????????????????????????

Piden que el proyecto minero San Jorge no contamine y le deje más plata a la provincia

Pachy Reynoso/MDZ

Encabezaron el pedido encabezada por Luis Leiva y Roberto Vélez.

Lo hizo el partido de La Coalición. Están a favor de la minería sustentable y no contaminante, pero dicen que Mendoza no debe adherir a la ley nacional de minería, y sí hacer otra ley con mayores regalías que el 3 %, lo que le dejaría a la provincia muy poca renta. Quieren que se cumpla la Ley de Suelos recientemente aprobada.

La cuestión de si la minería contamina o no, y si realmente se justifica en términos económicos que Mendoza ceda sus yacimientos a empresas internacionales, está en discusión estos días. Y si bien el Gobierno provincial intentó calmar los ánimos convocando a entidades científicas y académicas, organizaciones no gubernamentales y al público en general a una consulta pública para que se interioricen de los detalles del proyecto minero San Jorge, que planea explotar cobre y oro en Uspallata durante 17 años, las críticas persisten.

Ahora es La Coalición, encabezada por Luis Leiva y Roberto Vélez, la que dijo que la convocatoria a una consulta pública que realiza el gobierno "es una maniobra distractiva" intentando "hacerle creer a la gente que esta consulta será vinculante, cuando en realidad no lo será".

Según Leiva y Vélez, referentes del partido de La Coalición, el gobernador intenta "distraer" a la ciudadanía haciéndole creer que la consulta será vinculante y que la opinión de los mendocinos será tenida en cuenta, cuando "el final está cantado" y no sería otro que el permiso para que la empresa canadiense explote los yacimientos de oro y cobre ubicados en Uspallata, Las Heras.

Ambos hombres han tomado el tema de San Jorge con una postura crítica, rechazando la explotación de esta mina, pero no por una cuestión puramente ambiental, sino por un tema legal mucho más profundo.

Es que Leiva y Vélez sostienen que la minería sustentable es posible y señalan que en otros lugares del mundo las empresas responsables de la explotación utilizan técnicas no contaminantes, que podrían llegar a aplicarse en la provincia.

Sin embargo, cuestionan que Mendoza necesita una legislación respecto a la minería que le sea más beneficiosa. Es decir, replantear los números establecidos en la ley nacional (a la cual adhiere Mendoza), por lo que la empresa sólo deberá dejar el 3% en conceptos de regalías, que, de acuerdo a los números que se manejan, a Mendoza le representaría unos 12 millones de pesos anuales.

Además, sostiene que la "maniobra distractiva" apunta a que pase desapercibido la supuesta violación que hace este proyecto de la ley de usos del suelo recientemente aprobada.

Es que Leiva y Vélez aseguran que la intención del gobierno de Jaque y del de Rubén Miranda, intendente de Las Heras, es poner en marcha la explotación del yacimiento antes de que la norma se instrumente, proceso que llevaría unos tres años.

En este marco de críticas, los referentes de la Coalición piden públicamente a los legisladores mendocinos que actúen como "caja de resonancia de la actividad" y tomen cartas en el asunto. Para ellos la medida más viable y urgente que deberían tomar es ponerle fin a la adhesión a la ley minera nacional para que la recaudación que pueda llegar a lograr la provincia por la explotación de San Jorge sea más abultada que "una sexta parte del presupuesto anual que maneja el Hospital Central".

Además, les solicitaron públicamente a los concejales de Las Heras que investiguen los "aprietes y amenazas" que recibieron cientos de vecinos de Uspallata que intentaron manifestarse en contra de la explotación de los recursos naturales no renovables.

"Miranda tiene la camiseta de la empresa puesta, el fue el vocero...", advirtió Vélez.

Además, sostuvo que "es un método bastante habitual en el gobierno de Miranda que lleguen avisos de deudas de tasas municipales y amenaza de quitas de tierras cuando algún sector se manifiesta por algo".

"El Concejo Deliberante tiene que investigar quiénes son los funcionarios directamente involucrados con este tipo de amenazas", exigió Vélez.

http://www.mdzol.com/mdz/nota/154296

¿Este negocio minero a quién beneficia?

El término desarrollo sustentable, sostenible o perdurable, según la declaración de Río se define como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”.

El ámbito del desarrollo sustentable puede dividirse en tres aspectos: ambiental, económico y social. Por consiguiente cuando se hace un informe de impacto ambiental no se debe descuidar o minimizar ninguno de estos ítems.

