Sectores vinculados a la megaminería tachan a Mendoza de tibia por no alinearse con las demás provincias cordilleranas, mientras que los ambientalistas la acusan de venderse a la Barrick Gold.Cuál es la posición de la provincia?.
Por María Eva Guevara. El Argentino.com
Después del veto presidencial a la Ley de Glaciares en el 2008 se abrieron dos alternativas. Una fue la que siguió el diputado Miguel Bonasso, quien retomó íntegramente el texto de la ex legisladora Marta Maffei para insistir en él en una suerte de obstinación por querer “torcerle el brazo” a la Presidenta. Otra fue la actitud del senador Daniel Filmus, quien por la vía del Senado convocó a varios sectores a fin de subsanar las dos observaciones que consignó el decreto de presidencia: falta de consulta con los gobernadores de las provincias y de una clara especificación de cuáles son los ambientes glaciares y periglaciares que hay que proteger sobre la vasta Cordillera de los Andes.
Un artífice fundamental en ese escenario fue Ricardo Villalba, director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), dependiente del Conicet-
Mendoza. Ya para entonces Villalba pasó a coordinar estrategias en la Agencia provincial de Cambio Climático, creada por el secretario de Ambiente Guillermo
Carmona. Fue él quien aportó en todo momento conceptos claros a la ley. Estuvo tanto con Maffei como con Bonasso, aunque fue Filmus quien incorporó los términos tal cual las definiciones científicas que maneja Ianiglia sobre qué es una reserva estratégica de un recurso hídrico. En
Mendoza se calcula que hablamos de una superficie que no llega al 1% de la superficie provincial, siendo esta una de las provincias con mayor predominio de glaciares.
Decíamos que eran claros los términos puestos en el papel, pero como dice Ricardo Villalba, algunos entraron a tener la actitud de no leerlos sino sólo pasarlos para después salir a señalarles los costados grises. A partir de entonces hubo un nuevo escenario de debate en el senado. Hubo algunos dispuestos a llevar la contienda de los costados grises a la enésima potencia y tratar de confundir a todo el mundo. Una senadora que obviamente no estaba en la posición de querer una Ley de Glaciares, llegó a tratar con ironía la falta de estructura del Ianiglia para hacer el Inventario.
Para Villalba “seguramente querría desgastarnos a los que pretendemos una Ley de Glaciares. Pero tenemos las cosas claras, sabemos que a las reuniones del Senado se va a discutir un 70 por ciento sobre minería sí o minería no y un 30 por ciento sobre avasallamiento de las provincias, porque una de las cosas que vengo remarcando es que se busca cambiar el espíritu a la Ley de Glaciares. Es decir, en lugar de pensar que tenemos que proteger un recurso que es vital, único y fundamental para un área que es un desierto, parece que lo que importa es si yo quiero la minería o no la quiero. Hace dos años esta ley fue vetada por ese mismo problema, es decir, por intereses, si bien yo no lo puedo probar, todos dicen que fueron intereses mineros. Pero desde entonces y hasta ahora la historia es que no nos centramos. Se discute porque hay algún interés legítimo, o porque se reacciona contra los ambientalistas, para hacerles ver eso de que “acá mandamos nosotros”.
Agrega que “por supuesto si leés que Mining Press, revista nacional especializada en minería, en su último número dedicado justamente a la Ley de Glaciares, en su nota titulada ‘Glaciares, una discusión sesgada y poco creativa’, dice que el proyecto Bonasso no pasará. Que no tendrá mayoría, que dicen que Cristina salió a decir que no va a vetar la ley porque sabe que esta no va a salir. O bien, el siguiente título: ‘El tratamiento de la Ley de Glaciares ha sido la más notable de esas ofensivas hacia la actividad minera’. Yo no puedo menos que preguntarme. ¿Cómo? ¿Cómo es esto de ir a llevarle tranquilidad a una empresa que se va a llevar el 3 por ciento de las regalías y millones de pesos?”.
–Dicen que es una ley contra la producción.
–¿Qué? Si es una ley que va a proteger el ambiente, justamente si no protegés ese ambiente sí que vas contra la producción, esto hace a nuestra región, a la cultura que caracteriza a esta región y es considerada frente al mundo. Lo que pasa es que algunos tenían la intencionalidad detrás de la cosa, trataron de transformar la Ley de Glaciares en una forma de controlar la actividad minera, o bien, lo miraban de otro lado, desde el punto de vista de la minería y entonces atacaban la Ley de Glaciares diciendo cosas como que habría de producir inestabilidad jurídica. Dichas actitudes públicas contrastan con la seriedad y marco de convivencia que se respira en la sede del Conicet-
Mendoza. Hasta da un tanto de vergüenza preguntarte si vieron el debate televisivo que protagonizaron un mes atrás Filmus y Bonasso, ocasión en la que este llegó a deslizar que el Ianiglia estaba vendido a la Barrick Gold...
“Fue algo dañino”, dice Ricardo Villalba, quien enseguida se sobrepone de esa mala referencia e intenta tirar del carro de la racionalidad.
Para empezar, hay que clarificar qué es lo que está en discusión.
