La UCR presiona a la Corte por la ley antiminera provincial

Senadores y diputados nacionales reclaman que los once planteos de inconstitucionalidad sean resueltos por un plenario del tribunal y no por una sola sala.



Pedro Lorente, titular de la Suprema Corte de Justicia.


El lunes pasado, los cinco legisladores nacionales que tiene la UCR mendocina se reunieron en el salón de audiencias de la Suprema Corte provincial con autoridades del Poder Judicial. ¿El motivo? Pedir oficialmente al máximo tribunal que resuelva en un plenario los 11 pedidos de inconstitucionalidad que pesan sobre la ley 7.722 que regula y restringe los métodos extractivos en la actividad minera (prohíbe, entre otras sustancias. el uso del cianuro en la megaminería a cielo abierto). El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, se comprometió a enviar el petitorio a la Sala II de la Suprema Corte, que debe expedirse sobre el caso.

Los radicales que asistieron al cuarto piso del Palacio Judicial son los senadores Ernesto Sanz y Laura Montero y los diputados Enrique Vaquié, Mariana Juri y Jorge Albarracín. La preocupación de la oposición mendocina, por el fallo que debe dar la Sala II, no es nueva.

Por eso hace un mes los cinco legisladores antes mencionados pidieron una audiencia al titular de la Suprema Corte; al de la sala en cuestión, Herman Salvini y al procurador general, Rodolfo González. Es que cualquiera de estos tres hombres puede resolver que sea el plenario de los siete jueces supremos los que decidan en el espinoso tema. El lunes sólo González y Llorente recibieron a los legisladores nacionales de la UCR. Salvini estuvo ausente.

Los radicales, que defienden la constitucionalidad de la ley que fue sancionada durante la gobernación de Julio Cobos, temen que sea sólo una sala de la Suprema Corte la que termine definiendo la cuestión de fondo y siente jurisprudencia para próximos pleitos planteados por los empresarios mineros.

Este temor estaría fundado en que los 11 planteos de inconstitucionalidad, formulados por diferentes empresas mineras, están todos acumulados en la Sala II (Penal y Laboral), ya que por su competencia específica, es la adecuada para resolver sobre este tema. Especialmente, si se estima que la Sala I atiende aspectos de Derecho Civil, Comercial y Administrativo.

Además de Salvini, la Sala II está conformada por Mario Adaro y Carlos Böhm. En rigor, la Corte no está obligada a que sea un plenario la que resuelva la constitucionalidad o no de la ley 7.722 ya que todos los expedientes los tiene una misma sala. Pero la doctrina del máximo tribunal prevé que cuando un tema tiene alta significación política, económica y social es menester que sean todos los jueces los que tomen posición. De hecho el año pasado, cuando Alejandro Pérez Hualde era el presidente del máximo tribunal, hizo público a sus colegas su intención de que el caso fuera resuelto a través de un plenario.

Durante los últimos años, ha crecido significativamente el número de asambleas de vecinos en contra de la megaminería. De hecho, hace casi una semana, la Asamblea Popular por el Agua, donde están incluidos ciudadanos del Gran Mendoza, pidió a través de una concentración que se declare la constitucionalidad de la 7.722. Lo mismo sucede en el Valle de Uco, donde además de los asambleístas, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso (PD), ha pedido públicamente el plenario de la Suprema Corte y que la ley quede firme.

Consultado por este diario sobre la reunión del lunes, Llorente dijo a través de un vocero, que envió "el petitorio a la Sala II" para que tenga conocimiento del mismo. Como publicó este diario el pasado 13 de julio, la propia Suprema Corte tiene diferentes posiciones sobre si debe ser o no un plenario el que deberá resolver el tema.