De allí la pregunta que me hago al leer el informe presentado por Minera San Jorge, de donde se desprenden una serie de fallas y omisiones alarmantes. Dice textualmente este informe: “Incremento de problemáticas sociales vinculadas a la salud y la seguridad: el potencial incremento del ingreso económico en las localidades vinculadas al Proyecto, así como la radicación y circulación de un número mayor de personas en áreas cercanas a él podrían ocasionar problemas sociales como prostitución, consumo de drogas y alcohol, delincuencia y aumento de enfermedades trasmitidas sexualmente” (Pág. 366) ¿Lo acepta Uspallata?

“La evidencia de una huella que hipotéticamente podría corresponder a la evidencia del camino incaico, es de suma importancia, no sólo para la arqueología local, ya que la red vial incaica trasciende lo que actualmente se entienden como límites políticos nacionales e internacionales. Se reitera que este camino incaico no coincide con la ubicación de ninguna de las instalaciones de mina, planta e infraestructuras del Proyecto San Jorge, excepto su cruce con el camino de acceso”• (Pág. 53)

“El explosivo utilizado es una combinación apropiada de ANFO, emulsión y detonadores. Se estima que la operación requerirá de unos 208 g de explosivos por cada tonelada de material de voladura, incluyendo mineral y escombro; esto implica para los niveles de producción previstos, los siguientes valores máximos, medios y mínimos de consumo anual: Máximo: 6.660 toneladas, Medio: 4.786 t y Mínimo: 2.912 t” (Pág. 301)

¿Estamos dispuestos los mendocinos a aceptar esta minería que para ser rentable necesita el gas oil a $ 0,50, que requiere subsidios especiales que ninguna otra industria posee?
¿Aceptamos que esto se haga en nuestra cordillera, aguas arriba de nuestras casas? ¿Acaso nuestros glaciares no tienen valor alguno para el futuro? ¡6.660.000 kilos de explosivos allí arriba, tan cerca del Aconcagua! ¿Es acaso esto sustentable?

Reza un cartel en la entrada al Departamento General de Irrigación: “AGUA ES FUTURO”, ese es el concepto de sustentabilidad que plantearon a finales de 1.800, quienes redactaron la Ley de Aguas, y no se equivocaron. No cometamos el error histórico de entregar el agua de nuestras montañas, que vale más que el oro, seguramente nuestros hijos y nietos lo agradecerán.
El proyecto dejará en la provincia insignificantes impuestos en relación a los montos que la explotación generará a favor de la empresa minera, gracias a la legislación minera de la época del menemismo, en donde el Estado nacional incluso termina pagando a la empresa, si exporta por puertos patagónicos.

Saquean nuestros recursos prácticamente gratis, dejando tras de sí su estela de contaminación, de uso del recurso hídrico escaso, del recurso eléctrico también escaso y de todo lo que la provincia tiene que aportar en caminos y obras de infraestructura para que saquen el cobre con el oro adosado y vaya a saber que otros minerales que procesarán en el extranjero, Una situación peor aún que la que teníamos en los tiempos coloniales, donde por lo menos procesaban “in situ” algunos de los minerales que los europeos se llevaban en lingotes.

Dejar que destrocen nuestra cordillera por unos pocos puestos de trabajo durante dieciséis años para poco más de un centenar de personas que es en definitiva el plantel que la empresa tendrá, nos parece poco, a más de resistir toda lógica.

Antes de autorizar cualquier otro mega emprendimiento minero hay que modificar la ley de minería o más precisamente de saqueo con que contamos, generar una propia legislación provincial que contemple mejor la cuestión ambiental, social y los factores económicos como lo es la obligación de instalar las industrias de procesamiento en nuestro suelo y exportar el producto terminado y no que salgan sin control materiales en bruto, que llevan diversos minerales adosados, muchas veces con metales preciosos o las llamadas tierras raras usadas en desarrollos tecnológicos de última generación, entre otros.

Resulta evidente y es sumamente penoso constatar que este gobierno provincial, sin rumbo, sin credibilidad, sin ideas y con futuro incierto, percibe en este tipo de entrega la posibilidad de obtener poder económico en beneficio de unos pocos y en desmedro de los mendocinos.
Ante ello, solo nos queda reflejar la verdad y organizar desde la sociedad la resistencia a la entrega, como en otros tantos momentos de nuestra historia. Por ello la pregunta que preside este artículo: ¿Este negocio minero a quién beneficia? Evidentemente, no a los mendocinos.

