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La cuestión de si la minería contamina o no, y si realmente se justifica en términos económicos que Mendoza ceda sus yacimientos a empresas internacionales, está en discusión estos días. Y si bien el Gobierno provincial intentó calmar los ánimos convocando a entidades científicas y académicas, organizaciones no gubernamentales y al público en general a una consulta pública para que se interioricen de los detalles del proyecto minero San Jorge, que planea explotar cobre y oro en Uspallata durante 17 años, las críticas persisten.
Ahora es La Coalición, encabezada por Luis Leiva y Roberto Vélez, la que dijo que la convocatoria a una consulta pública que realiza el gobierno "es una maniobra distractiva" intentando "hacerle creer a la gente que esta consulta será vinculante, cuando en realidad no lo será".
Según Leiva y Vélez, referentes del partido de La Coalición, el gobernador intenta "distraer" a la ciudadanía haciéndole creer que la consulta será vinculante y que la opinión de los mendocinos será tenida en cuenta, cuando "el final está cantado" y no sería otro que el permiso para que la empresa canadiense explote los yacimientos de oro y cobre ubicados en Uspallata, Las Heras.
Ambos hombres han tomado el tema de San Jorge con una postura crítica, rechazando la explotación de esta mina, pero no por una cuestión puramente ambiental, sino por un tema legal mucho más profundo.
Es que Leiva y Vélez sostienen que la minería sustentable es posible y señalan que en otros lugares del mundo las empresas responsables de la explotación utilizan técnicas no contaminantes, que podrían llegar a aplicarse en la provincia.
Sin embargo, cuestionan que Mendoza necesita una legislación respecto a la minería que le sea más beneficiosa. Es decir, replantear los números establecidos en la ley nacional (a la cual adhiere Mendoza), por lo que la empresa sólo deberá dejar el 3% en conceptos de regalías, que, de acuerdo a los números que se manejan, a Mendoza le representaría unos 12 millones de pesos anuales.
Además, sostiene que la "maniobra distractiva" apunta a que pase desapercibido la supuesta violación que hace este proyecto de la ley de usos del suelo recientemente aprobada.
Es que Leiva y Vélez aseguran que la intención del gobierno de Jaque y del de Rubén Miranda, intendente de Las Heras, es poner en marcha la explotación del yacimiento antes de que la norma se instrumente, proceso que llevaría unos tres años.
En este marco de críticas, los referentes de la Coalición piden públicamente a los legisladores mendocinos que actúen como "caja de resonancia de la actividad" y tomen cartas en el asunto. Para ellos la medida más viable y urgente que deberían tomar es ponerle fin a la adhesión a la ley minera nacional para que la recaudación que pueda llegar a lograr la provincia por la explotación de San Jorge sea más abultada que "una sexta parte del presupuesto anual que maneja el Hospital Central".
Además, les solicitaron públicamente a los concejales de Las Heras que investiguen los "aprietes y amenazas" que recibieron cientos de vecinos de Uspallata que intentaron manifestarse en contra de la explotación de los recursos naturales no renovables.
"Miranda tiene la camiseta de la empresa puesta, el fue el vocero...", advirtió Vélez.
Además, sostuvo que "es un método bastante habitual en el gobierno de Miranda que lleguen avisos de deudas de tasas municipales y amenaza de quitas de tierras cuando algún sector se manifiesta por algo".
"El Concejo Deliberante tiene que investigar quiénes son los funcionarios directamente involucrados con este tipo de amenazas", exigió Vélez.
http://www.mdzol.com/mdz/nota/154296
1 comentario:
Soy Gabriela Antolin, estoy en contra de la minera y kiero ver kien vas a ser el primero q se atreva a amenazarme.
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