“El proyecto de Senadores habla claramente de proteger glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros y que toda actividad como derramar sustancias tóxicas, hacer exploraciones para la explotación minera, o construcción, estarán prohibidas en esos tres cuerpos que representan las reservas hídricas estratégicas. Este es un proyecto que surgió más abierto, no sólo se consultó con los grupos ambientalistas también con los mineros y las provincias, porque una de las razones del veto fue que no habían sido consultados los gobernadores, entonces hubo más participación.”
El otro proyecto –el de Bonasso– es más general y establece cuáles son las prohibiciones en los glaciares y luego alguna de las actividades prohibidas como el uso de sustancias tóxicas se aplican al ambiente periglaciar, pero por ejemplo sí corre la prohibición para la actividad minera pero no para la construcción.
Aquí es donde nacen las posibilidades de la interpretación. Que están teñidas de intencionalidad y ganas de confundir. Por un lado, el movimiento ambientalista –que apoya el proyecto Bonasso– ve en la ley de protección de glaciares y ambiente periglaciar una forma de controlar la minería.
“Eso me parece un error”, dice Ricardo Villalba. Y agrega: “Si bien más de un grupo lo vio de esa forma, y lo sigue viendo de esa forma, creo que es tan errónea esa visión como la de los mineros que ven en la ley de protección del ambiente una ley antiminera; lamentablemente son dos posiciones desenfocadas que han generado la idea falsa de que hay dos opciones, cuando en verdad deberíamos estar todos de acuerdo, abocados a reglamentar esto, a hacer los cálculos de qué áreas representa; y obviamente, a las empresas que mueven miles de millones de dólares, si tienen que descargar las sustancias en un glaciar de escombros hay que decirles: póngalo 5 kilómetros más allá pero acá no, haga un dique que proteja, que evite que salgan las sustancias tóxicas... es cuestión de negociar y posiblemente existan las herramientas para hacerlo”.
–¿Ha hablado con la gente de Greenpeace sobre este error de estrategia?
–No son sólo los ambientalistas, algunos de los tomadores de decisiones, diputados y senadores, ven justamente a través de la Ley de Glaciares una posibilidad de limitar el desarrollo minero y entonces lamentablemente cuesta ponernos de acuerdo, se termina discutiendo el tema minero y no la preservación del recurso que es importantísimo para la zona. Según nuestras estimaciones, en
Mendoza el área a preservar representa el 1 por ciento de la superficie provincial, queda el restante 99 por ciento de superficie para hacer otras actividades. Las de
Mendoza, las que están planeadas para su desarrollo en Uspallata o el caso de Potasio Río Colorado en Malargüe no tienen que ver con glaciares. El glaciar más cercano está a 300 kilómetros.
–Se sostiene que hay que optar entre dos proyectos antitéticos.
–No, si uno hace las cosas bien hechas, con buenas intenciones, si no hay un sesgo atrás, el área a proteger es la misma siguiendo un proyecto u otro. Sólo que técnicamente se define distinto y en algunos lugares la interpretación según quién lo lee podrá llegar a ser un tanto diferente. Sin embargo, ambos proyectos establecen que va a ser una institución nacional la encargada del inventario. Y el inventario es decisivo en eso; el inventario es el que va a decir cuál es el área a proteger y cuál no. Y entonces lo que va a tener que hacer un juez partiendo de la ley es un inventario realizado por una institución que no tiene intereses mineros ni ecologistas, sino que es una institución que va a trabajar seriamente y ese inventario va a decir: de aquí para acá hay una línea y no puede permitirse la realización de actividades. Si hubiese buena predisposición y una decisión política de avanzar en una ley, cualquiera de los dos proyectos llega a un fondo feliz. Está muy claro cuando uno va a la montaña cuál es el área a proteger, está bien definido y nadie tiene dudas.
–Se agrega el término “ambiente periglaciar” para crear cierta confusión...
–Es que obviamente hay sectores donde hay hielo que representan una reserva de recursos hídricos, por ejemplo, un glaciar de escombro, y otros sectores donde hay congelamiento estacional es decir, se congela en invierno y se descongela en verano, pero eso no es una reserva estratégica de recurso hídrico. Simplemente es un proceso que está actuando ya y que no contribuye en gran medida al escurrimiento andino. Pero si yo leo solamente el título “Protección del área periglaciar” y no voy al detalle de qué es lo que debo proteger dentro del ambiente periglaciar, lo que estoy haciendo es ver cómo yo amplío a toda la cordillera y entonces sí que impido el desarrollo de la alta montaña como algunas de las provincias mineras sostienen. Si tomo todo terreno que se congela por más de dos años en la cordillera o en forma estacional, entonces no podemos hacer caminos, no podemos hacer canchas de esquí, no podemos hacer nada porque a partir de cierta altura en la Cordillera de los Andes, que no es muy alto, dependiendo de dónde estemos, posiblemente 3 mil o 3.500 metros acá o posiblemente 200 o 280 metros en Tierra del Fuego, eso se congela. En un gran porcentaje de la montaña puedo hacer otras actividades, que es lógico, digamos, lo importante es buscar y proteger aquella reserva de agua, que es importante para cualquier actividad, tanto si se hace turismo, minería, exploración petrolera, etc. Si no hay agua, estamos fritos todos.