Link permanente: http://www.mdzol.com/mdz/nota/153610

AMPAP -COMUNICADO DE PRENSA

ES UNA LUCHA DE TODOS. GRACIAS POR DIFUNDIR

FABIANA

TEL 0261-156234025

COMUNICADO DE PRENSA

AMPAP (Asambleas mendocinas por el Agua Pura) manifiesta su más enérgico rechazo ante las presiones ejercidas por las autoridades del gobierno escolar sobre el personal directivo de la escuela Nº 1 - 129 "combate de Potrerillos de Uspallata, para impedir que el salón de dicha escuela pudiera ser utilizado para la realización de un foro/debate sobre el proyecto minero San Jorge, el pasado sábado 15 de agosto, en el marco de la Consulta Pública por el trámite de Manifestación General de Impacto Ambiental del citado emprendimiento megaminero.

Dificultar las reuniones de esclarecimiento de los pobladores, y la comunidad mendocina en general, no beneficia a nadie: ni al perfil democrático que debería asumir el gobierno provincial ni al futuro de Uspallata.
El debate público que, a pesar de los obstáculos interpuestos, pudieron realizar los pobladores de la villa -que se manifiestó incluso con la presencia de altos directivos de la empresa megaminera- es una muestra de la preocupación y espíritu democrático de las organizaciones de vecinos autoconvocados, ante estos mega-proyectos privados y gubernamentales que ponen en riesgo el modo de vida uspallatense, turístico y agrícola, y el patrimonio histórico-cultural de Mendoza y Latinoamérica.

Mendoza 22 de agosto de 2009.-

VECINOS AUTOCONVOCADOS DE SAN CARLOS

miembro de ASAMBLEA MENDOCINA POR EL AGUA PURA (AMPAP)

miembro de UNION DE ASAMBLEA CIUDADANAS (UAC)

Mineria en jaque, Algo huele mal en Mendoza

Cuando uno consulta a la poderosa enciclopedia electrónica Wikipedia acerca de la persona de Celso Jaque, no se dice mucho: “político argentino. Se afilió al Peronismo en 1983. Está casado y tiene 2 hijas. El 28 de octubre de 2007 fue electo gobernador de la Provincia de Mendoza para el período que se extenderá entre el 10 de diciembre de 2007 y el 10 de diciembre de 2011.”
No hay más, sólo ese breve párrafo. Omite Wikipedia la vida política de Jaque, lo cual seguramente ayudaría a entender las expresas “simpatías” que este posee por ciertas empresas mineras. Veamos algunos ejemplos:
El Sr. Gobernador permitiría que se construya la línea de alta tensión para vincular la zona del Comahue con Cuyo, cosa que no significaría ninguna solución para el déficit energético que sufre la provincia, ya que el verdadero problema no es de transmisión de energía eléctrica, sino la generación.
Si los Jaque —y otros políticos que ya vivían del fisco en los años 90— no hubieran aceptado tan mansamente el desguace y la destrucción de Agua y Energía Eléctrica, hoy estarían en servicio el dique Los Blancos en el Río Tunuyán; el dique intermedio entre Agua del Toro y Los Reyunos, en el Río Diamante y alguna central más sobre el Río Mendoza, con lo cual no existirían los problemas de producción de energía.
Esta es la verdadera razón de falta de energía eléctrica, (no existe agua y energía eléctrica), de falta de nafta y gasoil (no existe YPF) y la falta de gas en el invierno (no existe Gas del Estado).
La construcción de la Línea del Comahue a Cuyo, que ha sido pensada sólo para llevar energía eléctrica a los yacimientos mineros de Veladero y Pascua-Lama en San Juan, no permitirá de ninguna manera paliar este déficit en la generación de energía.
La campaña publicitaria que llevó al Sr. Jaque a la Gobernación, fue pagada con aportes del gobernador de San Juan, José Luis Gioja, a quien se la facilitaron las grandes mineras de oro, que estaban ardidas con la decisión del ex gobernador Julio Cobos, quien dictó la Ley 7.722 que les prohíbe el uso de cianuro en toda la provincia.
Es sabido que esta sustancia, el cianuro, que tiene como antecedentes haber sido utilizado por Adolf Hitler para exterminar enemigos y, más recientemente, haber permitido la desaparición del represor Héctor Febres, y que contamina todo lo que toca, es “imprescindible” para obtener el oro y, si la Ley 7.722 les prohíbe usarlo, se acaba el negocio. Recordemos que el oro cotiza cerca de 900 dólares la onza y, según estudios de las propias mineras, cuesta menos de 140 dólares obtener cada onza de nuestros riquísimos cerros.
Por eso, los habitantes del Valle de Uco y Alvear, se oponen, por todos los medios a las acciones que solapadamente están llevando a cabo empresas mineras en las nacientes del Río Tunuyán, Atuel y Punta de Agua y en un futuro, Villavicencio.
Las grandes compañías mineras no sólo dejarán a los mendocinos sin nuestro oro, plata, etc., sino que también dejarán miles de kilogramos de cianuro en las altas cumbres de la cordillera, envenenando todo tipo de vida vegetal y animal y que poco a poco descenderán a los valles cultivados de la provincia, las napas subterráneas y los arroyos cordilleranos.
Un claro ejemplo de contaminación por haber usado tanta agua para extraer el oro es lo que le ocurrió a los habitantes de Valle Fértil, en San Juan, a quienes se les están secando las vertientes que les dieron vida durante milenios, gracias a las perforaciones que hizo la Barrick en Veladeros, a 4000 mts de altura y donde nacían las napas que irrigaron Valle Fértil desde siempre.

