San Jorge: 107 profesionales niegan que el proyecto sea "satisfactorio"

Estimad@s:

El 20 de octubre (anteayer) el Ing. Cristian Pérez presentó a la Secretaría de Medio Ambiente dos informes relativos al proyecto minero San Jorge, cuya Audiencia Pública tendrá lugar el próximo martes 26 de octubre.

Les adjunto uno de ellos, que fue firmado por 100 Ingenieros, 1 Doctora en Astronomía, 1 Magister en Gestión Ambiental, 1 Licenciada en Química, 1 Analista de Sistemas, 1 Desarrollador de Sistemas, 1 Programador Universitario y 1 Profesor de Tecnología, todos ellos integrantes de diversas universidades de Mendoza. Expresa principalmente:

"manifestamos nuestro carácter de independiente del dictamen técnico de impacto ambiental realizado por UTN Facultad Regional Mendoza, peticionando en mérito de las siguientes consideraciones, se tenga presente con los efectos de ley, nuestro rechazo a la conclusión obtenida en el mismo, considerando que la calificación de “satisfactoria” es incorrecta y apresurada a la fecha de dictaminar conforme las siguientes argumentaciones:"

"Tenga presente nuestra OPOSICION a la calificación de “satisfactorio” de la conclusión del Dictamen Técnico de UTN y se otorgue trámite de ley en sede administrativa."

Esa oposición a la calificación de "satisfactorio" por el Dictamen Técnico de la UTN, está basada en una serie de consideraciones enumeradas a lo largo de las 8 páginas del informe.

Saludos cordiales!

