Piden la inconstitucionalidad de la ley que frena la minería contaminante

Antes de la aprobación de la norma hubo reclamos a favor y en contra de la actividad. Eduardo Luis Ayassa eayassa@losandes.com.ar Una empresa minera presentó una demanda contra la Provincia de Mendoza. Lo hizo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en su reclamo pide que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial 7.722, conocida como "Ley Cobos" y por la cual se prohíbe a la industria minera el uso de cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias tóxicas. La presentación la concretó Energía Mineral SA (EMSA), con capitales internacionales, cuyo principal objetivo es la exploración de uranio en distintas provincias de la Argentina, entre las que se encuentra Mendoza. Según se informó, la acción fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no ante la Justicia mendocina, basada en la letra del artículo 117 de la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte, que hablan de los juicios en los que sea parte una provincia y se discutan materias de carácter federal (como violaciones a la Constitución Nacional y tratados internacionales) que corresponden exclusivamente a la jurisdicción del más alto tribunal del país. La letra atacada La Ley Provincial 7.722, sancionada por la Legislatura mendocina en junio de este año, prohíbe el uso del cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y "otras sustancias tóxicas similares", pero únicamente para la industria minera y establece que las declaraciones de impacto ambiental requeridas para todas las etapas de esta actividad deben ser ratificadas por una ley provincial. Las empresas radicadas en Mendoza pueden usar estas sustancias siempre y cuando su actividad no esté relacionada con la minería. Con esa base, la presentación -hecha por la empresa de origen canadiense- se fundamenta en la acción declarativa, asegurando que esta norma es “discriminatoria y viola el derecho a la igualdad ante la ley, establecido por el artículo 16 de la Constitución Nacional”. También se afirma que la minería es una actividad declarada de interés público por el Código de Minería y está protegida por el Artículo 14 de la Constitución Nacional, que otorga a los habitantes de la Nación el derecho a ejercer toda industria lícita. “El ácido sulfúrico y el cianuro son sustancias indispensables para la actividad minera, por lo cual prohibir su uso equivale a prohibir la minería en Mendoza y viola el derecho constitucional de ejercer una industria lícita”. Finalmente y después de calificar la ley como “discriminatoria y arbitraria”, en el escrito se señala que además dicha norma viola también la garantía de "trato justo y equitativo", establecida en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre la Argentina y el Canadá. La demandante Energía Mineral SA (EMSA), subsidiaria de Calypso Uranium Corp., según un comunicado, dice ser “una empresa cuyo principal objetivo es la exploración de uranio en distintas provincias de la Argentina, implementando sus programas de prospección y exploración, dentro del marco de minería moderna, sustentable y responsable”, destacando que es “la única dedicada a la minería de uranio con un programa de Seguridad y Protección Radiológica, bajo estándares internacionales y de aplicación interna y externa”. Ahora sólo resta esperar el fallo de la Corte Suprema. “Se necesita una sociedad comprometida para recuperar el medio ambiente” La especialista española estuvo en Mendoza y habló con Los Andes. Por Virginia Di Bari Fotos: Diego Parés Aunque su vocación la llevó a transitar los caminos del Derecho Mercantil y Civil, su pasión por la naturaleza hizo que su rumbo cambiara. Hace once años, cuando nadie se involucraba demasiado en los temas ambientales desde el punto de vista legal, la española María Ángeles López Lux comenzó a trabajar como abogada ambientalista para asesorar a comunidades y empresas que sufren porque nadie respeta su derecho de vivir en un lugar saludable. Con el paso del tiempo, esa tarea derivó en la creación de la ONG Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (Acima), que funciona en Madrid y se encarga de que los ciudadanos conozcan su derecho a informarse, a participar en la toma de decisiones y acceder a la Justicia en todo lo que hace a asuntos ambientales, tal como lo afirma el convenio de Aarhus de la ONU, ratificado por España. En su paso por Mendoza, López Lux habló sobre la lucha que lleva adelante y su convicción de que el respeto hacia el lugar en donde vivimos viene de la mano de la sociedad. "Los ciudadanos deben tener el ejercicio de preguntar al poder público qué es lo que se está produciendo o dañando. Tienen que recurrir al Estado porque es el que otorga los permisos y el intermediario para reclamarle a las empresas para que informen de qué manera influyen o no en el medio ambiente", aseguró. -¿Se puede lograr un equilibrio entre medio ambiente, desarrollo social y crecimiento económico? -El desarrollo sostenible, que es el que coordina estos tres factores, es una entelequia. Aún no he visto un ejemplo práctico sobre esto. Una empresa puede hacer una evaluación de impacto ambiental determinada, pero luego ocurren cosas que no estaban detalladas en los informes porque las cuestiones ambientales, muchas veces, son imposibles de prever. -Justamente, en Mendoza la población reaccionó en contra de la explotación minera metalífera porque dudan de que sea una actividad sustentable... -La minería es lo que más impacto genera en el medio ambiente, pero para eso están las nuevas tecnologías. En Europa, en todos los ámbitos, se les obliga a las empresas a adquirir los instrumentos novedosos que existen dentro del mercado con el fin de evitar la contaminación en el medio ambiente. Además, los políticos deben exigirles que apliquen el sistema de compensación: daño que hacen, daño que pagan. -¿Cómo funciona? - En España, si alguien consume un recurso natural y al mismo tiempo provoca un daño imposible de evitar, está obligado a preservar una especie en peligro o algún otro ambiente de la naturaleza que nadie cuide. -De todas formas, en la provincia se aprobó en junio una ley que prohíbe utilizar sustancias tóxicas en la minería a cielo abierto. -Es que es muy simple, puedes consumir el oro pero no cargarte un río. Hay una norma básica que es la preservación de las aguas, una problemática con la que se va a encontrar la humanidad en pocas fechas. Así que todo lo que implique maltratar ese recurso ya es peligroso. El poder de la gente -¿Cómo ve la participación ciudadana en los temas ambientales? -Sin duda, la única forma de recuperar el medio ambiente es a través de una sociedad comprometida con estos temas. De alguna manera se ha puesto a los ciudadanos en la obligación de vigilar, cuando esa obligación debería ser del poder público que autoriza a las empresas a llevar adelante sus proyectos. Los ecologistas -que antes luchaban solos- ahora cuentan con el poder ciudadano que poco a poco comienza a emerger. -Entonces, ¿qué rol debe cumplir el Estado? -Aplicar a rajatabla las leyes que tiene, porque hay exceso de legislación. Lo que pasa es que hay cierta desconfianza por parte del ciudadano de que, pese a las normas, no existe prevención ni control del impacto ambiental. Por eso, la población muchas veces se opone a los emprendimientos de las empresas. -¿Y las empresas, cómo deben colaborar? -Deben trabajar desde la transparencia de la información. Es necesario que hagan públicos sus impactos, y para eso ya existen procedimientos voluntarios y obligatorios. En Europa, por ejemplo, existe un Registro Público de Emisiones. Allí, las empresas declaran cuánto están vertiendo o emitiendo de sustancias para que todo el mundo pueda verlo.