Pablo Dócimo

Legislatura y Oikos piden más información sobre San Jorge

Recomiendo más abajo la subnota "El presidente del proyecto era socio de un ministro". Corroborar en: http://companiadeabogados.com.ar/espanol/index.htm Más información al respecto: http://federico-soria.blogspot.com/2009/08/confesion-de-culpa-relevo-de-partes.html

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/8/20/economia-441470.asp

Legislatura y Oikos piden más información sobre San Jorge

Piden al Gobierno suspender el proceso de consulta pública, ya que los únicos datos disponibles sobre el proyecto son los aportados por la empresa. Retraso en la UTN.

jueves, 20 de agosto de 2009

La organización del tercer sector, Oikos Red Ambiental, solicitó ayer a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia ampliar la información sobre el proyecto de explotación de oro y cobre en Uspallata, ya que la única disponible hasta ahora es la aportada por la propia empresa minera San Jorge S.A.

En tanto, desde la Legislatura, senadores de la oposición salieron también a pedir más información sobre el proyecto, mientras que el Gobierno y la minera intentaron aplacar los ánimos afirmando que están trabajando en eso y siempre cumpliendo con la ley.

El pedido de Oikos apunta a interrumpir la consulta pública, ya que “hay preocupación e incertidumbre científica debido a que los informes hasta ahora aportados han sido emitidos por la empresa minera”, señaló Eduardo Sosa, presidente de la red, para quien esta situación “viola el derecho que garantiza el acceso a la información”.

En suma, la red ambientalista solicita a la Secretaría de Medio Ambiente que se suspenda la consulta pública hasta tanto se presente el dictamen técnico que elabora la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y se reinicie el proceso a partir de 60 días de dicha presentación.

Piden también que se indiquen las razones por las cuales aún no se ha librado a la consulta pública el dictamen técnico elaborado por la UTN ni se informa sobre la nómina de profesionales que elabora dicho dictamen.

Según Sosa, “la empresa cumple con la ley pero quedan interrogantes que documentar”.
Por su lado, la senadora provincial, Alejandra Naman (ARI) también elevó un pedido de informe en la búsqueda de profundizar el estudio de la documentación disponible.

En este sentido destacó su “ocupación sobre el uso del agua (por parte de la minera) y la determinación efectiva de cuántos litros cúbicos por segundo serán necesarios del Arroyo del Tigre para esta actividad”.

También ha remitido a la Secretaría de Medio Ambiente un pedido con los detalles de los informes sobre la gente del lugar, la posible afectación a los glaciares y la polución en el ecosistema.

El director de Saneamiento y Control Ambiental, Ricardo Debandi, dijo que “estamos en los términos legales. La consulta pública no se debería suspender, ya que se está cumpliendo con todas las etapas de leyes y decretos”.

En su opinión “no es bueno que se corte la consulta” y agregó que “la semana próxima la UTN daría el dictamen técnico”. El funcionario trató de explicar que están en un proceso de evaluación y análisis y que faltan los dictámenes de los diferentes sectores y organismos evaluadores, para concluir que la “consulta pública es la que garantiza este proceso”.