Marcelo Giraud

1
Mendoza, 11 de octubre del 2010
MANIFESTACION DE OPOSICIÓN FORMULA RESERVA DE AMPLIAR
A LA:
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Ing. Ricardo Debandi
DIRECCION DE MINERÍA
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Lic. Adriana Blesa
Ref.: Expediente 371-M-08-1583
Informe Impacto Ambiental- Proyecto Minero San
Jorge, Uspallata
Dictamen Técnico - Facultad Regional Mendoza-
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Provincia
de Mendoza
Los bajo firmantes, profesionales, investigadores y docentes de
universidades nacionales y privadas con sede en Mendoza (UNCuyo, UTN Facultad
Regional Mendoza, Universidad de Mendoza, Universidad de Congreso, Universidad de
Aconcagua y de Champagnat), se dirigen a Ud. en los expedientes de referencia y
manifestamos:
1. Domicilio Legal
Que a los efectos de esta presentación administrativa constituimos
domicilio legal en Avenida España 1360 1º piso Oficina 3 Ciudad De Mendoza
2. Antecedentes
Que manifestamos nuestro carácter de independiente del dictamen
técnico de impacto ambiental realizado por UTN Facultad Regional Mendoza,
peticionando en mérito de las siguientes consideraciones, se tenga presente con los
efectos de ley, nuestro rechazo a la conclusión obtenida en el mismo, considerando
que la calificación de “satisfactoria” es incorrecta y apresurada a la fecha de
dictaminar conforme las siguientes argumentaciones:
2.1 Marco legal mal interpretado:
Se observa que no se ha interpretado correctamente la ley provincial 7722
y la ley Nacional 24.051 entre otras a la hora de realizar los estudios correspondientes.
2.1.1 Violación de la ley provincial 7722:
2
Una de las sustancias químicas (isobutil xantato de sodio) que propone
utilizar este emprendimiento de extracción minera es tóxica al disolverse en agua
porque afecta la biota y puede poner en riesgo algún recurso hídrico de la provincia, tal
como está expresado en el Informe sobre Proyecto Minero San Jorge – UNCUYO, y
Dictamen Sectorial del DGI, por lo tanto está en contra del espíritu de la ley provincial
7722:
Se cita el artículo 1º de ley 7722:
A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en
la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el
uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias
tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección,
exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a
través de cualquier método extractivo.
El Dictamen Técnico (p. 77 y 78) no niega sus características tóxicas sino que hace una
comparación química con otras sustancias, lo cual es irrelevante y carece de cualquier
objetividad científica. Además falta una correcta interpretación del marco legal (la
similitud a la que se refiere la ley es en términos de toxicidad no de similitud química).
Referencias: [1][6][12]
2.1.2 Violación a la Ley Nacional 24.051 de residuos peligrosos:
El Isobutil Xantato de sodio se descompone lentamente en alcohol isobutílico y en S2C,
por otro lado la emisión de este último superará 270 veces los estándares de emisiones
gaseosas a nivel de superficie establecidos en el Anexo II, tabla 11, del decreto
reglamentario 831/93 de la ley Nacional 24.051 de Residuos peligrosos y la Ley
Provincial 5.917 que adhiere a la 24.051.
Mas específicamente, de concretarse el proyecto se emitirán 2700 miligramos por
segundo (mg/s) cuando el máximo permitido por la ley es 24.051 es de 10 mg/s.
Además se utilizarán otras sustancias químicas como la poliacrilamida que al
biodegradarse genera acrilamida, sustancia cancerígena cuya concentración en el agua
de acuerdo a la EPA (Environmental Protection Agency) debe ser “cero”.
Referencias: [1][2][6][12]
2.1.3 Posibilidad de Violación a la Ordenanza municipal de Las Heras
Nº 139/96
Ya que la misma declara la zona Valle Uspallata, Área Ambiental Protegida.
Referencias: [6]
2.2- Dictamen Técnico e Informe de Impacto Ambiental Incompletos:
Se observa la ausencia de diversos estudios tanto a lo largo del Informe de Impacto
Ambiental como así también del Dictamen Técnico de UTN
3
2.2.1 No se advierte que se hayan realizado estudios sobre las condiciones de
iluminación del predio, uso de luminarias en horas nocturnas y sobre el impacto que
puedan realizar estas junto al polvo en suspensión sobre la observación nocturna y el
perjuicio tanto para los observatorios relativamente cercanos como así para el turismo
astronómico.
Teniendo en cuenta la proximidad con los Observatorios en San Juan (Félix Aguilar que
se encuentra ubicado en línea recta y es visible sin que se interponga obstáculo alguno
entre la mina y el observatorio astronómico), y con el CASLEO, la instalación
astronómica más grande de país ubicada en las coordenadas 31º 48’ S 69º 18’ O, una
incorrecta iluminación podría imposibilitar su correcto uso debido a la polución
lumínica e incluso podría dañarla debido al polvo en suspensión que generaría la mina.
El emprendimiento minero estará ubicado en un punto próximo en las coordenadas 32º
13’ S 69º 23’ O.
Para permitir estimar el impacto lumínico de las instalaciones sobre las observaciones
astronómicas se debería realizar un estudio de los lúmenes estimados de consumo y el
conocimiento de tipo de lámpara y luminaria a emplear, lo cual ha sido completamente
ignorado en el dictamen técnico de UTN.
Referencias: [1][3][4][5][6]
2.2.2 No se han realizado estudios sobre las emisiones de Disulfuro de Carbono (S2C)
que se provocarán en el proceso de degradación del Isobutil Xantato de sodio.
Referencias: [1] [2] [6]
2.2.3 No se han hecho estudios sobre las consecuencias de las emisiones de óxido
nitroso (N2O) generados a partir de la utilización del explosivo utilizado denominado
ANFO.
Referencias: [1] [2]
2.2.4 No se han realizado estudios empíricos de la permeabilidad que avalen que en la
construcción del dique de cola no sea necesario un revestimiento especial en la base
para evitar la infiltración a las napas de aguas subterráneas. Todos los datos de
permeabilidad se han basado en supuestos. La no impermeabilización del dique de colas
violaría los requerimientos técnicos impuestos por el Departamento General de
Irrigación.
Referencias: [12]
2.2.5 No se ha contemplado la impermeabilización de las escombreras según los
requerimientos técnicos impuestos por el Departamento General de Irrigación.
Referencias: [12]
2.2.6 No se han realizado estudios sobre las emisiones del emulsificante.
Referencias: [1] [2]
4
2.2.7 No se conoce la composición del detonante, por lo tanto no se conoce el impacto
por emisiones que puede producir el mismo.
Referencias: [1][2]
2.2.8 No se han realizado estudios sobre la afección que producirá el material
particulado respirable sobre Receptores Críticos.
Referencias: [1]
2.2.9 No se ha realizado un estudio de línea de base de la salud de la población de
Uspallata, entre ellas no se consignan las patologías más frecuentes sufridas por la
población.
Referencias: [1]
2.2.10 En lo que se refiere a comunidades bióticas, en general se han podido observar
líneas de base muy incompletas con las siguientes deficiencias:
• Relevamiento incompleto de la flora terrestre y dicho relevamiento no ha sido
realizado en todas las estaciones del año
• Ausencia de relevamiento de la flora acuática
• Relevamiento incompleto de la ictiofauna
• Faltan las metodologías para la determinación cualitativa y cuantitativa de
microorganismos, macrovertebrados y peces
• Estudio incompleto de la actividades de la fauna terrestre
• Estudio incompleto de las variables poblacionales de especies autóctonas
terrestres
Referencias: [7][8][10]
2.2.11 No se ha previsto una revegetación asistida luego del emprendimiento.
Referencias: [7][8][9]
2.2.12 Estudio incompleto del impacto generado por el proyecto en los corredores
biológicos entre los diferentes APN, en las vegas (oasis de vida en zonas desérticas de
montaña) y las consecuencias del mismo.
Referencias: [9]
2.2.13 No se han previsto contingencias ante incendios.
2.2.14 En la declaración de los minerales a explotar en la evaluación económica del
Informe de impacto Ambiental no se han declarado la plata y el molibdeno y un análisis
incompleto de los minerales presentes en la roca.
Referencias: [1][6]
5
2.2.15 En relación a los Aspectos Sociales, el estudio de línea de base social-económico
presentado no profundiza en los aspectos señalados en el Decreto 820/06
Referencias: [1]
2.2.16 No se han utilizado caudalímetros y aforadores con la confiabilidad y
características y exigencias técnicas de Dirección General de Irrigación.
