El término desarrollo sustentable, sostenible o perdurable, según la declaración de Río se define como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.
El ámbito del desarrollo sustentable puede dividirse en tres aspectos: ambiental, económico y social. Por consiguiente cuando se hace un informe de impacto ambiental no se debe descuidar o minimizar ninguno de estos ítems.
De allí la pregunta que me hago al leer el informe presentado por Minera San Jorge, de donde se desprenden una serie de fallas y omisiones alarmantes. Dice textualmente este informe: “Incremento de problemáticas sociales vinculadas a la salud y la seguridad: el potencial incremento del ingreso económico en las localidades vinculadas al Proyecto, así como la radicación y circulación de un número mayor de personas en áreas cercanas a él podrían ocasionar problemas sociales como prostitución, consumo de drogas y alcohol, delincuencia y aumento de enfermedades trasmitidas sexualmente” (Pág. 366) ¿Lo acepta Uspallata?
“La evidencia de una huella que hipotéticamente podría corresponder a la evidencia del camino incaico, es de suma importancia, no sólo para la arqueología local, ya que la red vial incaica trasciende lo que actualmente se entienden como límites políticos nacionales e internacionales. Se reitera que este camino incaico no coincide con la ubicación de ninguna de las instalaciones de mina, planta e infraestructuras del Proyecto San Jorge, excepto su cruce con el camino de acceso”• (Pág. 53)
“El explosivo utilizado es una combinación apropiada de ANFO, emulsión y detonadores. Se estima que la operación requerirá de unos 208 g de explosivos por cada tonelada de material de voladura, incluyendo mineral y escombro; esto implica para los niveles de producción previstos, los siguientes valores máximos, medios y mínimos de consumo anual: Máximo: 6.660 toneladas, Medio: 4.786 t y Mínimo: 2.912 t” (Pág. 301)
¿Estamos dispuestos los mendocinos a aceptar esta minería que para ser rentable necesita el gas oil a $ 0,50, que requiere subsidios especiales que ninguna otra industria posee?
¿Aceptamos que esto se haga en nuestra cordillera, aguas arriba de nuestras casas? ¿Acaso nuestros glaciares no tienen valor alguno para el futuro? ¡6.660.000 kilos de explosivos allí arriba, tan cerca del Aconcagua! ¿Es acaso esto sustentable?
Reza un cartel en la entrada al Departamento General de Irrigación: “AGUA ES FUTURO”, ese es el concepto de sustentabilidad que plantearon a finales de 1.800, quienes redactaron la Ley de Aguas, y no se equivocaron. No cometamos el error histórico de entregar el agua de nuestras montañas, que vale más que el oro, seguramente nuestros hijos y nietos lo agradecerán.
El proyecto dejará en la provincia insignificantes impuestos en relación a los montos que la explotación generará a favor de la empresa minera, gracias a la legislación minera de la época del menemismo, en donde el Estado nacional incluso termina pagando a la empresa, si exporta por puertos patagónicos.
Saquean nuestros recursos prácticamente gratis, dejando tras de sí su estela de contaminación, de uso del recurso hídrico escaso, del recurso eléctrico también escaso y de todo lo que la provincia tiene que aportar en caminos y obras de infraestructura para que saquen el cobre con el oro adosado y vaya a saber que otros minerales que procesarán en el extranjero, Una situación peor aún que la que teníamos en los tiempos coloniales, donde por lo menos procesaban “in situ” algunos de los minerales que los europeos se llevaban en lingotes.
Dejar que destrocen nuestra cordillera por unos pocos puestos de trabajo durante dieciséis años para poco más de un centenar de personas que es en definitiva el plantel que la empresa tendrá, nos parece poco, a más de resistir toda lógica.
Antes de autorizar cualquier otro mega emprendimiento minero hay que modificar la ley de minería o más precisamente de saqueo con que contamos, generar una propia legislación provincial que contemple mejor la cuestión ambiental, social y los factores económicos como lo es la obligación de instalar las industrias de procesamiento en nuestro suelo y exportar el producto terminado y no que salgan sin control materiales en bruto, que llevan diversos minerales adosados, muchas veces con metales preciosos o las llamadas tierras raras usadas en desarrollos tecnológicos de última generación, entre otros.
Resulta evidente y es sumamente penoso constatar que este gobierno provincial, sin rumbo, sin credibilidad, sin ideas y con futuro incierto, percibe en este tipo de entrega la posibilidad de obtener poder económico en beneficio de unos pocos y en desmedro de los mendocinos.
Ante ello, solo nos queda reflejar la verdad y organizar desde la sociedad la resistencia a la entrega, como en otros tantos momentos de nuestra historia. Por ello la pregunta que preside este artículo: ¿Este negocio minero a quién beneficia? Evidentemente, no a los mendocinos.
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