Desde la empresa San Jorge, Pablo Alonso, gerente de Medio Ambiente, sostuvo que la empresa ha presentado el informe de impacto ambiental y que se espera el dictamen técnico de la UTN el cual “está demorado porque se solicitó ampliación de la información y será entregado posiblemente a fines de agosto”.

Según el proceso regido por ley, se espera dicho dictamen para que, junto con los resultados de la consulta pública, se prosiga a la solicitud de los dictámenes sectoriales y las observaciones resultantes de todo ese proceso.

Alonso aclaró que “no se debe confundir la consulta pública, según dicta el decreto, con la audiencia pública, ya que en esta última se conocerá no sólo lo que la empresa propone hacer sino también lo que los órganos competentes entiendan como factible y las objeciones técnicas de la comunidad”. Gabriela Balls - gballs@losandes.com.ar

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/8/20/economia-441471.asp

El presidente del proyecto era socio de un ministro

El proyecto San Jorge es dirigido por el abogado Fabián Gregorio, quien proviene de estudio de abogados BRGPG, especializado en derecho minero y uno de los preferidos por las empresas a la hora de demandar al Estado por la ley que restringió el uso de sustancias tóxicas en la minería metalífera.

El presidente de San Jorge compartía ese estudio con Francisco Pérez, el actual ministro de Infraestructura del Gobierno. Pérez asegura que se retiró de la sociedad, aunque la inicial de su apellido sigue presente en el nombre del estudio. Ahora Pérez debe controlar a su ex socio, pues Celso Jaque pasó el manejo del área a la órbita del Ministerio de Infraestructura (antes dependía de Economía).

El mismo estudio está integrado por Raúl Rodríguez, amigo del ministro y uno de los especialistas más consultados en temas mineros en Mendoza. De hecho fue uno de los autores del decreto 820/06, que regula la actividad minera. Pablo Icardi

Potasio Río Colorado - Gas - Dictamen: Comunicado de Prensa

COMUNICADO DE PRENSA

Mendoza, 20 de agosto de 2009

Las entidades abajo firmantes comunican a la ciudadanía mendocina y argentina su preocupación por la autorización del proyecto minero Potasio Río Colorado, de la empresa brasileña Vale, según Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada por las autoridades provinciales el 14 de agosto.

En 2008, en cumplimiento del Decreto 820-06, la Secretaría de Medio Ambiente llamó al Consejo Provincial del Ambiente (órgano asesor del Poder Ejecutivo por ley provincial 5.961) a participar de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, invitación que la gestión anterior había omitido cursar. El 22 de diciembre de 2008, el Consejo Provincial del Ambiente emitió su Dictamen Sectorial, concluyendo que:

“El proyecto Potasio Río Colorado implicaría una rápida extracción de recursos de potasio no renovables, y una significativa contribución al agotamiento del gas argentino, para abastecer una demanda externa, sin considerar las necesidades internas a largo plazo, en condiciones que permitirían a Mendoza captar apenas una pequeña parte del valor generado.

Aún en su versión mejorada a partir de la propuesta [de relocalización], el depósito de sal constituiría un enorme pasivo de riesgo, virtualmente a perpetuidad. El análisis de otras alternativas viables para el residuo de sal no ha sido suficientemente profundo ni sometido a dictamen de las entidades de la CEIAM.

Por ello, el dictamen para este proyecto Potasio Río Colorado es negativo.”

El Consejo Provincial del Ambiente reconoce que, con la relocalización de la pila de sal residual (120 millones de toneladas), disminuyó el riesgo de contaminación del río Colorado, aunque sin eliminarlo, y la Declaración de Impacto Ambiental incluye algunas de las recomendaciones efectuadas por dicho Consejo.

Por otro lado, de concretarse el proyecto Potasio Río Colorado, requerirá 1 millón de metros cúbicos de gas por día, tanto como el consumo residencial + comercial + oficial de toda la provincia de Mendoza, o un tercio de las importaciones desde Bolivia. Las reservas probadas de gas en el país alcanzan para sólo 8 años. A corto y largo plazo la escasez e importación de gas, y con ella el costo de la energía para los argentinos, seguirán creciendo. La fuerte contribución de Potasio Río Colorado al agotamiento de nuestro gas acentuaría esa tendencia, perjudicial para los hogares argentinos, las actividades productivas y el desarrollo sustentable.