Referencias: [12]
2.2.17 No se ha evaluado como posible impacto ambiental ni formulado planes de
contingencia para el transporte de las sustancias químicas peligrosas tanto sean insumos
como productos de la explotación minera.
Referencias: [6]
2.2.18 Puede observarse que no se han realizado estudios de línea de base de ruidos y
vibraciones en el Informe de Impacto Ambiental, además hay numerosas
irregularidades: contradicciones en cuanto a las características de la fuente de ruido más
importante, las voladuras, y la bibliografía mal citada, entre otras anormalidades.
Finalmente puede observarse que al elaborar el Dictamen Técnico de UTN no se
convocó al personal especializado de UTN como son los integrantes del Laboratorio de
Acústica y Sonido "Mario Camín" para analizar esta temática específica en forma
adecuada.
Referencias: [1] [6]
2.3 – Incongruencia entre la conclusión del dictamen Técnico y el
estudio realizado en el mismo por los profesionales de las distintas disciplinas:
Se observan a lo largo de todo el dictamen puntos que hubieran requerido
un estudio más profundo y fuentes de información con un menor grado de
incertidumbre antes de elaborar una conclusión y calificarla de satisfactoria. En la
mayoría de los casos esto se evidencia incluso en lo redactado en el mismo dictamen
técnico.
Se ejemplifican sólo algunos de los puntos:
2.3.1 En la conclusión del dictamen técnico se considera un impacto económico
altamente positivo analizando simplemente la recaudación anual en concepto de
Ingresos Brutos por la explotación directa del proyecto y por coparticipación del
Impuesto a las Ganancias sin considerar las pérdidas por los impactos negativos. A lo
largo del informe se evidencian estas ausencias, indicando incluso impactos que no han
sido estudiados y por lo tanto tampoco han podido ser consideradas en una ponderación
económica, por lo cual se puede concluir que no se ha hecho un análisis cuantitativo
para poder considerar dicho punto de la conclusión como válido:
Se cita página 29 DICTAMEN TÉCNICO PROYECTO MINERO SAN JORGE
6
“El turismo es ponderado positivamente por la población de Uspallata como actividad
económica, también es una actividad local histórica en crecimiento, esto se ve reflejado
claramente dentro del informe social, (sondeo de opinión Pág.71; fs.526). Por dicha
razón se sugiere estudiar y definir los posibles grados de afectación (+ y -) que el
desarrollo del PSJ podría acarrear a esta importante actividad económica local y definir
PM”
Debe añadirse que no se ha contemplado en los impactos ambientales negativos, entre
otros, del pasivo ambiental producido por las escombreras, las cuales estarán
constituidas al finalizar el proyecto por un total de 292 millones de toneladas de
escombros y de composición no homogénea.
Referencias: [1][12]
2.3.2 No se poseen análisis estadísticos confiables de los caudales medios, máximos y
mínimos del Arroyo el Tigre.
Se Cita página 19 DICTAMEN TÉCNICO PROYECTO MINERO SAN JORGE
“Con respecto al período de tiempo de mediciones de caudales, mencionado
(30/05/2007 al 06/04/2008), se considera demasiado breve, para efectuar un análisis
estadístico de los caudales mensuales medios, máximos y mínimos del Arroyo el
Tigre.”
2.3.3 En el informe se insta a preveer la utilización de agua una fuente secundaria (dada
la incertidumbre del alcance de la fuente primaria), de la cual no se conocen
procedimientos de extracción, utilización y por lo tanto estudio de impacto ambiental
adecuado, para lo que sería necesario no sólo una autorización de las autoridades sino
un nuevo dictamen técnico analizando con profundidad científica esta posibilidad y su
potencial impacto.
Se Cita página 92 DICTAMEN TÉCNICO PROYECTO MINERO SAN JORGE
“89) No se deberá superar el 80% de la extracción de agua superficial, aún en años de
bajos niveles de aporte (sequías prolongadas), a fin de no producir efectos severos sobre
los acuíferos. Se deberá prever la utilización de agua de otra fuente y solicitar para ello
las autorizaciones pertinentes.”
2.3.4 No se ha realizado un estudio de calidad de aire con el instrumental que posea la
precisión y continuidad adecuada para el impacto producido por el material particulado
respirable (PM10) entre otros.
Se Cita página 17 DICTAMEN TÉCNICO PROYECTO MINERO SAN JORGE
“Por ser el PM10 un parámetro importante a seguir durante el desarrollo de una actividad
minera a cielo abierto es que se considera necesario determinar el nivel de línea de base con
mayor precisión y continuidad. Las determinaciones deberán hacerse con equipos de mayor
resolución, tipo TEOM, BETA, PARTISOL, Mini-Vol, etc, y considerar su análisis en forma
conjunta con los datos meteorológicos correspondientes. Agregando un conteo de vehículos de
la Ruta Nacional Nº 7 y Ruta Provincial N° 149, al norte, en la zona del Parque Nacional El
7
Leoncito. Con determinación de valores base en estos sitios, incluyendo mediciones de
deposición de 30 días exigibles en la Ley 5100, datos relevantes para la estimación del impacto
sobre la calidad del aire de un aumento de los vehículos de la zona por la presencia de la
actividad minera y el incremento de camiones, camionetas, etc. Con los resultados, plantear
alternativas de mitigación o reducción.”
Referencias: [1]
2.3.5 Se debe realizar un estudio más profundo de la geometría de la cuenca acuífera
con sondeos eléctricos verticales para determinar si la cuenca del Yalguaraz es abierta o
cerrada para conocer si existe o no vinculación con el Río Mendoza o San Juan.
Referencias: [1][6] [11] [12]
2.3.6 Se deben realizar estudios más profundos sobre la falla de San Jorge ya que la
misma pasa próxima al tajo y el riesgo de generación de procesos de remoción en masa
en el sector de las nacientes del arroyo el Tigre.
Dichos puntos están citados en DICTAMEN TÉCNICO PROYECTO MINERO SAN
JORGE y recomendados además por informe de IANIGLA y por Informe sobre
Proyecto Minero San Jorge de UNCUYO [1] [11][12]
2.4- Referencias
Se consideran por último las observaciones y objeciones al emprendimiento que se
encuentran en los informes realizados por instituciones y profesionales de la comunidad
científica y profesional, provincial y nacional: UNCuyo, Lab. Pierre Auger de UTN,
IANIGLA, UNLP, CASLEO, Consejo Provincial del Ambiente y expertos de diferentes
áreas que elaboraron los dictámenes sectoriales correspondientes, a la cuales damos
nuestro apoyo.
[1] Informe sobre Proyecto Minero San Jorge – UNCUYO coordinado por: Ing Daniel
Pizzi, Lic. Cristian Barbosa, Lic. Gastón Burlot, Sr. Ferrer Cesar, Srta. Tania Bilbao y
realizado por Ing Alejandro Drovani, Ing. Nicolás Martinis, Lic. Esther Barbeito, Lic.
Ofelia Agoglia, Dr. Silvia Ratti, Lic. Eduardo Comellas, Lic. Roberto Roitman, Dr.
Jorge Barón, Abog. Andrea Lara e Ing. Gianni Zenobi de Marzo del 2010
[2] Informes adicionales realizados por Lic. Barbeito
[3] Informe de Laboratorio Pierre Auger de UTN realizado por Dra. Beatriz García
[4] Informe de CASLEO (Centro astronómico el Leoncito) del 28 de octubre del 2009
[5] Informe de UNLP (Universidad Nacional De La Plata) del 30 de octubre del 2009
[6] Informe Dictamen Sectorial Consejo Provincial del Ambiente realizado por Lic.
Giraud del 19 de enero del 2010
[7] Informe realizado por Ing. Mariano Bourguet, Jefe Dpto Flora Nativa, Dirección de
Recursos Naturales Renovables
[8] Informe realizado por Ing. Rodolfo Aberastain, Secretaría técnica, Dirección de
Recursos Naturales Renovables realizada el 18 de enero del 2010
[9] Informe realizado por Flavio Martínez, ANP, Dirección de Recursos Naturales
Renovables el día 14 de enero del 2010
[10] Informe realizado por Gustavo Solá y Facundo Martinez, Dirección de Recursos
Naturales Renovables el día 10 de diciembre del 2009
8
[11] Informe de IANIGLA del 9 de diciembre del 2009
[12] Dictamen Sectorial de Irrigación aprobado por Ing. Eduardo Frigerio e Ing
Marciano Juan Gasco y realizados por Lic. Rafael Daniel Corral, Ing. Mario Luraschi,
Ing. Gonzalo Ortiz Maldonado, Ing. Enrique Montero, Brom. Patricia Bueno, Ing.
Rubén Villodas y Dr. Mauricio Pinto del 20 de enero del 2010
3. Petitorio
Por lo expuesto solicitamos:
a) Nos tenga por presentados en los expedientes de referencia y por constituido
domicilio legal en sede administrativa
b) Tenga presente las consideraciones técnicas expuestas
c) Tenga presente nuestra OPOSICION a la calificación de “satisfactorio” de la
conclusión del Dictamen Técnico de UTN y se otorgue trámite de ley en sede
administrativa.