–A su vez está la presión ejercida por las mineras y las acusaciones contra Ianiglia.
–Bueno, si nos guiamos por las propuestas de los gobernadores que no quieren ley, entonces es verdad que una presión existe y eso hablaría al menos de un manejo de las provincias para poder seguir favoreciendo actividades en sus territorios y permitir que no se cumplan con los requerimientos ambientales. En esas provincias se generan leyes de protección de glaciares en una semana en San Juan, La Rioja, Salta, Jujuy, todas hicieron sus leyes provinciales. Y entonces habría que preguntarse cómo es que si esto viene discutiéndose desde el año 2006, que arrancó con Marta Maffei, y ya van cuatro años discutiendo sin llegar a una conclusión, ¿cómo es que las provincias aprueban una ley en cuestión de semanas? ¿Para qué las aprueban? En cuanto al Ianiglia, es una institución nacional más, somos un grupo de científicos que simplemente lo que queremos es coordinar un inventario nacional para que todos hablemos el mismo lenguaje. Para que podamos todos contar peras y bananas y no si lo que vos medís es un método diferente o traés otra imagen satelital que no puede ser comparable, en fin. Lo otro que hicimos fue colaborar con el proyecto que el Senado aprobó. Ahí habla claramente de que el glaciar es un bien público y que son propiedades de las provincias, o de la Nación cuando se encuentren en parques nacionales, pero después se planteó el mix que hicieron Bonasso y Filmus que acordaron un texto que generó una nueva discusión entre los que sostienen que es algo obvio, que no hace falta agregarlo por ser redundante, y los que dicen que eso es avasallar a las provincias.
–A todo esto fue iniciativa del Ianiglia coordinar el inventario con las provincias, lo cual quedó fuera de uno de los proyectos –el mix Bonasso-Filmus–.
–Yo considero que hay instituciones provinciales que tienen mucho para aportar. También universidades nacionales. Esa es otra cosa que apareció en estas discusiones de si las provincias tienen que colaborar o no, en el texto quedaba establecido que Ianiglia entraría en coordinación con la autoridad de aplicación, con universidades e instituciones provinciales, caso hipotético del Departamento General de Irrigación en
Mendoza, que es el usuario del agua tiene bastante para contribuir o para decir en relación a los glaciares. Pero bueno, al parecer los grupos ambientalistas ven eso como una posibilidad de que la provincia influya sobre ellos para saber cuál es el inventario, y entonces sospechan de las instituciones provinciales que son fácilmente manejadas por los gobernadores.
–Y respecto de la capacidad o estructura del Ianiglia ¿qué habría que hacer?
–Acá trabajan 7 de los 10 glaciólogos que existen el país. Con la provincia de
Mendoza ya hay un acuerdo por el cual el Ianiglia va a hacer el inventario nacional de glaciares en los próximos años, para ello la provincia va a aportar dos personas que se van a formar, las computadoras, los software, las imágenes satelitales, se va a costear el trabajo de campo que haga falta, etc. Por supuesto hace falta presupuesto pero no hay duda de la capacidad técnica, lo cual no quiere decir que alguien de San Juan pueda colaborar.
–Como si la desconfianza fuese motivo para diluir cualquier posible funcionamiento...
–Si así fuera no seríamos un país organizado como un Estado federal. Ya hay provincias que nos están consultando, que ya tienen su propio inventario, quieren enviar a voluntarios para prepararse aquí porque hay que pensar que periódicamente habrá que ir casi 5 o 10 años a un determinado sitio, monitoreando cómo es la situación para saber cómo va variando esa reserva de agua en la cordillera y cómo va fluctuando. Entonces lo ideal es que cada provincia tenga sus recursos humanos formados. Porque además la autoridad competente para aplicar la ley es la provincia, no es cuestión de ir y dejar marcado el terreno con una tiza; y si bien está establecida la posible comisión de un delito, se debe tener al menos la capacidad de interpretar y gente capacitada. Esto que es lógico se desvirtúa. Estas actitudes qué no están diciendo. ¿Que tendríamos que estar todos avenidos a lo que se decida en Buenos Aires? ¿Cómo es, las provincias son realmente dueñas de los glaciares, pero la Nación quiere establecer cómo manejarlas? Esto crea perplejidad.
Fuente: El Argentino.com
Con el fin de recibir informaciones, opiniones u objeciones de la ciudadanía sobre el polémico proyecto minero San Jorge, el Gobierno de Mendoza convocó a una audiencia pública para el 26 de octubre en Uspallata. El proyecto generó numerosas protestas de los pobladores de Uspallata, organizaciones ambientalistas y el cuestionamiento de la Universidad Nacional de Cuyo.
Así, las direcciones de Protección Ambiental y de Minería, en su carácter de Autoridad Ambiental Minera, emitieron la Resolución Nº116/2010 mediante la cual convocan a la Audiencia Pública.