En la oposición creen que los jueces que llegaron al máximo tribunal de la mano del peronismo, básicamente Adaro (quien era ministro de Gobierno de Celso Jaque) impulsan la inconstitucionalidad de la norma sumándose al argumento planteado por las mineras que sostienen que no se respeta la igualdad ante la ley ya que las sustancias prohibidas por la ley 7.722 para la metal-minería no están restringidas en otras actividades, como la vitivinicultura.
http://www.losandes.com.ar/notas/2012/8/30/presiona-corte-antiminera-provincial-663895.asp

Ambientalistas marcharon en defensa de la ley antiminera

Organizaciones ambientalistas de Mendoza marcharon hacia el Palacio de Justicia para pedir que la Suprema Corte de Justicia se manifieste a favor de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto.

Unas 600 personas de diferentes agrupaciones de toda la provincia partieron desde el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera, pasaron por la Legislatura hasta que finalmente llegaron a los Tribunales.

Hay que recordar que empresas mineras recurrieron a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la ley "antiminera". Una decena de causas son analizadas por la Sala II de la Suprema Corte, integrada por Herman Salvini, Carlos Böhm y Mario Adaro.

Sin embargo, los ambientalistas pretenden que la decisión final sobre la polémica norma la tome el plenario de la Corte, es decir, todos los jueces máximos de la provincia.

A mediados de este mes, miembros de varias organizaciones entregaron en Tribunales una carpeta con las firmas de 36 mil personas que acompañan el reclamo para que la ley 7722 siga vigente.

http://elsolonline.com/noticias/view/145278/ambientalistas-marcharon-en-defensa-de-la-ley-antiminera

Juicios por la ley 7722: ya presentaron los alegatos y podría definir el plenario de la Corte

Las causas en la que se debate la constitucionalidad de la ley 7722 entraron en la recta final. En una de ellas ya se presentaron los alegatos. Mientras, el Procurador de la Corte debe decidir si votará la Sala 2 o el plenario de la Suprema Corte. Cuáles son los argumentos y las implicancias de una decisión trascendente.