Saludamos a Ud. Atte.

Si Viene, Conviene.

Ante la proximidad de la Audiencia Pública, a realizarse el día martes en la ciudad de Uspallata y con el entecedente de que tres compañeros de la Asamblea Popular por el Agua, fueron heridos por integrantes de la Uocra en ocasiones anteriores y con el agravante de los hechos acaecidos en Buenos Aires, por el crimen de Mariano Ferreyra; se ha entregado al gobernador Celso Jaque una carta, difundida también a los medios, para responsabilizarlo sobre todo lo que pueda acontecer el martes en la audiencia. Si viene, conviene, son palabras de un sabio mendocino llamado Randolfo López Barboza. Como es de apreciar en el siguiente mensaje, todo apoyo al reclamo popular siempre es valedero. Muy especialmente por la "compra de voluntades" a la que ha estado sometida la población de Uspallata y San Alberto en el último tiempo. No hay duda, que la gente de la minería a cielo abierto son generadores de corrupción y no de trabajo; aunque ellos crean lo contrario. Pensar que el Inca llegó desde el Cuzco a dicha región maravillosa y dejó en petroglifos, un mensaje para toda la humanidad. NO, a la minería saqueante, secante y contaminante. Juntos Podemos!!!

Néstor Almagro

---

Minera San Jorge: advierte la Iglesia por la tensión en Uspallata

El arzobispo José María Arancibia y el obispo auxiliar Sergio Buenanueva se reunieron con el Ejecutivo provincial para presentar el documento de la Pastoral Social.

Ampliar Foto

Varios vecinos de Uspallata se expresan en contra de la instalación de la mina; otros, a favor.(Claudio Gutiérrez / Los Andes)

Notas Relacionadas

• Textuales del mensaje de la pastoral social

viernes, 22 de octubre de 2010

Que prevalece la incertidumbre respecto a la posible contaminación del ambiente, del acuífero, del patrimonio histórico cultural, del aire, de la fauna y de la flora de la zona. Que no está garantizada la convivencia en paz y la plena libertad de expresión de los ciudadanos en la comunidad de Uspallata.

Que, en base a la "experiencia", se permite dudar de los futuros controles que realizará el Estado a la actividad minera. Estos fueron los argumentos que expuso la Iglesia para sugerir al Gobierno que frene el proyecto de la minera San Jorge.

Según la institución eclesial, "los datos científicos disponibles son contradictorios e insuficientes". En virtud de esta incertidumbre científica, le aconseja al Estado que aplique el "principio precautorio" y abra otra "fase de diálogo". Es decir, que posponga "la puesta en marcha de actividades que puedan afectar el ambiente, la salud de los ciudadanos o comprometer seriamente el uso de recursos naturales para las generaciones futuras".

No es habitual que la Arquidiócesis local se pronuncie respecto de estas situaciones. Y lo hizo a días del comienzo de una audiencia pública (el próximo martes en dependencias de Vialidad Nacional) que mantiene bastante "enrarecido" el clima en esta ciudad de alta montaña, que -según cuentan muchos de sus pobladores- perdió la paz hace tiempo.

El comunicado, elaborado por la Pastoral Social de la Iglesia, fue entregado ayer en manos del secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, por el propio arzobispo José María Arancibia y su obispo auxiliar, Sergio Buenanueva. Además de destacar la incertidumbre científica que aún rige en torno al proyecto, el texto muestra una profunda preocupación por la tensión que sufren los habitantes del lugar.

"Observamos el progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social. Existen, además, fundados temores por eventuales hechos de violencia en torno a la audiencia pública, que la autoridad sabrá prevenir", reza el mensaje eclesial.

Lo cierto es que hay antecedentes de peleas surgidas por el tema. Cuando el año pasado, los asambleístas convocaron al cineasta Pino Solanas a un evento, se registró una serie de desmanes en la localidad. Había bombas de estruendo, asistieron representantes de entidades defensoras de la explotación minera, algunos que viajaron especialmente desde San Juan, y hasta hay quienes aseguran el accionar de barrabravas que estuvieron en el lugar.

Meses atrás hubo otro triste incidente generado por la discusión sobre el inicio de la explotación Potasio Río Colorado, en Malargüe. En junio, se enfrentaron en la puerta de la Legislatura miembros de la Uocra con integrantes de la Asamblea Popular por el Agua y el saldo fueron tres heridos.

Tal como lo expresa la Iglesia, los vecinos temen lo que pueda pasar. "Hay mucho movimiento, como cuando en tiempo previo a las elecciones. Buscan a la gente en la casa y ofrecen plata para firmar a favor, pagan asados, los llevan a congresos. Ojalá podamos dar nuestra opinión libre y tranquilamente", expuso un vecino, que este medio prefirió no identificar.

Respecto al comunicado, el titular de Medio Ambiente dijo que "todos los aportes son bienvenidos y sobre todo tratándose de una institución de prestigio como la Iglesia". Carmona hizo hincapié en que Mendoza es la única provincia que cuenta con audiencias públicas en este tema y que la misma sólo es un paso más de la evaluación, de la cual restan aún muchas instancias. Además, aseguró que se utilizará la fuerza pública si es necesario para asegurar que todos los inscriptos puedan expresarse.

"Las respuestas a los planteos de la Iglesia las tendrá que dar la empresa", acotó el funcionario, quien sólo se limitó a asegurar que los controles se están reforzando paulatinamente a través de la Policía Ambiental y otras políticas.

"Mucha gente del ambiente científico y jurídico ha presentado serios argumentos en contra, pero el proceso sigue sin más. La audiencia es un paso formal más, pero no es vinculante", expresó Pablo López, el cura que acompaña a los asambleístas en Uspallata.

"Lamentablemente, la comunidad está muy dividida por este tema, incluso esto ha quebrado a muchas familias", comentó. Las autoridades de la firma no respondieron a la consulta de este medio. Gisela Manoni - gmanoni@losandes.com.ar

Otro pozo milagroso, kerosene inyectado y un Estado fláccido

Los legisladores comprobaron la contaminación.

El viernes un grupo de diputados recorrieron la zona de explotación petrolera en Malargüe. Confirmaron que hay focos contaminantes en napas de agua cercanos a la laguna. Por qué no se controla permanentemente ¿Qué es el JP1? ¿Para que se ocupa en la producción petrolera? ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno y la Fiscalía de Estado?