Si al gas sumamos la electricidad requerida, el consumo energético total de Potasio Río Colorado equivale a la generación de las 4 centrales Nihuiles más Los Reyunos, o al 83 % de Atucha I, o a la electricidad facturada en toda la provincia de Tucumán. Potasio Río Colorado emplearía a 386 personas en Mendoza, pero con la misma cantidad de energía que requeriría esa mina, la industria mendocina hoy da trabajo a 16.100 obreros. El gobierno no ha expresado por qué motivos desechó estas objeciones del Consejo Provincial del Ambiente.

Se han ensalzado los 40 millones de dólares anuales que este proyecto podría dejar al fisco mendocino. Pero ese monto representaría menos de 4% de los más de 1.000 millones de dólares por año que facturaría la mina.

Por todo ello, expresamos nuestro firme rechazo al proyecto, y exhortamos al Secretario de Energía de la Nación a no otorgar los permisos de gas y electricidad requeridos por Potasio Río Colorado.

Saludamos atentamente, y agradecemos su amplia difusión.

AGRUPACIÓN LOS HORNEROS – ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA – CENTRO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE MENDOZA – CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE – FEDERACIÓN AGRARIA GENERAL ALVEAR – FORO OPINIÓN CIUDADANA – FUNDACIÓN CULLUNCHE – FUNDACIÓN CARLOS PADÍN – MULTISECTORIAL GENERAL ALVEAR – OIKOS RED AMBIENTAL – ORGANIZACIONES SOCIALES AUTOCONVOCADAS – UNION DE TRABADORES RURALES SIN TIERRA

Adjuntamos: Dictamen Sectorial del Consejo Provincial del Ambiente – Informe Final Único de la CEIAM

Para mayor información contactar a:

- Marcelo Giraud (Representante titular del Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera): 0261-4441063 / 0261-(15)-5701032 - marcelogiraud@speedy.com.ar

- Eduardo Sosa (OIKOS Red Ambiental): 0261-4257050 / 0261-(15)-4183715 - info@oikosredambiental.org.ar

Potasio Río Colorado ya tiene aval ambiental

¿Haremos algo conducente a salvar nuestro gas, insumo crítico de todo el proyecto? ¿Y por contrarrestar la publicidad-vergüenza de esas migajas de 1% que la "generosa" Vale dejaría en Mendoza (o que el "estricto-progresista" gobierno de Jaque le impone), adicional a las regalías que en el mejor de los casos serían del 3%? (la provincia aún no tiene ley al respecto, pero adhirió a la ley nacional 24.196 que fija ese tope). Bienvenidas las propuestas.

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/8/15/economia-440582.asp

Potasio Río Colorado ya tiene aval ambiental

El proyecto ubicado en Malargüe ya puede empezar a construirse. La gran duda ahora es cómo conseguirá el gas que necesita.

sábado, 15 de agosto de 2009

Después de tres años, ayer se informó finalmente que el proyecto minero no metalífero Potasio Río Colorado (PRC) en Malargüe consiguió de parte del Gobierno de Mendoza, a través de la autoridad ambiental minera que ejerce la Dirección de Protección Ambiental y la Dirección de Minería, la declaración de impacto ambiental que autoriza las etapas de construcción y producción de la planta que se propone extraer sales de potasio, un poderoso fertilizante natural muy utilizado en la agricultura.

Con esta declaración, la empresa propietaria del proyecto, Vale do Rio Doce (se lo compró a Rio Tinto en enero) ya está en condiciones de iniciar la construcción de la mina que demandará, de arrancar ahora, unos tres años de trabajo. Salvo que resta un detalle no menor por solucionar: el suministro energético que demandará la planta.

Cuando entre en producción, PRC requerirá 1 millón m3 diarios (367,4 millones m3 al año) de gas, ya que el proceso de extracción de las sales consiste en la inyección de agua caliente (que se saca del Río Colorado) hacia el interior de los yacimientos para disolver las sales y luego extraerlas (ver gráfico).

En ese proceso (calentar grandes cantidades de agua) es que la mina quemará por día el equivalente a un tercio de todo el gas que Argentina importa de Bolivia también por día o una cantidad comparable con todo el consumo residencial, comercial y oficial diario de Mendoza (sin contar el industrial, GNC y central térmica), explicó Marcelo Giraud, ambientalista miembro de la comisión de impacto ambiental.