Las demandas iniciadas por las empresas mineras para declarar inconstitucional la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería, entraron en la recta final para que haya una definición. Esas causas, 11 en total, están a punto de entrar en etapa de resolver. Y mientras tanto, se oficializó un pedido par que sea el plenario de la Corte quien decida sobre el futuro de la ley y no los tres jueces de la Sala 2.
Una de las empresas ya presentó su alegato final. Y esta semana hará lo propio la defensa, es decir el Estado, que tiene el rol de defender la legalidad de la norma. Así, se espera que antes de fin de año haya sentencia.
La causa más avanzada es la que inició la minera AgAuCu, que ya presentó sus argumentos finales. En realidad la resolución de las causas seguirán en cascada, pues son prácticamente idénticas.
Una vez que la Corte disponga que el expediente está en la etapa de resolver, tiene un plazo de 60 días para emitir un fallo. Antes tienen que determinar si mantendrán la decisión en el ámbito de la Sala 2 o si se amplía al plenario de la Corte, es decir que voten todos los miembros del tribunal.
Los demandantes
La causa más avanzada es la que inició la empresa AgAuCu. El nombre de fantasía de la firma se refiere a la “plata, oro y cobre”, los tres minerales más preciados. Se trata de una empresa que no hace minería, es decir que no produce minerales sino que se dedica a adquirir propiedades mineras y comercializarlas luego.
Por eso tiene una larga lista de propiedades en toda la provincia, como en Tupungato, con minas como “Nueva Fortuna”, donde quieren buscar cobre o el proyecto “Barroso”, en San Rafael, “Nueva Frontera”, en San Carlos y Tango, en Malargüe, entre otros. Según explica, se dedican a “la selección, evaluación, adquisición, promoción y comercialización de prospectos mineros”. El tutular de esa empresa es Raúl Ernesto Concina quien también aparece como demandante contra la ley 7722 en una de las 11 causas.
Los argumentos
Las demandas son 11, pero son idénticas. En general, los argumentos hacen pie en la supuesta violación a derechos constitucionales. Entre otras cosas aseguran que se rompió el principio de igualdad, porque la ley 7722 prohíbe el uso de determinadas sustancias sólo para la minería y no para otras actividades. Pero también se meten con los legisladores que sancionaron la norma, asegurando que actuaron con intenciones “confusas” y sin respaldo científico y técnico.
A último momento agregaron el caso San Jorge como parte de la causa para intentar mostrar cómo un proyecto que tenía aval ambiental (aunque con una larga lista de condicionamientos) fue rechazado políticamente por la Legislatura. Justamente ese es uno de los temas políticos que buscan derribar de la ley: la necesidad de la ratificación legislativa de los proyectos.
El alegato de la defensa de la ley, es decir del Estado mendocino, será presentado esta semana. En principio los abogados oficiales aseguran que la ley 7722 “no vulnera el orden constitucional” ni el principio de igualdad.
Pero además, las presentaciones de la defensa también trajeron a debate discusiones ambientales respecto a los impactos de la minería y también se metieron con temas legales. En ese sentido buscan derribar el argumento de “desigualdad” al que apelan los demandantes. Así, aseguran que la minería no es una actividad equiparable a otras debido a los impactos que tiene. Pero también se meten en temas legales al asegurar que la minería tampoco es igual que otras actividades en cuanto a los beneficios impositivos que tiene.
Los abogados oficiales sostienen la defensa de la ley, tal como es su rol, desde que se presentaron las demandas en 2007. Y lo hacen a pesar de que en el Gobierno la 7722 no es una norma bien vista: la respetan, pero no la comparten.
Quiénes definen
La sala 2 de la Corte tiene la causa. Está integrada por Mario Adaro, Carlos Böhm y Herman Salvini. Pero aumenta la presión para que el tema, debido a su trascendencia, sea votado por la Suprema Corte en pleno. Ya hay al menos una presentación en los expedientes para que eso ocurra. La OSC Oikos hizo ese pedido al procurador de la Corte, Rodolfo González y al presidente del cuerpo. Pero los defensores oficiales irían en el mismo sentido.
Los únicos que pueden tomar esa decisión son el Procurador y el presidente de la Sala actuante. Si toman ese camino, deberán votar todos los miembros de la Corte. Actualmente hay seis jueces en ese cuerpo, porque Fernando Romano dejó el cargo este mes.
La ley 7722 fue sancionada en 2007 bajo una fuerte presión. Primero había sido sancionada una norma aún más restrictiva, que el gobernador Julio Cobos vetó. La ley, que tiene plena vigencia actualmente, prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y pone como requisito para la aprobación de los emprendimientos mineros la ratificación legislativa; tanto para la exploración como para la explotación. El primer proyecto minero que fue sometido a esa norma fue San Jorge (por el cual se buscaba extraer cobre), pero la Legislatura le bajó el pulgar.
Los ministros de la Corte aseguran que aún no analizan en detalle la causa porque esperan que se agreguen todos los elementos. De igual manera se especula con varias alternativas: la ratificación plena de la ley, la declaración de inconstitucionalidad o la anulación parcial de la ley, es decir declarar inconstitucional sólo algunos artículos de la norma.
Fuente: MDZ
http://www.estrella-verde.com/2012/08/juicios-por-la-ley-7722-ya-presentaron.html

A UN AÑO DEL CORTE EN MENDOZA

Hola cumpas Uaquerxs!

Hoy se cumple el 1° Aniversario del corte en la entrada a Mendoza, que se realizó para exigir a los legisladores el tratamiento y rechazo inmediato a San Jorge.

Acción política y social que generó junto a la advertencias de todo Valle de Uco y el Sur de volver a las rutas, un peso muy grande y miedo a perder las elecciones 

por ambos lados (UCR y PJ)... Por ello, se trató a la semana siguiente y se rechazó por unanimidad!

FELICITACIONES A TODXS LXS MENDOCINXS QUE ESTUVIERON APOYANDO LA LUCHA EN ESA EPOCA!

MENDOZA NO QUIERE MEGAMINERÍA!

