculante, antes de ser aprobado su pliego en la Legislatura, para quedar al frente de la institución que regula y autoriza los permisos de agua; fue fuertemente cuestionado por las organizaciones sociales por tener una empresa constructora que había realizado varias de las obras de acondicionamiento de canales en Lavalle y Valle de Uco. Curiosamente, hoy en día, posee tierras en el área de Lavalle y San Carlos. Tierras que se encuentran exactamente en los territorios donde realizó las obras para Irrigación antes de ingresar a la Superintendencia del organismo. El fuerte cuestionamiento, desde el punto de vista ético, por parte de diversas organizaciones sociales, de todas partes de la provincia, no fue atendido por los legisladores y fue aceptado al frente del ente autárquico, en votación secreta. Frigerio, a su vez, fue denunciado en la misma audiencia por la Asamblea Mendocina por el Agua Pura (AMPAP) por sus fuertes relaciones con la megaminería, ya que había hecho obras en los campamentos de la Barrick Gold en el emprendimiento Veladero en San Juan. En ese contexto el silencio de Irrigación y las complicidades que posibilitan el rechazo al acceso al agua por parte de la UST para tierras en Jocolí, es compensado con el visto bueno del mismo ente a una finca de una empresa agropecuario particular lindera a las tierras del campesinado organizado de Lavalle.
“¿Qué somos? Campesinos. ¿Qué queremos? Tierra, agua y justicia”. El grito de las más de 300 personas que se encontraban en la puerta de la Casa de Gobierno para reclamar sobre las políticas que lleva adelante el gobierno del kirchnerista Celso Jaque, gobernador de Mendoza. Un grupo de militantes de la UST ingresaron a hablar con el Secretario de Agricultura provincial y otros funcionarios de la cartera. Radio Comunitaria Cuyum logró transmitir la reunión en directo y reflejar la instabilidad política que vive hoy el gobierno provincial, con múltiples peleas internas y cuestionamientos a funcionarios de gobierno de primera y segunda línea, al difundir la discusión que se dio al interno del gobierno en el momento de la reunión con la UST. Similar situación se vivió en la Legislatura, cuando una comisión de la organización campesina ingresó para tener una reunión con legisladores de la Cámara de Diputados. Los diputados: Dávila, Martínez y Diaz del PJ, por un lado, y los diputados: Montserrat, Molero, Infante del CONFE (partido de Julio Cobos) por el otro. En una reunión, donde diputados y diputadas estaban más preocupadas por sus intereses particulares, las palabras de la UST marcaron claramente las diversas problemáticas en las cuales se encuentran. Sin embargo, lejos de dar respuesta los representantes de la cámara baja, fue una disputa por desplazar el conflicto al municipio de Lavalle, que por estos días responde al PJ y la UST mantiene una fuerte lucha contra la gestión.
Las columnas de la marcha al llegar a la Legislatura fueron recibidos por una feria de productos campesinos, que mostraron una vez que, la organización y la lucha, son caminos que permiten construir dignidad y vida. El Duo Anagrama, integrado por Alejandro Sicardi y Paula Casciani, puso canto y música a la concentración final Entre escarches, místicas y lucha; la Unión de Trabajares Rurales Sin Tierra puso en relieve sus ejes de protesta, basados en la redistribución de los recursos del estado y acciones para defender y promover la agricultura campesina; a la vez de exigir se detengan las políticas de desalojos y criminalización de los campesinos y campesinas organizadas.
Dice el campesino atento que la tierra es de quien la trabaja. Dice la hermana originaria que la Pacha Mama, el hombre y la mujer son uno y una en la vida. El reflejo del rayo de luz apunta directo a un cartel, cuya silueta dice: “¡Tierra, Agua y Justicia para una vida digna!; por Soberanía Alimentaria y Reforma Agraria Integral.
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