La expedición de los diputados que viajaron el viernes a Llancanelo dejó una conclusión concreta: hay focos de contaminación y no hay control efectivo sobre la actividad petrolera.
En términos concretos los legisladores  se encontraron con otro pozo petrolero mal sellado de donde surge agua dulce con evidentes signos de contaminación y además pudieron corroborar que la unidad de control ambiental que debe estar funcionando en el lugar de la explotación no lo hace.
En ese cuadro de situación los legisladores que hoy comenzarán a evaluar la información que recogieron en la zona donde se entrevistaron con los responsables de las operaciones petroleras y que entre otras “curiosidades” sobresalió algo que llegó a alarmar a un diputado malargüino. La utilización del combustible conocido como JP1, un kerosene que es inyectado para “ayudar” a la fluidez del pesado petróleo que se extrae en Llancanelo.
El "JP1" y Jaque
Tan sorprendido quedó el diputado radical Humberto Montenegro, un verdadero “nyc” (nacido y criado) del Sur, como el gobernador Celso Jaque denunció: “Jaque y Repsol están contaminando Llancanelo”.
En qué se basa semejante acusación de Montenegro, un viejo conocido y rival político territorial de Jaque. La crítica tiene un asidero técnico y ambiental que se puntualiza en la utilización del JP1 esta especie de kerosene o nafta liviana que se inyecta en las cañerías por donde se traslada el denso petróleo para darle más fluidez al crudo. O en otros casos, advierten los expertos, el JP1 es mezclado con adivitos basados en polímeros y se usa para sellar las rocas que forman parte de las paredes de las perforaciones petroleras. Esta maniobra es altamente corrosiva para el subsuelo.
“Pude confirmar que ocupan JP1 para la producción y eso me preocupó. Me gustaría saber qué haría Jaque si yo le riego todos los días con kerosene el jardín de su nueva casa en Palmares. Definitivamente no quiero que usen JP1 en Llancanelo y todos saben que yo estoy a favor de la producción petrolera y minera como cualquier malargüino, pero no a cualquier precio”, definió a propósito Montenegro.
Una particularidad: Montenegro reconoce las virtudes de Jaque para salir bien parado de estas controversias y lo dice con un tono de antihéroe. "Estoy cansado de perder con Jaque, cada vez que apunto hacia él con razones fundadas todo termina tapado", dice impotente el diputado radical.
En la mira: Carmona y De Rosas
Otro radical, Roberto Infante apuntó hacia la búsqueda de responsabilidades y señaló directamente al secretario de Ambiente Guillermo Carmona por la falta de control eficiente sobre la explotación en el área. Allí pudieron constatar que la llamada Unidad de Gestión Ambiental Llancanelo no fiscaliza las tareas de manera permanente porque no está radicada en el área de explotación como lo indica la ley que creo ese organismo, sino que, los apenas cuatro inspectores residen en Malargüe y viajan a la zona en una camioneta con la consecuente laxitud del control.
Infante también mira hacia la responsabilidad del fiscal de Estado Joaquín de Rosas, porque con la confirmación de la existencia antiguos pozos mal sellados y que se han convertido en focos de contaminación se probaría que el órgano de control extrapoder no intervino en el proceso de cumplimiento de las condiciones exigidas para reactivar la explotación. De otro modo habría dado lugar a los reclamos de los superficiarios que avisaron de estas irregularidades. En especial el matrimonio Barros que denunció la existencia en su campo del "pozo de los milagros", el ELLX1 según el registro de YPF. Desde el grifo oxidado escurre agua y petróleo a la vez.
A la par, como se ha dicho los parlamentarios también verificaron el pozo ubicado en la zona conocida como Loma sin nombre (foto). En este caso el agua que surge del pozo mal cerrado va a dar al río Chacay que es un afluente de la misma laguna Llancanelo. La surgiente de agua contaminada está dentro del campo de Valentín Pérez.
Más cauto por su condición de oficialista pero sin poder obviar la realidad el diputado y ex intendente de Malargüe Raúl Rodríguez aceptó la situación de los pozos. Rodríguez dijo desde el Sur que su obligación como oficialista es poner en advertencia de esta situación al Ejecutivo. El ex intendente peronista es un viejo conocido de la familia Barros y a la par tiene que resguardar su rol de peronista.
Toda esta descripción pone en relieve que los legisladores actuarán en torno al caso Llancanelo. Seguramente habrá pedidos de informes pero también piensan en citar a las comisiones de Economía y de Ambiente de Diputados a Carmona y De Rosas para que expliquen lo que por ahora es difícil de entender.
La pregunta del final: de haberse confirmado la existencia de estos pozos mal “abandonados” por YPF y de otros detalles como los descriptos en esta nota, con anticipación, antes de la audiencia pública tal como lo denunciaron los Barros, ¿se habría relanzado la explotación petrolera en el área?

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/244139

Ningún diputado mendocino fue a la sesión en la que se trató una ley clave para los aborígenes

En la Cámara Baja se iba a tratar la devolución de las tierras a los pueblos originarios. Todos los representantes de Mendoza pegaron el faltazo.

Tal como constató el sitio Parlamentario.com, la sesión en la que se iba a debatir la devolución de la tierra a los pueblos originarios cayó por falta de cuorum. 

Luego de esperar media hora, la sesión cayó con la presencia de sólo 23 diputados de 257 en total que conforman la Cámara baja. 

Según pudo constatar Parlamentario.com, los diputados presentes fueron: Gerardo Milman y Horacio Alcuaz del GEN; Carlos Heller y Ariel Basteiro por Nuevo Encuentro; Victoria Donda de Libres del Sur; Liliana Parada, Alcira Argumedo de Proyecto Sur; Graciela Camaño del Peronismo; María Cristina Regazzoli del Peronismo de La Pampa; Carlos Urlich de la UCR; Griselda Baldata, Carlos Comi, Fernanda Gil Lozano, Alicia Terada, Elisa Carca, Juan Carlos Morán, Elsa Quiroz, Fernanda Reyes de la Coalición Cívica; Eduardo Macaluse, Verónica Benas y Graciela Iturraspe del bloque SI -el único bloque completo-. 

"Un detalle a destacar es que a pesar de que la sesión fue convocada por una diputada aliada al Gobierno, el Frente para la Victoria no asistió al recinto. Aún más destacada fue la ausencia de la única diputada descendiente de un pueblo originario. Rosa Chiquichano es descendiente de Tehuelches y juró con la ropa típica pero, sin embargo, no asistió a la sesión", señala el sitio. 

En manifestaciones en minoría, desde su banca, Silvia Vázquez sentenció: “No vamos a aceptar el silencio porque es ser cómplice con la injusticia”. 

El proyecto de ley para reinstituir a las comunidades aborígenes las tierras que históricamente ocuparon iba a ser abordado justamente en el Día de la Diversidad Cultural, en una sesión que pidió la diputada Silvia Vázquez (Concertación FORJA) junto a una docena de legisladores. 