La cuestión energética en la actual coyuntura no es un dato menor, ya que para avanzar el proyecto todavía necesita un permiso de la Secretaría de Energía de la Nación y el gran interrogante es si el país tendrá gas suficiente como para abastecer a esta mina.

Por lo pronto se sabe que Vale deberá negociar esto en forma directa con los proveedoras a boca de pozo y que las otras fuentes de energía necesarias ya estarían garantizadas, ya que la línea Comahue - Cuyo serviría para abastecer de electricidad al proyecto.

Fin de una etapa

Fuera de la cuestión energética, que es un tema a tratar entre empresa y Nación, en el Gobierno provincial ayer por la tarde destacaban el haber puesto fin a una etapa que arrancó en 2006 y demandó un procedimiento de evaluación tramitado en un expediente de 32 cuerpos con más de 7.000 fojas en donde participaron distintas provincias, reparticiones del Estado, municipios, ONGs y universidades.

Como resultado surgió una resolución de declaración de impacto ambiental que consta de 111 artículos con instrucciones y obligaciones expresas que debe cumplir la mina Potasio Rio Colorado para comenzar con sus actividades .

Entre los condicionantes que deberá cumplir la empresa se destaca la obligación de formar un "Fondo de Desarrollo Socio-Ambiental" para el que deberá aportar U$S 12 millones en los tres años que demandará la construcción de la mina más el 1% de la facturación bruta total una vez terminada. Este dinero será aparte del 3% de regalías que por ley debe pagar el proyecto.

Con todo este dinero, se financiará la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura básica (escuelas, hospitales, viviendas, caminos, energía, riego) para el desarrollo social y económico de la región, explicó Alberto Gurruchaga, jefe de Gabinete de la Secretaría de Medio Ambiente.

La declaración también obliga a la empresa a que no menos del 75% de su personal total contratado sea de Mendoza.

En lo medio ambiental, para avanzar la empresa tuvo que modificar la ubicación del depósito de sal excedente (sodio) del proceso para llevarlo a un sitio a 18 km del Río Colorado. También se exige la implantación de forestales y la mejora del arbolado público; así como la instalación de fuentes de energías renovables para cubrir parte del consumo del emprendimiento.

Federico Manrique - fmanrique@losandes.com.ar

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/8/15/economia-440583.asp

Cambio de manos

El 31 de enero de esta año se conoció la noticia de que la empresa brasileña Vale do Rio Doce adquirió el yacimiento malargüino Potasio Río Colorado, propiedad de la minera anglo - autraliana Río Tinto, con el fin de abastecer el 70% de la demanda en el Mercosur de potasio (utilizado como fertilizante), anunció en su momento el titular de la compañía, Eduardo Ledsham.

La compra contempló además la adquisición de proyectos de desarrollo de una mina de hierro en Brasil y operaciones de logística fluvial en Paraguay, por un monto total de U$S 1.600 millones en manos de Río Tinto. Aquí en Mendoza, Vale absorbió gran parte del personal de la firma.

http://www.losandes.com.ar/notas/2009/8/15/economia-440612.asp

Claves del proyecto

Inversión. El proyecto demandará una inversión total de unos $ 11.200 millones, de los que cerca del 40% está destinado a infraestructura básica.

Empleo. Durante su etapa de construcción el proyecto creará unos 1.800 puestos de trabajo en forma directa más otros 4.500 aproximadamente en forma indirecta. Cifra que bajará a 800 directos y 6.000 indirectos en la etapa de producción, según cálculos de la empresa.

Vida útil. El yacimiento de sales de potasio de Malargüe tiene reservas como para mantener durante 40 años una producción anual máxima de 4,3 millones de toneladas de sales de potasio, un fertilizante para la agricultura

(Nota de Marcelo: esa cifra de 4,3 millones de toneladas es la que difunde la empresa, pero NO corresponde al proyecto evaluado. Ante la insistencia del Consejo Provincial del Ambiente en pedir explicaciones por este aumento publicitado de 80% en las magnitudes -ya gigantescas- del proyecto, a fines de 2008 la Secretaría de Medio Ambiente las solicitó a la empresa, la cual ratificó que el proyecto sometido a evaluación produciría un máximo de 2,4 millones de toneladas al año, y que cualquier proyecto de ampliación sería presentado posteriormente para su evaluación por el gobierno).