Saludos

Fede Bloda

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en lucha permanente contra la megaminería

Agencia de Noticias Biodiversidadla

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Agencia_de_Noticias_Biodiversidadla/Asambleas_Mendocinas_por_el_Agua_Pura_en_lucha_permanente_contra_la_megamineria
16-8-2012

"Uspallata está muy movilizada y San Jorge está desaparecido, muerto. No vamos a permitir de ninguna forma que esta ley se caiga. A nosotros en la capital nos va a tocar la tarea más dura: exigirles a los jueces que respeten verdaderamente la voluntad del pueblo y salir a cortar las rutas para evitar que San Jorge traiga toda su maquinaria y comience la explotación. Uspallata es un pueblo muy pequeño y movilizado."

San Jorge, primer aniversario del traspié



El 7 de agosto, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMpAP) fijan para el día 24 (18:00) la fecha de una movilización hacia la capital de la provincia cordillerana; ésta incluye la marcha hacia el Parlamento y la concentración de grupos ambientalistas frente al Palacio de Justicia para conmemorar el primer aniversario de la caída del proyecto cuprífero San Jorge en la cámara de representantes y en defensa de la Ley 7722, promulgada el 22 de junio de 2007 y que prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en los procesos mineros metalíferos.

Entrevista con Federico Blonda (20), miembro de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza.*

P: La operadora de San Jorge, Coro Mining Corp., informó que como en su versión actualizada de proyecto (véase Coro anuncia la revisión de San Jorge) el procesamiento del mineral no tendrá lugar en Uspallata, sino en una planta ubicada a 22 km, en la provincia de San Juan, no podría acusarse a la empresa de romper el primer artículo de la 7722, ya que ninguna de las sustancias químicas prohibidas se emplearían en Mendoza. ¿Sospechan que en San Juan Coro también tropezará con una inesperada resistencia por parte de la población?



R: La lucha en San Juan está siendo corrompida por el Gobierno. Va a costar demasiado que la capital o los sectores del Gran San Juan se movilicen, pero, sin duda, creemos que podemos contar con el apoyo de los pueblos aledaños a estos proyectos. Vamos a tratar de informarlos, sobre todo de lo que es la gran minería y de lo que les va a tocar: prácticamente los estarían usando de basurero.

P: Su director ejecutivo aclaró que San Jorge se localiza aproximadamente a 2600 m s. n. m. y no en los altos Andes; en consecuencia, tampoco sería alcanzado por la legislación diseñada para proteger los glaciares del país.



R: En realidad, no se ha expuesto todavía el proyecto actual. Evidentemente, quieren evitar por todos los medios posibles la plena vigencia de la 7722, y por eso se van a San Juan. Más allá de que no se estén afectando directamente los glaciares, se afectan las cuencas subterráneas. Si bien no está hecho el estudio de glaciares en la provincia de San Juan, y en la provincia de Mendoza aún no se termina, la afectación siempre se da: aunque no sea en los glaciares, será en la flora o la fauna, e inclusive en la población cercana de Uspallata. Por más pretextos que vayan a poner, se pueden generar otros impactos, y ellos ocultan esa parte.

P: Dentro de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) —una entente a la que se adhirieron las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz— solo dos de sus miembros aún conservan normas que restringen o prohíben la actividad extractiva: Mendoza y Chubut. El Gobierno de esta última impulsa un proyecto de regulación de la actividad con el fin de asegurar el aprovechamiento de los recursos mineros teniendo en cuenta su uso racional y la justa captación de la renta que genera.



R: En Mendoza, por todos los medios, están tratando de bajar la Ley 7722: hay once pedidos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Con respecto a Chubut, evidentemente a la ley no la van a poder bajar, porque la gente está muy concientizada y movilizada. Están tratando de implementar un modelo saqueador en una sociedad muy informada. La población de Chubut no lo va a permitir porque está muy firme en lo que piensa. Sin duda, van a tratar de explotar cerros y montañas enteras. Por más que quieran seguir el modelo nacional, Mendoza y Chubut son dos provincias que están informadas, y eso es lo que no va a permitir que el avance extractivo se generalice en las dos provincias.