Aunque es prácticamente un hecho que no habrá quórum, los diputados pretenden reunirse igual para realizar una declaración que consideran “histórica”. 

La iniciativa impulsada por Vázquez avanza sobre la definición de la propiedad comunitaria indígena sobre las tierras ancestrales, el otorgamiento del status de personas jurídicas de carácter público a los pueblos indígenas, el financiamiento por parte del Estado de actividades de desarrollo económico y cultural, y la reparación de la identidad al considerar los nombres y apellidos indígenas. 

Al mismo momento, en la esquina del Congreso se desarrolla un acto que contará con la participación de comunidades indígenas de todo el país, y que incluirá danza, artesanías y otras expresiones artísticas. También participarán figuras como Víctor Heredia, Patricia Sosa, Ricky Maravilla, Motta Luna y Marcela Guerra. 

Lista de los 23 diputados asistentes por provincias: 

Buenos Aires: 
Gerardo Milman (GEN) 
Horacio Alcuaz (GEN) 
Graciela Camaño (Peronismo) 
Victoria Donda (Libres del Sur) 
Ariel Basteiro (Nuevo Encuentro) 
Juan Carlos Morán (CC) 
Elsa Quiroz (CC) 
Eduardo Macaluse (SI) 
Graciela Iturraspe (SI) 
Elisa Carca (CC) 

Capital Federal: 
Carlos Heller (Nuevo Encuentro) 
Fernanda Gil Lozano (CC) 
Fernanda Reyes (CC) 
Liliana Parada (Proyecto Sur) 
Alcira Argumedo (Proyecto Sur) 

La Pampa: 
María Cristina Regazzoli (Peronismo) 

Chaco: 
Carlos Urlich (UCR) 
Alicia Terada (CC) 

Córdoba: 
Griselda Baldata (CC) 

Santa Fe: 
Carlos Comi(CC) 
Verónica Benas (SI) 

http://www.diariouno.com.ar/contenidos/2010/10/13/Ningun-diputado-mendocino-fue-a-la-sesion-en-la-que-se-trato-una-ley-clave-para-los-aborigenes-0019.html

La comunidad huarpe de Lavalle recibió escritura de sus tierras

En el contexto de la celebración entregaron 72 mil hectáreas a gente del secano.

Entre los actos religiosos, los visitantes se acercan a los puestos donde sirven comidas típicas. (Claudio Gutiérrez / Los Andes)

 

lunes, 11 de octubre de 2010

Más de 25 mil personas asistieron este fin de semana a Lagunas del Rosario donde participaron de los tradicionales festejos que se realizan cada año en este sector del secano lavallino junto a la histórica Capilla del Rosario.

En ese contexto se formalizó ayer la entrega de más 72.000 hectáreas de terreno a la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario, un derecho reclamado por años. Además se confirmó la construcción de un nuevo edificio escolar para la zona.

Durante el tradicional festejo se efectuaron las habituales misas de bautismos y confirmaciones, además de otras ceremonias religiosas, para cerrar ayer a la tarde con una misa y la acostumbrada procesión con la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que recorrió el sendero previsto en las inmediaciones de la capilla, celebraciones que fueron presididas por el arzobispo de Mendoza, monseñor José María Arancibia.

Una instancia de trascendencia para la comunidad huarpe lagunera fue la firma de la escritura que les restituyó la posesión de más de 72 mil hectáreas de tierra.

Al referirse a este como un momento histórico, el gobernador Celso Jaque recordó el reclamo de más de 200 años realizado por los habitantes de este lugar para recuperar sus tierras.

Mientras que el intendente Roberto Righi se refirió a diversas acciones que vienen concretando para mejorar la calidad de vida y afianzar el arraigo de los pobladores del secano, como son el acueducto del desierto, enripiado de caminos y otras concreciones.

Por su parte el presidente de la Comunidad Huarpe de Lagunas del Rosario, Eudes Nievas, destacó a éste como un momento de gran alegría para el pueblo lagunero, al hacerse posible un sueño de varias generaciones, a la par que agradeció la decisión tomada para alcanzar esta concreción.

Gran parte del atractivo de la celebración estuvo concentrado en los actos religiosos, aunque los visitantes también aprovecharon para disfrutar de otras alternativas, como los puestos destinados a la venta de artesanías, la visita al museo de Lagunas del Rosario, destrezas gauchas y los espectáculos artísticos realizados en las cercanías del los clásicos "bordos negros".

El debate de la Ley de Glaciares: La tercera posición (según Villalba)

Sectores vinculados a la megaminería tachan a Mendoza de tibia por no alinearse con las demás provincias cordilleranas, mientras que los ambientalistas la acusan de venderse a la Barrick Gold.Cuál es la posición de la provincia?.

Por María Eva Guevara. El Argentino.com

Después del veto presidencial a la Ley de Glaciares en el 2008 se abrieron dos alternativas. Una fue la que siguió el diputado Miguel Bonasso, quien retomó íntegramente el texto de la ex legisladora Marta Maffei para insistir en él en una suerte de obstinación por querer “torcerle el brazo” a la Presidenta. Otra fue la actitud del senador Daniel Filmus, quien por la vía del Senado convocó a varios sectores a fin de subsanar las dos observaciones que consignó el decreto de presidencia: falta de consulta con los gobernadores de las provincias y de una clara especificación de cuáles son los ambientes glaciares y periglaciares que hay que proteger sobre la vasta Cordillera de los Andes.

Un artífice fundamental en ese escenario fue Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), dependiente del Conicet-Mendoza. Ya para entonces Villalba pasó a coordinar estrategias en la Agencia provincial de Cambio Climático, creada por el secretario de Ambiente Guillermo Carmona. Fue él quien aportó en todo momento conceptos claros a la ley. Estuvo tanto con Maffei como con Bonasso, aunque fue Filmus quien incorporó los términos tal cual las definiciones científicas que maneja Ianiglia sobre qué es una reserva estratégica de un recurso hídrico. En Mendoza se calcula que hablamos de una superficie que no llega al 1% de la superficie provincial, siendo esta una de las provincias con mayor predominio de glaciares.

Decíamos que eran claros los términos puestos en el papel, pero como dice Ricardo Villalba, algunos entraron a tener la actitud de no leerlos sino sólo pasarlos para después salir a señalarles los costados grises. A partir de entonces hubo un nuevo escenario de debate en el senado. Hubo algunos dispuestos a llevar la contienda de los costados grises a la enésima potencia y tratar de confundir a todo el mundo. Una senadora que obviamente no estaba en la posición de querer una Ley de Glaciares, llegó a tratar con ironía la falta de estructura del Ianiglia para hacer el Inventario.

Para Villalba “seguramente querría desgastarnos a los que pretendemos una Ley de Glaciares. Pero tenemos las cosas claras, sabemos que a las reuniones del Senado se va a discutir un 70 por ciento sobre minería sí o minería no y un 30 por ciento sobre avasallamiento de las provincias, porque una de las cosas que vengo remarcando es que se busca cambiar el espíritu a la Ley de Glaciares. Es decir, en lugar de pensar que tenemos que proteger un recurso que es vital, único y fundamental para un área que es un desierto, parece que lo que importa es si yo quiero la minería o no la quiero. Hace dos años esta ley fue vetada por ese mismo problema, es decir, por intereses, si bien yo no lo puedo probar, todos dicen que fueron intereses mineros. Pero desde entonces y hasta ahora la historia es que no nos centramos. Se discute porque hay algún interés legítimo, o porque se reacciona contra los ambientalistas, para hacerles ver eso de que “acá mandamos nosotros”.

Agrega que “por supuesto si leés que Mining Press, revista nacional especializada en minería, en su último número dedicado justamente a la Ley de Glaciares, en su nota titulada ‘Glaciares, una discusión sesgada y poco creativa’, dice que el proyecto Bonasso no pasará. Que no tendrá mayoría, que dicen que Cristina salió a decir que no va a vetar la ley porque sabe que esta no va a salir. O bien, el siguiente título: ‘El tratamiento de la Ley de Glaciares ha sido la más notable de esas ofensivas hacia la actividad minera’. Yo no puedo menos que preguntarme. ¿Cómo? ¿Cómo es esto de ir a llevarle tranquilidad a una empresa que se va a llevar el 3 por ciento de las regalías y millones de pesos?”.

–Dicen que es una ley contra la producción.

–¿Qué? Si es una ley que va a proteger el ambiente, justamente si no protegés ese ambiente sí que vas contra la producción, esto hace a nuestra región, a la cultura que caracteriza a esta región y es considerada frente al mundo. Lo que pasa es que algunos tenían la intencionalidad detrás de la cosa, trataron de transformar la Ley de Glaciares en una forma de controlar la actividad minera, o bien, lo miraban de otro lado, desde el punto de vista de la minería y entonces atacaban la Ley de Glaciares diciendo cosas como que habría de producir inestabilidad jurídica. Dichas actitudes públicas contrastan con la seriedad y marco de convivencia que se respira en la sede del Conicet-Mendoza. Hasta da un tanto de vergüenza preguntarte si vieron el debate televisivo que protagonizaron un mes atrás Filmus y Bonasso, ocasión en la que este llegó a deslizar que el Ianiglia estaba vendido a la Barrick Gold...

“Fue algo dañino”, dice Ricardo Villalba, quien enseguida se sobrepone de esa mala referencia e intenta tirar del carro de la racionalidad.

Para empezar, hay que clarificar qué es lo que está en discusión.

“El proyecto de Senadores habla claramente de proteger glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros y que toda actividad como derramar sustancias tóxicas, hacer exploraciones para la explotación minera, o construcción, estarán prohibidas en esos tres cuerpos que representan las reservas hídricas estratégicas. Este es un proyecto que surgió más abierto, no sólo se consultó con los grupos ambientalistas también con los mineros y las provincias, porque una de las razones del veto fue que no habían sido consultados los gobernadores, entonces hubo más participación.”

El otro proyecto –el de Bonasso– es más general y establece cuáles son las prohibiciones en los glaciares y luego alguna de las actividades prohibidas como el uso de sustancias tóxicas se aplican al ambiente periglaciar, pero por ejemplo sí corre la prohibición para la actividad minera pero no para la construcción.

Aquí es donde nacen las posibilidades de la interpretación. Que están teñidas de intencionalidad y ganas de confundir. Por un lado, el movimiento ambientalista –que apoya el proyecto Bonasso– ve en la ley de protección de glaciares y ambiente periglaciar una forma de controlar la minería.

“Eso me parece un error”, dice Ricardo Villalba. Y agrega: “Si bien más de un grupo lo vio de esa forma, y lo sigue viendo de esa forma, creo que es tan errónea esa visión como la de los mineros que ven en la ley de protección del ambiente una ley antiminera; lamentablemente son dos posiciones desenfocadas que han generado la idea falsa de que hay dos opciones, cuando en verdad deberíamos estar todos de acuerdo, abocados a reglamentar esto, a hacer los cálculos de qué áreas representa; y obviamente, a las empresas que mueven miles de millones de dólares, si tienen que descargar las sustancias en un glaciar de escombros hay que decirles: póngalo 5 kilómetros más allá pero acá no, haga un dique que proteja, que evite que salgan las sustancias tóxicas... es cuestión de negociar y posiblemente existan las herramientas para hacerlo”.

–¿Ha hablado con la gente de Greenpeace sobre este error de estrategia?

–No son sólo los ambientalistas, algunos de los tomadores de decisiones, diputados y senadores, ven justamente a través de la Ley de Glaciares una posibilidad de limitar el desarrollo minero y entonces lamentablemente cuesta ponernos de acuerdo, se termina discutiendo el tema minero y no la preservación del recurso que es importantísimo para la zona. Según nuestras estimaciones, en Mendoza el área a preservar representa el 1 por ciento de la superficie provincial, queda el restante 99 por ciento de superficie para hacer otras actividades. Las de Mendoza, las que están planeadas para su desarrollo en Uspallata o el caso de Potasio Río Colorado en Malargüe no tienen que ver con glaciares. El glaciar más cercano está a 300 kilómetros.

–Se sostiene que hay que optar entre dos proyectos antitéticos.

–No, si uno hace las cosas bien hechas, con buenas intenciones, si no hay un sesgo atrás, el área a proteger es la misma siguiendo un proyecto u otro. Sólo que técnicamente se define distinto y en algunos lugares la interpretación según quién lo lee podrá llegar a ser un tanto diferente. Sin embargo, ambos proyectos establecen que va a ser una institución nacional la encargada del inventario. Y el inventario es decisivo en eso; el inventario es el que va a decir cuál es el área a proteger y cuál no. Y entonces lo que va a tener que hacer un juez partiendo de la ley es un inventario realizado por una institución que no tiene intereses mineros ni ecologistas, sino que es una institución que va a trabajar seriamente y ese inventario va a decir: de aquí para acá hay una línea y no puede permitirse la realización de actividades. Si hubiese buena predisposición y una decisión política de avanzar en una ley, cualquiera de los dos proyectos llega a un fondo feliz. Está muy claro cuando uno va a la montaña cuál es el área a proteger, está bien definido y nadie tiene dudas.