P: Coro, a su vez, espera para la segunda mitad del año el fallo de la Corte mendocina sobre la constitucionalidad de la Ley 7722, que sometió a San Jorge a la aprobación del parlamento. ¿Imaginan cuál es la suerte que le espera a la ley en el curso de los días siguientes?



R: Creemos que los jueces tienen mucho miedo de que se conozcan sus caras... Ellos son elegidos por el poder político, y no por la gente. Está peleado: los tres jueces que tienen en sus manos los pedidos de inconstitucionalidad obedecen al modelo nacional que plantea el Gobierno. Por eso exigimos que sea toda la Corte la que se expida. Tenemos miedo... Uno de los jueces está muy asociado a lo que son las explotaciones mineras, y nosotros tratamos de que él se ponga a un costado de todo esto. Está bueno que la gente se informe acerca de los intereses económicos y políticos que tienen sobre la ley.

P: Entre tanto, el 6 de agosto, el Gobierno mendocino comunicó que en Potasio Río Colorado (PRC) —cuya futura producción se estima en 4,3 millones de toneladas de sal de potasio por año— se encuentran trabajando unos 3500 mendocinos y que el dinero ya invertido por Vale en la provincia supera los 1100 millones de dólares.

R: Tenemos dudas respecto a la cantidad de gente que trabaja. La prensa dice un número, el Gobierno, otro... Van cambiando a diario la cantidad: suben a 5000, bajan a 3000, y ahí se nota la gran mentira. Tal vez en la construcción sí esté trabajando esa cantidad de gente, pero luego no se sostendrá ese número. ¿Para qué se está invirtiendo?, ¿habrán hecho una ampliación sin ser aprobada? El Gobierno nacional ha obviado a la provincia de La Pampa, que también se verá impactada. Nos estamos uniendo en cinco provincias afectadas para darle pelea a este proyecto trasnacional que ya comenzó a construirse.

P: Sobre el proyecto emplazado en el extremo meridional de Mendoza, el 19 de julio la Presidenta se dirigió con estas palabras: “Es hoy creo el emprendimiento minero más grande del mundo en materia de potasio, uno de los tres nutrientes fundamentales para la agricultura, o sea, para la comida. Y como muchísima gente ha adquirido la sana costumbre de comer todos los días, gracias a la incorporación de millones que estaban excluidos, se convierte prácticamente en un proyecto estratégico”.



R: Cuando algo es estratégico, el país se pone a sus pies. Este recurso es estratégico para seguir talando el Amazonas, para implementar la soja. Estos nutrientes no se necesitan en Argentina, sino en otros países que no tienen suelos fértiles. Está jugando con la necesidad de todos; es un discurso para confundir a la gente. Potasio Río Colorado es un proyecto al que nos oponemos por su gran magnitud, por toda la contaminación que va a generar y porque demuestra el extractivismo en América Latina. Comida para hoy, hambre para mañana.

P: Anunciaron que no permitirán que la Ley 7722 sea modificada o declarada inconstitucional. ¿Es Uspallata —localidad ubicada 45 km al sur de donde se ubica la cantera de la que Coro extraería en teoría 25.000 t anuales de cobre— el último bastión para obstaculizar con éxito la expansión de la minería en Mendoza? La pérdida de la norma dejaría el camino expedito a muchos otros emprendimientos en la provincia...



R: Uspallata está muy movilizada y San Jorge está desaparecido, muerto. No vamos permitir de ninguna forma que esta ley se caiga. Vamos a tomar medidas extremas nunca antes adoptadas... La idea es movilizar todo el sur y centro de Mendoza. A nosotros en la capital nos va a tocar la tarea más dura: exigirles a los jueces que respeten verdaderamente la voluntad del pueblo y salir a cortar las rutas para evitar que San Jorge traiga toda su maquinaria y comience la explotación. Uspallata es un pueblo muy pequeño y movilizado, pero no creo que sea un bastión, toda la provincia lo es. Las asambleas sostenemos un mismo discurso, no chocamos y tenemos una lucha que busca lo mismo.

* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

Juntaron 35 mil firmas para defender la Ley contra la minería contaminante

Las presentaron en el Poder Judicial. La acción forma parte de las medidas que se tomarán para que la norma 7722 siga vigente y que los jueces de la Suprema Corte ratifiquen su constitucionalidad.

Representantes de la Asamblea Popular por el Agua Pura de toda la provincia junto con miembros de la coordinadora Por el Agua y los Bienes Comunes entregaron hoy 35 mil firmas ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para solicitar que la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la minería a cielo abierto, siga vigente y que los jueces ratifiquen la constitucionalidad de la norma frente al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales para que sea considerada ilegal. 

Se trata de 10 causas que están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el futuro de la ley antiminera debería tomarla el plenario, o sea todos, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores ambientalistas. 

Frente a este escenario y como parte de las medidas que llevan adelante los ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para entregar por mesa de entrada una carpeta con miles de firmas certificadas por escribanos públicos que se juntaron durante julio. 

“Se trata de la primera entrega. Una vez creado el expediente iremos sumando el resto de las firmas recolectadas en todos los departamentos. Lo mismo haremos en Casa de Gobierno y en la Legislatura. Es una forma más que tiene el pueblo de solicitar que en Mendoza siga vigente la ley 7722 y que no se permita la instalación del modelo megaminero nacional”, sostuvo Federico Blonda, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura del Gran Mendoza. 

A su vez, Milka Vargas, titular de la Coordinadora indicó que: “Estamos pidiendo que se mantenga la constitucionalidad de la ley 7722, que protege los recursos hídricos en la provincia, frente a los once pedidos de inconstitucionalidad que hay por parte de las mineras y de algunos organismos del Gobierno. Pedimos que no se modifique porque está protegiendo el agua y prohibiendo el cianuro, el ácido sulfúrico, que son algunas de las sustancias que usan las empresas para hacer sus trabajos y contaminar”. 

Mientras tanto el sector prepara una nueva marcha para el 24 de agosto a las 18, que arrancará en el nudo vial de Vicente Zapata y Costanera. “Vamos a seguir recolectando firmas y a adherir también las firmas de los menores de 18 años, ya que puede ejercer su derecho ciudadano, de las escuelas, instituciones y hospitales. Buscamos que se declare la plena vigencia de la ley que no sea defendida sólo por tres jueces –que tienen intereses políticos y económicos- sino por toda la Suprema Corte”, aclaró Blonda.

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/8/14/juntaron-firmas-para-defender-contra-mineria-contaminante-660855.asp

Notas por expediente VALE, Potasio Río Colorado

Compartimos con ustedes la nueva nota presentada en la Sec. de Minería y la Dirección de Protección Ambiental para pedir la información correspondiente al expediente de la explotación Potasio Río Colorado, en manos de la Minera VALE.

También contamos que ya no somos bien recibido en dichos lugares, anteriormente se nos intentó no dejar pasar en la Sec. de Minería, y hoy, el Ingeniero Garcia del área Control Minero (en la Dirección de Protección Ambiental) agredió verbalmente a un compañero, ridiculizándolo y no brindo respuesta a la nota expuesta con respecto a San Jorge.

Ya quedo asentado la incompetencia de este funcionario para la atención al público en el Acta de quejas.

(Entre nos cuento que me mando a la mierda, me dijo que eramos ciudadanos cuando nos convenía y me considero de NO capacitado, o sea, que no se nada sobre los procesos de la minería)... 5 segundos más y me transformaba... se agradece a su compañero de trabajo que me saco de la oficina para explicarme afuera, los pasos a seguir.

MENDOZA YA DECIDIÓ. MEGAMINERÍA NO!

FUNCIONARIOS CORRUPTOS, FUERA DE SUS CARGOS.