–Se agrega el término “ambiente periglaciar” para crear cierta confusión...

–Es que obviamente hay sectores donde hay hielo que representan una reserva de recursos hídricos, por ejemplo, un glaciar de escombro, y otros sectores donde hay congelamiento estacional es decir, se congela en invierno y se descongela en verano, pero eso no es una reserva estratégica de recurso hídrico. Simplemente es un proceso que está actuando ya y que no contribuye en gran medida al escurrimiento andino. Pero si yo leo solamente el título “Protección del área periglaciar” y no voy al detalle de qué es lo que debo proteger dentro del ambiente periglaciar, lo que estoy haciendo es ver cómo yo amplío a toda la cordillera y entonces sí que impido el desarrollo de la alta montaña como algunas de las provincias mineras sostienen. Si tomo todo terreno que se congela por más de dos años en la cordillera o en forma estacional, entonces no podemos hacer caminos, no podemos hacer canchas de esquí, no podemos hacer nada porque a partir de cierta altura en la Cordillera de los Andes, que no es muy alto, dependiendo de dónde estemos, posiblemente 3 mil o 3.500 metros acá o posiblemente 200 o 280 metros en Tierra del Fuego, eso se congela. En un gran porcentaje de la montaña puedo hacer otras actividades, que es lógico, digamos, lo importante es buscar y proteger aquella reserva de agua, que es importante para cualquier actividad, tanto si se hace turismo, minería, exploración petrolera, etc. Si no hay agua, estamos fritos todos.

–A su vez está la presión ejercida por las mineras y las acusaciones contra Ianiglia.

–Bueno, si nos guiamos por las propuestas de los gobernadores que no quieren ley, entonces es verdad que una presión existe y eso hablaría al menos de un manejo de las provincias para poder seguir favoreciendo actividades en sus territorios y permitir que no se cumplan con los requerimientos ambientales. En esas provincias se generan leyes de protección de glaciares en una semana en San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, todas hicieron sus leyes provinciales. Y entonces habría que preguntarse cómo es que si esto viene discutiéndose desde el año 2006, que arrancó con Marta Maffei, y ya van cuatro años discutiendo sin llegar a una conclusión, ¿cómo es que las provincias aprueban una ley en cuestión de semanas? ¿Para qué las aprueban? En cuanto al Ianiglia, es una institución nacional más, somos un grupo de científicos que simplemente lo que queremos es coordinar un inventario nacional para que todos hablemos el mismo lenguaje. Para que podamos todos contar peras y bananas y no si lo que vos medís es un método diferente o traés otra imagen satelital que no puede ser comparable, en fin. Lo otro que hicimos fue colaborar con el proyecto que el Senado aprobó. Ahí habla claramente de que el glaciar es un bien público y que son propiedades de las provincias, o de la Nación cuando se encuentren en parques nacionales, pero después se planteó el mix que hicieron Bonasso y Filmus que acordaron un texto que generó una nueva discusión entre los que sostienen que es algo obvio, que no hace falta agregarlo por ser redundante, y los que dicen que eso es avasallar a las provincias.

–A todo esto fue iniciativa del Ianiglia coordinar el inventario con las provincias, lo cual quedó fuera de uno de los proyectos –el mix Bonasso-Filmus–.

–Yo considero que hay instituciones provinciales que tienen mucho para aportar. También universidades nacionales. Esa es otra cosa que apareció en estas discusiones de si las provincias tienen que colaborar o no, en el texto quedaba establecido que Ianiglia entraría en coordinación con la autoridad de aplicación, con universidades e instituciones provinciales, caso hipotético del Departamento General de Irrigación en Mendoza, que es el usuario del agua tiene bastante para contribuir o para decir en relación a los glaciares. Pero bueno, al parecer los grupos ambientalistas ven eso como una posibilidad de que la provincia influya sobre ellos para saber cuál es el inventario, y entonces sospechan de las instituciones provinciales que son fácilmente manejadas por los gobernadores.

–Y respecto de la capacidad o estructura del Ianiglia ¿qué habría que hacer?

–Acá trabajan 7 de los 10 glaciólogos que existen el país. Con la provincia de Mendoza ya hay un acuerdo por el cual el Ianiglia va a hacer el inventario nacional de glaciares en los próximos años, para ello la provincia va a aportar dos personas que se van a formar, las computadoras, los software, las imágenes satelitales, se va a costear el trabajo de campo que haga falta, etc. Por supuesto hace falta presupuesto pero no hay duda de la capacidad técnica, lo cual no quiere decir que alguien de San Juan pueda colaborar.

–Como si la desconfianza fuese motivo para diluir cualquier posible funcionamiento...

–Si así fuera no seríamos un país organizado como un Estado federal. Ya hay provincias que nos están consultando, que ya tienen su propio inventario, quieren enviar a voluntarios para prepararse aquí porque hay que pensar que periódicamente habrá que ir casi 5 o 10 años a un determinado sitio, monitoreando cómo es la situación para saber cómo va variando esa reserva de agua en la cordillera y cómo va fluctuando. Entonces lo ideal es que cada provincia tenga sus recursos humanos formados. Porque además la autoridad competente para aplicar la ley es la provincia, no es cuestión de ir y dejar marcado el terreno con una tiza; y si bien está establecida la posible comisión de un delito, se debe tener al menos la capacidad de interpretar y gente capacitada. Esto que es lógico se desvirtúa. Estas actitudes qué no están diciendo. ¿Que tendríamos que estar todos avenidos a lo que se decida en Buenos Aires? ¿Cómo es, las provincias son realmente dueñas de los glaciares, pero la Nación quiere establecer cómo manejarlas? Esto crea perplejidad.

Fuente: El Argentino.com

http://mendozaopina.com/columna/el-debate-de-la-ley-de-glaciares-la-tercera-posicion-9802

El Proyecto San Jorge ya tiene fecha de Audiencia Pública

Será el 26 de octubre en la localidad de Uspallata, más precisamente en la Administración de Autopistas Nacionales. La fecha fue confirmada por el Gobierno de la Provincia de Mendoza.

La Audiencia Pública es el último paso antes de la presentación del EIA –Estudio de Impacto Ambiental- antes las correspondientes autoridades. En caso de que el EIA sea aprobado por el Gobierno de Mendoza, será presentado a las Cámaras de Diputados y Senadores para su ratificación.

http://www.panoramaminero.com.ar/notigualca.htm